Morena expulsó definitivamente a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, acusada de fingir su propio secuestro para ocultar 40 millones de pesos. Está vinculada a proceso, pero sigue en el cargo: su procedimiento está en suspensión condicional y la expulsión partidista no remueve un cargo de elección popular.
Hechos verificados
- Morena expulsó definitivamente a Nancy Nápoles Pacheco (expediente CNHJ-MEX-374/2026) y canceló su afiliación de forma permanente.
- El 31 de mayo de 2026 denunció que la secuestraron afuera de su casa y que le exigían 40 millones de pesos.
- La Fiscalía mexiquense sostiene que fue un montaje planeado desde febrero de 2026 por su esposo y su cuñado; hay tres presuntos cómplices detenidos en Oaxaca.
- Fue vinculada a proceso el 9 de julio de 2026 por secuestro simulado; su procedimiento está en suspensión condicional por 6 meses.
- Ella niega los hechos y afirma que el dinero del erario está intacto.
- Sigue como alcaldesa: la expulsión es partidista y no remueve un cargo de elección popular.
Expulsada del partido, sentada en la alcaldía
TENANCINGO, Edomex.— Hay decisiones que parecen definitivas y, sin embargo, no mueven lo esencial. Este 19 de noviembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolvió expulsar de manera definitiva a Nancy Nápoles Pacheco: la destituyó como consejera presidenta estatal del partido en el Estado de México y canceló su afiliación de manera permanente. Es la sanción partidista más severa que existe. Y, sin embargo, este viernes Nápoles Pacheco sigue siendo, a todos los efectos, la presidenta municipal de Tenancingo.
La paradoja se explica en dos pisos que conviene no confundir. En el piso partidista, Morena cerró un procedimiento interno de cinco meses y concluyó que la edil incurrió en faltas graves a sus estatutos. En el piso penal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que la alcaldesa simuló su propio secuestro, en mayo pasado, para justificar un presunto desfalco de 40 millones de pesos, y un juez la vinculó a proceso por ese delito. Pero ese mismo juez autorizó después la suspensión condicional del procedimiento por seis meses, de modo que el proceso quedó en pausa, ella lo lleva en libertad y continúa en funciones. Ni hay sentencia firme en su contra ni la expulsión de un partido puede, por sí sola, remover a una autoridad electa por voto popular.
El resultado es una escena que resume como pocas la política mexicana reciente: una alcaldesa expulsada de su propio partido, señalada por su fiscalía estatal de haber montado un secuestro falso, negándolo todo en entrevistas, y despachando cada mañana en la presidencia municipal mientras un colectivo de vecinos se planta frente al Congreso estatal para exigir su destitución.
El «secuestro» del 31 de mayo: la versión de la alcaldesa
Todo comenzó la noche del 31 de mayo de 2026. De acuerdo con la denuncia que la propia alcaldesa presentó al día siguiente, 1 de junio, al llegar a su domicilio en Tenancingo fue interceptada por un automóvil rojo, un Volkswagen Virtus, en el que viajaban dos hombres y una mujer. Según su declaración, la obligaron a bajar de su vehículo y a subir al auto de los presuntos captores, quienes la trasladaron hasta la comunidad de San Pedro Zictepec, en el vecino municipio de Tenango del Valle.
Siempre según su versión, los captores le entregaron un teléfono celular para que se comunicara con su familia y le exigieron 40 millones de pesos a cambio de su libertad. El detalle que con el tiempo se volvería central en el caso también salió de su propia declaración: los presuntos secuestradores le habrían dicho que, si no tenía esa cantidad, «la tomara de los recursos del ayuntamiento». Nápoles Pacheco afirmó además que logró escapar «por un descuido» de sus captores, que pidió ayuda y que así pudo volver a su casa para denunciar los hechos.
En los primeros días, la historia se contó como lo que parecía: el secuestro de una presidenta municipal en funciones, en un estado donde la inseguridad es la primera preocupación ciudadana. Una edil que había sido diputada local y que desde 2022 presidía el Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, el máximo órgano de dirección del partido en la entidad, decía haber estado en manos de un grupo que le puso precio a su vida: 40 millones de pesos. La conmoción fue inmediata. Y también lo fue, muy pronto, la duda.
Cómo se cayó la versión: la investigación de la Fiscalía
La FGJEM revisó las imágenes de videovigilancia del supuesto plagio y llegó a la conclusión contraria: no fue un secuestro, fue una simulación. Del análisis videográfico, según el Ministerio Público, no se advirtió acto alguno de violencia física contra la alcaldesa; por el contrario, las imágenes muestran que uno de los probables participantes incluso la auxilió para descender de su vehículo y trasladarse al automóvil rojo, sin forcejeos ni sometimiento. La Fiscalía sostiene además que la propia edil indicó a los supuestos captores la ruta a seguir para evitar las cámaras de videovigilancia.
La investigación reconstruyó una trama que, de acreditarse, se habría cocinado con meses de anticipación. De acuerdo con la FGJEM, el falso secuestro fue planeado desde febrero de 2026 por el esposo de la alcaldesa, José Roberto, y su cuñado, Óscar, contra quienes existen órdenes de aprehensión y quienes, según la cobertura del caso, permanecen prófugos. Para ejecutar el montaje habrían reclutado a tres personas: Karla Valeria, Víctor Manuel y Christian —hermanos y pareja entre ellos—, que fueron detenidos en Oaxaca. A Christian le habrían ofrecido 500 mil pesos por participar. Y uno de los detenidos declaró lo que la Fiscalía considera la clave de todo: el objetivo del montaje era justificar un presunto desfalco de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. Es decir, el rescate exigido y el faltante atribuido coinciden en la misma cifra.
Con esos elementos, la Fiscalía ejerció acción penal contra seis personas por el delito de simulación de secuestro. La alcaldesa quedó así en el centro de una acusación extraordinaria: no la de una víctima, sino la de presunta autora de su propio plagio, montado —según la autoridad ministerial— para que el dinero del «rescate» saliera del erario y tapara un hoyo en las cuentas del ayuntamiento.
Conviene decirlo con la claridad que el caso exige: todo esto es, hasta hoy, la versión de la Fiscalía. Son señalamientos en investigación, no hechos probados ante un tribunal. No existe una sentencia firme contra Nápoles Pacheco y ella ha negado las acusaciones de manera categórica, como se verá más adelante.
Vinculada a proceso… y en pausa: por qué sigue en funciones
El 9 de julio de 2026, un juez vinculó a proceso a Nancy Nápoles Pacheco por el delito de secuestro simulado. La vinculación a proceso es, en el sistema penal mexicano, la resolución que formaliza una investigación judicializada: significa que el juez encontró elementos suficientes para que el caso avance, no que haya declarado culpable a la persona. Es una etapa intermedia, y en este caso tuvo un desenlace inmediato que lo cambió todo: el propio juez autorizó la suspensión condicional del procedimiento por seis meses, bajo determinadas condiciones.
La suspensión condicional es una salida alterna prevista en la ley: el proceso se detiene durante un plazo y, si la persona cumple las condiciones impuestas, puede concluir sin llegar a juicio. No es una absolución —nadie la ha declarado inocente— y tampoco es una condena —nadie la ha declarado culpable—. Es una pausa jurídica. Pero sus efectos prácticos son enormes: al quedar el procedimiento suspendido, Nápoles Pacheco continuó en el cargo, lleva el asunto en libertad y gobierna Tenancingo mientras el reloj de esos seis meses corre.
Esa es la primera mitad de la respuesta a la pregunta que hoy se hacen los vecinos del municipio: ¿cómo puede seguir de alcaldesa alguien vinculado a proceso por fingir su secuestro? La otra mitad está en la naturaleza del cargo. La presidencia municipal es un puesto de elección popular; quien la ocupa no la pierde por una decisión de su partido ni por la sola apertura de un proceso penal, sino únicamente a través de los procedimientos que la ley establece para separar a una autoridad electa. Mientras ninguno de esos procedimientos concluya en su contra, la alcaldesa despacha, firma y gobierna.
«El dinero está intacto»: la versión de Nápoles Pacheco
Frente a la acusación, la alcaldesa ha sostenido una defensa frontal. En una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, en junio pasado, negó las acusaciones de la Fiscalía mexiquense y aseguró que se trata de una estrategia política para desacreditarla. Su frase más repetida es también la más contundente: «Hablan de 40 millones de pesos. Y yo lo digo bien claro: el dinero del erario público del municipio de Tenancingo, Estado de México, está intacto». Según su dicho, los recursos se encuentran en la Tesorería municipal y no fueron tocados.
Su postura coloca el caso en un terreno conocido: dos versiones irreconciliables sobre los mismos hechos. Para la Fiscalía, hay videos sin violencia, una ruta elegida para esquivar cámaras, cómplices detenidos y una declaración que apunta al desfalco. Para la alcaldesa, hay una persecución política y un erario completo. Ningún tribunal ha resuelto todavía quién tiene razón, y esa es, precisamente, la precisión que ninguna cobertura honesta de este caso puede omitir: se trata de una funcionaria vinculada a proceso, con presunción de inocencia vigente y una acusación gravísima aún por probarse.
Como dato de color que ilustra el clima en el municipio, la propia edil demandó a cuatro comunicadores locales del espacio «La Madeja Política de Tenancingo», a quienes atribuye violencia digital y ataques reiterados en redes sociales por la cobertura crítica de su gestión. El caso, así, también se pelea en el terreno de la conversación pública.
El proceso interno: cinco meses hasta la expulsión
En paralelo al expediente penal corrió el expediente partidista, y fue más rápido. Morena abrió el procedimiento interno el 19 de junio de 2026, por órdenes de su presidenta nacional, Ariadna Montiel. La CNHJ suspendió cautelarmente los derechos partidarios de Nápoles Pacheco y la separó de la presidencia del Consejo Estatal mientras se resolvía su situación.
El procedimiento tuvo un momento que pesó en la resolución final: el 25 de agosto, la alcaldesa no se presentó a la audiencia estatutaria a la que había sido citada para comparecer ante el órgano interno de su partido. Semanas después, el 9 de octubre, generó polémica una reunión que sostuvo con el presidente del Senado, Higinio Martínez, en las instalaciones de la Cámara Alta: la imagen de una edil suspendida por su partido y vinculada a proceso, recibida en el Senado, alimentó la controversia pública sobre su caso.
Finalmente, al resolver el expediente CNHJ-MEX-374/2026, las y los comisionados concluyeron que Nápoles Pacheco incurrió en faltas graves al artículo 53 de los estatutos de Morena, y este 19 de noviembre se dio a conocer la sanción: destitución de su cargo como consejera presidenta estatal en el Estado de México y cancelación permanente de su afiliación. Expulsión definitiva.
La sesión de la CNHJ no fue solo sobre Tenancingo. En la misma jornada, el órgano de justicia partidista expulsó también a la ex alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, y a la regidora de Ocozocoautla, Olivia Espinosa Mendoza, ambas de Chiapas y detenidas el pasado 22 de mayo, acusadas de abuso de autoridad y extorsión agravada; e inhabilitó para buscar cargos al regidor de Tulum, Eliazar Más Kinil, tras la polémica por videos y fotografías a bordo de un jet privado, con ropa de alta gama y viajes al extranjero. La lectura política fue inmediata: Morena exhibió una jornada de «limpieza» interna sobre varios frentes a la vez. Pero el caso de Tenancingo era, de lejos, el más grave de la lista.
Expulsada del partido, no de la alcaldía: la destitución que se pide al Congreso
Y aquí está el punto que más confunde a la opinión pública: la expulsión de Morena no destituye a Nancy Nápoles Pacheco de la presidencia municipal. Un partido puede quitarle a un militante su afiliación, sus cargos internos y su futuro dentro de la organización; lo que no puede es quitarle un cargo que le dieron los votantes en las urnas. La separación de una presidenta municipal exige un procedimiento legal independiente, ante las instancias que la Constitución y las leyes estatales prevén, y ese procedimiento no ha concluido —ni, que se sepa públicamente, ha arrancado— en el caso de Tenancingo.
Quienes sí se han movido son los ciudadanos. Integrantes del Colectivo Tenancingo se movilizaron frente a las instalaciones del Congreso del Estado de México para exigir la destitución de la alcaldesa, en protestas que se reactivaron con la noticia de la expulsión. Detrás de la exigencia hay un contexto que va más allá del escándalo del falso secuestro: las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Tenancingo, cuyos resultados alimentaron la inconformidad vecinal y las preguntas sobre el manejo de los recursos municipales —las mismas preguntas que la Fiscalía conectó con la cifra de los 40 millones—.
El escenario que queda es el de una alcaldesa con tres frentes abiertos y ningún desenlace cercano: un proceso penal en pausa que se reactivará o se cerrará según cumpla las condiciones de la suspensión; un partido que ya la borró de sus filas para siempre; y una ciudadanía movilizada que pide al Congreso lo que ni la Fiscalía ni Morena pueden hacer por su cuenta: quitarla del cargo. Mientras tanto, Tenancingo sigue teniendo la misma presidenta municipal que el 31 de mayo denunció un secuestro que, según la autoridad, nunca ocurrió.
La pregunta que flota sobre el municipio es la que cierra esta historia: ¿debe una alcaldesa vinculada a proceso por simular su propio secuestro seguir gobernando mientras su caso se resuelve en pausa? La ley, por ahora, responde que sí. Los vecinos que se plantan frente al Congreso responden que no. Y el expediente, como el de los 40 millones, sigue abierto.
Fuentes: El Imparcial; Milenio; La Jornada; El Financiero; La Razón; Radio Fórmula; TV Azteca; Infobae; El País; resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (expediente CNHJ-MEX-374/2026) e investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Preguntas frecuentes
¿Por qué expulsaron a la alcaldesa de Tenancingo de Morena?
Por faltas graves al artículo 53 de los estatutos, en el expediente CNHJ-MEX-374/2026: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la destituyó como consejera presidenta estatal y canceló su afiliación de forma permanente.
¿De qué se le acusa?
De simular su propio secuestro. Denunció el 31 de mayo de 2026 que la secuestraron y le exigían 40 millones; la Fiscalía mexiquense sostiene que fue un montaje planeado desde febrero por su esposo y su cuñado. Todo es presunto: no hay sentencia.
¿Por qué sigue siendo alcaldesa?
Porque la expulsión es una decisión partidista que no remueve un cargo de elección popular, y su proceso penal está en suspensión condicional por 6 meses, por lo que sigue en libertad y en el cargo.
¿Qué es la suspensión condicional del procedimiento?
Una pausa del proceso penal bajo condiciones, por 6 meses en este caso. No es absolución ni condena.
¿Qué dice la alcaldesa?
Niega los hechos y afirma que el dinero del erario está intacto.
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