“La justicia sobre la fuerza es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía.”
Blaise Pascal
México no es el único país que acumula tensiones con el Poder Judicial. Los debates sobre independencia o vinculación política, así como el uso faccioso para la persecución o beneficio de grupos de poder, la corrupción y la lejanía entre la concepción popular de justicia contra la rebuscada idea de juzgadores o abogados ha sido suficiente para que las Cortes, los juzgadores y magistrados de todo nivel y varios países sean cuestionados, como en tiempos recientes lo vive Perú, que tiene el mecanismo de elección popular de juzgadores de paz y cuenta con propuestas en discusión para elegir por voto popular a juzgadores y a fiscales o El Salvador, los magistrados son electos por la Asamblea Legislativa, un equivalente a nuestro congreso federal, por un periodo hasta de nueve años, sujetos a la reelección o destitución por la misma Asamblea con voto de la mayoría calificada.
Las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia son propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura; con un listado que contempla al menos a la mitad de propuestas de colegios o asociaciones de abogados del país. Costa Rica tiene un proceso similar en el que el poder legislativo propone y nombra a sus magistrados mientras que, en Bolivia, la reforma de justicia impulsada por el presidente Evo Morales estableció que los circuitos judiciales se integren por elección popular, sin posibilidad de reelección o nombramientos permanentes y desde 2011, por primera vez, se votaron a 28 juzgadores titulares y 28 suplentes de los cuatro tribunales nacionales de justicia. Los candidatos aspirantes únicamente pueden ser 116, previamente seleccionados por la Asamblea Plurinacional; similar a la propuesta obradorista, las campañas de proselitismo están prohibidas. Actualmente, los juzgadores son elegidos cada seis años.
Nuestro sistema se remonta a la inspiración presidencialista y federalista del modelo norteamericano de justicia combinado con la codificación francesa así como la influencia del derecho positivista que nos aleja del sistema de precedentes del “Common Law”, fusionando el mecanismo político para la designación de ministros mediante propuesta judicial y votación del Senado pero con una aplicación de la justicia que no se apega a los precedentes sino a las legislaciones vigentes, pero aquello es otra historia. El punto es que los poderes judiciales son los que conllevan la parte imposible de las naciones que es el brindar justicia; y es casi imposible porque lejos de las disputas constitucionales y políticas, los juicios siempre tratan de dos partes con intereses opuestos y narrativas legítimas según cada uno de ellos, que se contraponen en conflictos que pueden ser extremos en los que, por lo regular, quien pierde terminará despreciando al sistema y a su juzgador.
Basta con mirar lo que se vive en Estados Unidos ante la renovación de espacios en el Poder Judicial en plena polémica por las condenas múltiples en contra de Donald Trump:
El presidente Joe Biden nominó el miércoles a tres mujeres para integrar las Cortes de distrito, entre ellas una fiscal que contribuyó a encarcelar a un donante republicano apodado “el Jeffrey Epstein de Minnesota” por tráfico sexual y una jueza de un tribunal estatal de California. La Casa Blanca, en un comunicado, destacó que las tres nuevas nominadas para los tribunales de distrito en Minnesota, California y Pensilvania reflejan el compromiso de Biden de aumentar la diversidad, así como la tendencia de juzgadoras progresistas en el poder judicial federal. Entre las nominadas se encuentra Noël Wise, jueza del Tribunal Superior del Condado de Alameda, California, y exsocia de la firma legal Wise Gleicher, designada por Biden para servir como jueza de distrito federal con mandato vitalicio en el Distrito Norte de California.
Biden también nominó a las fiscales federales Laura Provinzino y Mary Kay Costello para servir como juezas federales en Minnesota y en el Distrito Este de Pensilvania, respectivamente. Hasta la fecha, Biden ha logrado la confirmación en el Senado de 201 de sus nominados judiciales, lo que genera esperanzas entre algunos demócratas de que el presidente demócrata pueda superar el total de 234 nombramientos a la banca federal que realizó el expresidente republicano Donald Trump en sus cuatro años de mandato.
Los demócratas, sin embargo, tienen una estrecha mayoría de 51-49 en el Senado, y la capacidad de Biden para confirmar más jueces se ha visto complicada por la decisión de 14 senadores republicanos de oponerse a futuros nominados judiciales tras la condena de Trump el 30 de mayo en un tribunal del estado de Nueva York relacionada con el pago de dinero para silenciar a una estrella porno. Provinzino, quien ha sido fiscal federal desde 2010, formó parte del equipo de acusación que consiguió la condena por tráfico sexual el año pasado de Anton “Tony” Lazzaro, un empresario y donante republicano sentenciado a 21 años de prisión por reclutar a adolescentes para tener relaciones sexuales con él. Provinzino también fue presidenta del Proyecto Infinity, un grupo que aboga por la equidad de género y el aumento de la diversidad en la banca judicial.
La nominación de estas tres mujeres pone de relieve un desafío crucial para Estados Unidos: el de retornar a cortes progresistas y cargadas hacia una tendencia de derechos, no de derechas pues el período de Trump dejó una marca profunda en la judicatura, con nombramientos que han formalizado retrocesos en precedentes básicos para los derechos de las mujeres y las minorías. La confirmación de jueces progresistas es esencial para contrarrestar estos retrocesos y avanzar hacia un sistema judicial que verdaderamente refleje la diversidad y los valores democráticos del país, pero a la vez, demuestra que las autonomías de las cortes siempre estarán cuestionadas, bajo este modelo, por la cercanía política con quienes proponen a sus titulares, así como la irremediable postura personal que puede ser más o menos conservadora.
El hecho es que además de la integración y selección de los juzgadores, pesa la manera en la que tendrán que impartir justicia y es innegable que, en nuestro país, ni el aparato de procuración es eficiente y mucho menos lo son las fiscalías. Las luchas por una u otra Corte y sistema judicial plural no son solo una batalla política, sino un imperativo moral para el futuro de cualquier nación que por ende, debe perfeccionarse cuando hay descontento y eso no debería asustar a nadie, aunque definitivamente, tendría que comprometer e involucrar a litigantes, víctimas y grupos diversos para lograr una reforma de alto calado que se aleje del modelo norteamericano sin convertirse en el modelo boliviano que ha traído una de las menores calificaciones en seguridad jurídica del mundo.
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