Durante la noche de este miércoles trascendieron desde el Senado de la República tres posibles negociaciones que darían un plazo y un esquema escalonado para la sustitución de actuales juzgadores, principalmente, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La principal intención es que no salgan todas y todos los ministros de un solo plumazo, sino que al menos cuatro integrantes de la Corte asuman labores de transición manteniendo sus cargos.
Una de las versiones vincula al ex ministro Arturo Zaldívar en la negociación para que los mismos cuatro integrantes que permanecerán, entre ellos la ministra Loretta Ortiz y la ministra Lenia Batres, desconozcan a la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte y se le retire tal encargo, con el argumento principal de su parcialidad y cercanía con la oposición, particularmente por una reunión convocada para encontrarse con Alito Moreno, presidente nacional del PRI, durante el periodo electoral pasado, acusando que su actitud confrontativa ha abandonado la expectativa de institucionalidad afectando y colocando en riesgo a todo el Poder Judicial de la Federación.
La tercera de las posibles negociaciones consistiría en que sea el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien presida la Corte y que en el proceso de adaptación de la reforma judicial que sí o sí se aprueba en septiembre, sean sometidos a votación los otros 7 ministros, castigando al menos a dos de los propuestos por López Obrador: Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En noviembre de 2023, mientras se barajeaban las propuestas sobre quién sería la quinta propuesta del presidente López Obrador para ocupar una silla en la Corte que finalmente fue otorgada por designación directa para la ministra Lenia Batres, el presidente declaró esto respecto a los dos ministros cuya independencia le resultó ofensiva:
“Fue votar en contra de los libros de texto, de las empresas públicas, que son empresas del pueblo, bueno me acuerdo que solo en una ocasión, porque me interesaba muchísimo hablé con dos los que cambiaron de opinión y de parecer, porque me interesaba mucho sobre el destino de la Guardia Nacional, que nos ha costado mucho levantarla”, así lo dijo durante la conferencia matutina del 8 de noviembre.
Las y los cuatro ministros encargados de la transición serían Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en la presidencia, así como las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes asumirían desde el primer momento la desaparición de la estructura especializada por salas en la que actualmente, dos salas se dividen las materias deliberativas en materia civil y penal, la primera y en administrativo y laboral, la segunda. Así, cuatro ministras y el ministro integrarían el pleno, según los transitorios que podrían adaptarse a estos acuerdos, a partir de septiembre con la aprobación de la reforma y hasta la jornada electoral-judicial de junio en 2025, para tomar posesión del cargo el 1 de septiembre de 2025 junto al primer bloque de juzgadores y magistrados que también serán electos. En estos meses clave, serían aprobadas, además, las reformas con mayor probabilidad de ser cuestionadas mediante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad como la que adscribe completamente la Guardia Nacional a la Sedena, la reforma política que elimina plurinominales y limita el financiamiento público a partidos políticos, pensiones y las restantes del paquete conformado por 20 iniciativas prioritarias para el obradorismo anunciadas el pasado 5 de febrero.
Es decir, que convencer a 4 ministras que a criterio presidencial si tienen lealtad a su proyecto resultará mucho más sencillo y certero que tomar el riesgo de someter reformas de tal calado a la consideración de 9 ministros, que serán el número final según la reforma judicial, que de 11 integrantes pasa a tan solo 9. La duración de los cargos de las ministras que se queden tampoco sería de 15 años, como es la regla vigente, sino de 12 años, adaptándose a las nuevas disposiciones de la reforma judicial y con disposición a perder ciertos derechos adquiridos.
A pesar de que la ministra Norma Piña ha intentado dar señales de diálogo y participación en los foros que comienzan este jueves en la Cámara de Diputados mediante un video, la única certeza es la incertidumbre inclusive para quienes han crecido a través de la carrera judicial, a sabiendas de que podrán participar para mantenerse.
La reforma judicial podrá establecer que la renovación total de juzgadores locales, así como del Poder Judicial de la Federación será escalonada por bloques determinados por circunscripción en 2033, 2036 y 2039 con 3 renovaciones en cada año. Sin embargo, la única persona que ha planteado estabilidad a trabajadores del Poder Judicial, excluyendo a juzgadores, es la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El reto para comunicar con eficiencia ya comenzó e irremediablemente, tan sólo las y los juzgadores que puedan lograr dos cosas: construir bases comunicativas efectivas con las herramientas digitales que no implican grandes inversiones como una campaña política o aquellos con vinculaciones políticas que les permitan recibir apoyo de liderazgos territoriales, serán aquellos que logren ocupar los nuevos y renovados espacios para juzgar.
Lo más peligroso de la mezquina actitud de castigo contra ministros autónomos, principalmente contra una ministra como la ministra Ríos Farjat que ha sido extraordinaria en su desempeño, innovadora en el acceso a la justicia y comprometida al extremo con las víctimas es que la tendencia para el nuevo Tribunal Disciplinario podría no tener nada que ver con el buen desempeño sino con la desobediencia. El fin del Estado de Derecho, la llegada del Estado de Sumisión. Inclusive, la nueva posible Colegiación Obligatoria para abogadas y abogados litigantes podría, relacionarse, en realidad, con permitir que litiguen representantes de personas comunes y corrientes en asuntos comunes y corrientes, limitando el acceso a la profesión de aquellos abogados incómodos que ganan litigios fiscales y administrativos, que promueven recursos de amparo en contra de proyectos trascendentales y básicamente, cualquier defensor de intereses contrarios al gobierno en turno.
POR CIERTO. – La justicia terapéutica es el “estudio del rol de la ley como agente terapéutico”. Se centra en el impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Si es que la abogacía merece un debate profundo sobre el papel que tendrá tanto el litigante como los conflictos, una solución muy viable será la apuesta a la mediación, arbitraje, divorcios colaborativos y herramientas que integren el ejercicio de psicoterapeutas con defensores para abandonar el sistema adversarial para la resolución de conflictos y abordar espacios en los que las partes logren proponer y llegar a sus propios acuerdos siempre que sea posible, pues lo que se advierte tras la reforma judicial es que si de por sí, la justicia es lenta, ahora los juzgadores preocupados por su elección, campaña y misión comunicativa podrían dejar en segundo plano su función principal.
Los mejores abogados no serán los que ofrezcan destruir al adversario sino los que sean capaces de construir soluciones sin necesidad de llegar ante un juzgado. Vale la pena profundizar en la justicia terapéutica y sacarnos de la cabeza, como ciudadanos, que todo conflicto se tiene que llevar a juicio porque tal como sucedió en Bolivia, la elección popular de juzgadores dejó más sinsabores que beneficios y peores niveles de impunidad. Una buena oportunidad para aportarle a centros privados de mediación especializados en las distintas materias.
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