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Patrulla de la Guardia Nacional escoltando un camión repartidor de Coca-Cola en el sur del Estado de México

Coca-Cola cierra su planta de Tejupilco: así somete el crimen a 14 municipios del sur del Edomex

Publicado el noviembre 20, 2026

Coca-Cola cerró su planta de Tejupilco tras la quema de un tráiler y la prohibición de vender su producto impuesta por células criminales que someten a 14 municipios del sur del Estado de México. Ni FEMSA ni las autoridades han aclarado si la suspensión es temporal o definitiva.

Hechos verificados

  • Células criminales someten a 14 municipios del sur del Estado de México, según Quadratín Estado de México (19 de noviembre de 2026).
  • En Tejupilco se prohibió vender Coca-Cola y la empresa cerró su planta; parte de la distribución continúa bajo escolta.
  • El 30 de octubre quemaron un camión de Coca-Cola en Taxco; la distribución se suspendió y se reanudó bajo resguardo.
  • El 18 de noviembre fue detenido el exalcalde de Tetipac, Vicente Jaimes Zagal, por presunta extorsión agravada contra Coca-Cola.
  • Ni FEMSA ni las autoridades han aclarado si la suspensión es temporal o definitiva.

La salida bajo resguardo

TEJUPILCO, Edomex.— Hay imágenes que resumen el estado de una región entera, y la de esta semana en Tejupilco es una de ellas: camiones de Coca-Cola avanzando por las calles del municipio con una patrulla de la Guardia Nacional pegada detrás, con elementos armados que se bajan en cada tienda, vigilan la descarga y vuelven a subir para seguir la ruta. No es un operativo contra un cargamento ilícito. Es el reparto de refrescos convertido en una operación custodiada, porque en el sur del Estado de México vender una Coca-Cola se volvió una actividad de riesgo.

De acuerdo con la cobertura de Quadratín Estado de México publicada este 19 de noviembre, la planta que la refresquera operaba en Tejupilco suspendió actividades desde inicios de noviembre, ante las constantes extorsiones de que era objeto. La suspensión dejó sin empleo a decenas de trabajadores, según las versiones locales recogidas por ese medio. Y la salida no fue discreta: personal de la empresa tuvo que retirar la mercancía y las unidades del municipio bajo resguardo de la Guardia Nacional, en un repliegue que los propios vecinos registraron en fotografías que hoy circulan por todo el país.

La escena marca un punto de quiebre. Cuando una de las empresas más grandes del mundo prefiere cerrar una planta y sacar su producto escoltada antes que seguir operando, el mensaje que recibe la región es devastador: ni siquiera el capital más poderoso puede trabajar en paz. Si eso le pasa a Coca-Cola, ¿qué le queda al dueño de la tiendita, al tortillero, al floricultor o al taxista?

Primero, la advertencia: el tráiler incendiado

El cierre no llegó de la nada. Estuvo precedido por un acto de intimidación directa que Quadratín documenta con fecha precisa: el pasado 6 de noviembre, presuntos integrantes del crimen organizado interceptaron e incendiaron un tráiler de la compañía sobre la carretera federal Toluca–Tejupilco, a la altura de la comunidad de Tenería. El ataque, según la misma cobertura, fue una advertencia para obligar a la empresa a ceder ante las exigencias del grupo delictivo.

La secuencia es la que los especialistas en extorsión conocen de memoria: primero la amenaza, después el golpe demostrativo, y al final la disyuntiva imposible entre pagar, resistir o irse. La empresa optó por lo tercero, al menos en su operación de planta. En las fotografías difundidas por la prensa local se aprecia la caja del tráiler siniestrado siendo retirada por una grúa sobre la carretera mojada: la advertencia quedó cumplida y fotografiada.

Conviene subrayarlo con todas sus letras: hasta ahora, los señalamientos sobre la autoría de estos hechos provienen de versiones locales y de la propia cobertura periodística, que habla de presuntos integrantes del crimen organizado. No hay, al cierre de esta nota, un comunicado de la empresa ni de alguna fiscalía que atribuya formalmente el incendio o las extorsiones a personas determinadas.

Repartir con escolta: el nuevo paisaje de Tejupilco

Mientras la planta permanece suspendida, la poca distribución que sobrevive en Tejupilco se realiza bajo custodia. Quadratín recogió el testimonio de Juan López Castro, habitante de la cabecera municipal, quien relató que desde el arranque de la semana se aprecia por lo menos una patrulla con cuatro elementos de la Guardia Nacional acompañando a los empleados del corporativo FEMSA en sus recorridos. «Llegan detrás del camión, se bajan y esperan a que los empleados descarguen su mercancía en las tiendas y, posteriormente, se retiran con ellos», describió el vecino.

El mismo testimonio detalla que los uniformados vigilan en todo momento a los empleados y que incluso bajan sus armas y se colocan en posición de escoltas para evitar cualquier intento de ataque contra los trabajadores o el camión repartidor. Y remata con la frase que retrata la dimensión real del problema: «Si esto pasa en la cabecera municipal, imagínate lo que sucede en las rancherías de Tejupilco». El vecino también contó que en otras partes ya están «levantando su mercancía», es decir, retirando hasta los enfriadores de las tiendas.

La consecuencia práctica ya se siente en las comunidades: según la misma cobertura, la Coca-Cola dejó de venderse en algunas localidades de la región, porque el corporativo FEMSA no quiere poner en riesgo a sus empleados. El refresco más vendido del planeta empieza a escasear en el sur mexiquense no por falta de demanda, sino por falta de garantías para repartirlo.

El esquema: 14 municipios bajo cuota

Lo de Tejupilco no es un hecho aislado, sino la pieza más visible de un sometimiento regional. Quadratín Estado de México documenta que células del crimen organizado vinculadas con dos presuntos líderes delictivos con operaciones en Michoacán, identificados como «El Pez» y «La Fresa», mantienen sometidos al comercio local y a las empresas nacionales en al menos 14 municipios del sur del Estado de México y del Valle de Toluca. La misión atribuida a esas células es apoderarse del suministro y la distribución de mercancías para controlar el libre mercado, imponer sobreprecios y exigir cuotas ilegales.

El esquema descrito por el medio incluye el secuestro de camiones de carga, el despojo de mercancía, la quema de unidades y el cierre forzado de centros de distribución. Según los testimonios de habitantes recogidos en la cobertura, los criminales amenazan con arrebatar el dinero y los productos, e incluso con incendiar vehículos y establecimientos comerciales, si los repartidores se niegan a pagar el llamado derecho de piso.

El alcance de las cuotas, según las denuncias de los propios pobladores difundidas por Quadratín, ya no distingue entre grandes distribuidoras y el patrimonio familiar. Una habitante de Villa Guerrero lo enumeró así en un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum: se paga por el pollo, la res, la carne de cerdo, el vidrio, el aluminio y los materiales de construcción; Transportes Flecha Roja canceló sus rutas por tanto cobro de piso; los camiones y vendedores de flores pagan cuota por cada carga que sale en tráiler; se paga el maíz para las tortillerías, se paga por metro cuadrado de tierra, por tener carros nuevos y hasta por tener familia en el norte. La frase con la que cerró su denuncia resume el sentimiento regional: un pueblo que se está quedando solo.

Hasta los bancos cerraron

La parálisis no se limita al comercio. Quadratín reporta que un episodio similar se repite en municipios como Luvianos, Amatepec, Tlatlaya y Villa Guerrero, y que en este último la crisis escaló al sector financiero: sucursales bancarias han cerrado definitivamente sus operaciones ante el clima de incertidumbre y violencia. En las fotografías de la cobertura se observa la lona que anuncia el «próximo cierre de sucursal» y remite a los clientes a atenderse en Tenancingo, a decenas de kilómetros de distancia.

A ello se suma el desplome de la floricultura, el principal motor económico de Villa Guerrero, y un hartazgo ciudadano que ya desbordó las redes sociales. «Ya no hay bancos, ya no hay seguridad, no hay dinero, no hay servicios de calidad… orillan a la gente a migrar a otros municipios y estados», lamentó un residente citado por el medio. El desplazamiento de familias enteras, empujado no por la falta de trabajo sino por la falta de garantías, se está convirtiendo en la estadística silenciosa del sur mexiquense.

Todo esto ocurre, subraya Quadratín, a un año de la llamada «Operación Liberación», el despliegue táctico coordinado entre autoridades federales y estatales para desmantelar las redes criminales que operan en los límites de Guerrero, Morelos y el sur mexiquense. Aquel operativo derivó en la detención de al menos ocho personas —entre empresarios, líderes sindicales, comerciantes, funcionarios locales y un presunto cabecilla—, pero, en palabras del propio medio, el Estado no ha logrado recuperar el control territorial.

Los presuntos cabecillas: «El Pez» y «La Fresa»

Los dos nombres que aparecen en el centro del señalamiento son los de los hermanos Hurtado Olascoaga, identificados por las coberturas periodísticas como presuntos líderes de La Familia Michoacana con operaciones en Michoacán y el sur del Estado de México, conocidos por los alias de «El Pez» y «La Fresa». Sobre ellos pesa además la atención de Washington: según el gráfico informativo de Excélsior difundido ampliamente en redes sociales estos días, Estados Unidos ofrece recompensas de cinco y tres millones de dólares por los dos hermanos, y su organización fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.

Es importante mantener la precisión: se trata de presuntos líderes, señalados por las autoridades y la prensa, y las recompensas y la designación corresponden a lo que el gráfico de Excélsior y las coberturas informativas les atribuyen. Ninguna de las notas consultadas reporta que hayan sido detenidos, y su presunta red es la que, según las versiones locales, estaría detrás del control de la distribución en la región.

Taxco ya lo vivió: el patrón se repite en Guerrero

Quien quiera entender lo que está pasando en Tejupilco solo tiene que mirar unas semanas atrás y unos kilómetros al sur, a Taxco de Alarcón, Guerrero. Ahí, el 30 de octubre, un camión repartidor de Coca-Cola fue interceptado por civiles armados e incendiado sobre la carretera federal Taxco–Cuernavaca. Los choferes, según fuentes locales citadas por El Sur de Acapulco y El Universal/El Gráfico, fueron amenazados de muerte para que no salieran a vender.

La distribución se suspendió a principios de noviembre, el producto empezó a escasear en las tiendas y, días después, se reanudó exactamente igual que hoy en Tejupilco: con patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal custodiando los camiones repartidores y el almacén de la empresa. El propio secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que existe una problemática particular en la región sur de su estado y confirmó un despliegue aproximado de 300 elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal desde Tejupilco hacia Tierra Caliente. El fenómeno, además, ya se registra también en Puente de Ixtla, Morelos, según la cobertura de Quadratín.

El golpe federal: cae un exalcalde por extorsionar a Coca-Cola

En medio de este escenario, las autoridades federales reportaron esta semana un golpe directamente relacionado con la extorsión a la refresquera. El 18 de noviembre fue detenido en Pilcaya, Guerrero, Vicente Jaimes Zagal, quien fuera presidente municipal de Tetipac entre 2018 y 2021, en un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, según informaron el Gabinete de Seguridad federal y medios como Infobae y el periódico Zócalo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el exalcalde es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra trabajadores de Coca-Cola, por hechos ocurridos el 27 de junio de 2026, cuando presuntamente los amenazó para exigir que la distribución de los productos en Tetipac se realizara exclusivamente a través de él, bajo la advertencia de causar daños a las unidades de reparto y a su personal. Las autoridades lo identifican además como presunto integrante de La Familia Michoacana, vinculado con el acaparamiento de mercancías y la imposición de precios en la región, y precisaron que la captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Como en todos los casos de esta nota, se trata de señalamientos oficiales contra una persona detenida que tendrá que responder ante un juez: es presunto responsable hasta que se demuestre lo contrario.

Lo que no está claro (y nadie ha querido aclarar)

En medio de las versiones locales, los testimonios y las fotografías, hay un silencio que pesa: hasta el cierre de esta nota, ni el corporativo FEMSA ni Coca-Cola han emitido un posicionamiento público que aclare si la suspensión de la planta de Tejupilco es temporal o definitiva, ni bajo qué condiciones podría retomarse la operación. Tampoco las autoridades han informado si existe una carpeta de investigación específica por el tráiler incendiado del 6 de noviembre o por las extorsiones denunciadas en la región.

Y hay otro matiz que no debe perderse: la distribución no desapareció por completo. Parte de ella continúa, pero bajo escolta armada, y el refresco dejó de llegar a algunas comunidades. Es decir, no estamos ante un retiro total y anunciado, sino ante algo quizá más grave: una operación comercial que solo puede funcionar bajo protección militar, en un territorio donde el Estado escolta camiones de refresco mientras los bancos cierran y las familias se van.

Quedan preguntas abiertas que las autoridades tendrán que responder: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un esquema en el que la Guardia Nacional reparte seguridad tienda por tienda? ¿Qué va a pasar con las decenas de trabajadores que se quedaron sin empleo en Tejupilco? ¿Y qué empresa será la siguiente en hacer las maletas si el control de la distribución sigue cambiando de manos por la vía de la amenaza?

Por lo pronto, la imagen que queda es la de un tráiler quemado en la carretera, una planta cerrada y una patrulla detrás de cada camión de refrescos. Primero quemaron su tráiler; después cerró la planta. La pregunta que se hacen en 14 municipios del sur del Estado de México es qué sigue.

¿Tú qué opinas? ¿Puede un país funcionar cuando hasta repartir refrescos necesita escolta militar? Cuéntanos en los comentarios.

Fuentes: Quadratín Estado de México («Someten células criminales a 14 municipios del Edomex» y «Prohíbe la maña vender Coca-Cola en Tejupilco», 19 de noviembre de 2026); El Sur de Acapulco; El Universal/El Gráfico; Infobae; periódico Zócalo; gráfico informativo de Excélsior difundido en redes; publicación inicial de Bonito_Michoacan.

Preguntas frecuentes

¿Por qué cerró Coca-Cola su planta de Tejupilco?

Por la presión de células criminales que prohibieron vender Coca-Cola en la zona, en un contexto de sometimiento de 14 municipios del sur del Edomex reportado por Quadratín.

¿La suspensión es definitiva?

No está aclarado. Ni FEMSA ni las autoridades han dicho si es temporal o definitiva, y parte de la distribución continúa bajo escolta.

¿Qué pasó en Taxco?

El 30 de octubre de 2026 quemaron un camión repartidor de Coca-Cola; la distribución se suspendió y después se reanudó bajo resguardo.

¿A quién detuvieron por extorsión contra Coca-Cola?

Al exalcalde de Tetipac, Vicente Jaimes Zagal, detenido el 18 de noviembre por presunta extorsión agravada contra la empresa. Es presunto: no hay sentencia.

¿Cuántos municipios están sometidos?

14 municipios del sur del Estado de México, de acuerdo con la cobertura de Quadratín Estado de México del 19 de noviembre de 2026.

Material relacionado

https://youtube.com/shorts/YewHdNFjsHc
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