En unas horas, la versión más autoritaria y con menos contrapesos de Donald Trump tomará protesta por segunda ocasión como presidente de Estados Unidos de América. Esta vez, sin un Congreso que frene cualquier delirio, por costoso que sea y sin una Corte Suprema que piense distinto.
Monterrey o Tijuana son ahora los destinos predilectos para miles de migrantes que anticipan la imposibilidad de llegar a Norteamérica. El sueño americano ha mutado a un percudido sueño mexicano, pues aún sin que haya claridad sobre cómo y cuándo se realizarán las deportaciones prometidas, los migrantes han resultado gasolina pura para avivar la dinámica del reclutamiento forzado de sicarios para los cárteles del país.
El sueño mexicano es percudido y complejo. Aunque se trate de criminales, hasta para infringir la ley hay niveles. No es lo mismo ser un poderoso criminal que logró convertirse, de nuevo, en presidente aún tras ser condenado por el sistema judicial de su propio país que ser un delincuente en América Latina. Serán cuatro años de resistencia y también, de incertidumbre. La fragilidad de un sistema democrático que permitió encumbrarse a quien fuese capaz de asaltar el Capitolio en 2021 plantea un escenario en que todo puede suceder. Sin embargo, es necesario analizar la estrategia de contención más allá de cerrar filas en torno a la presidenta.
Hace un par de semanas, en la IBERO se discutía sobre el reclutamiento forzado. Ese fenómeno en que personas son retenidas y obligadas, so pena de muerte, a delinquir. Tipificar estos hechos es muy difícil, pues prácticamente habría que probar el vínculo o forma de coerción y no podría bastar que se alegue la presión para exculpar la responsabilidad por cualquier crimen.
En aquella universidad jesuita se planteó que un registro público de personas migrantes detenidas podría ser el primer paso para prevenir tortura, desaparición forzada y tratos inhumanos, además de permitir a las familias exigir al gobierno mexicano el respeto a derechos como la libertad de tránsito, la seguridad jurídica y el debido proceso. Lo afirmó Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para personas refugiadas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México.
En la vía de los hechos, tampoco hay claridad suficiente sobre cómo es que México afrontará la guerra arancelaria ni las deportaciones masivas, de haberlas. Pero los tiempos que se anticipan parecen sombríos y el sueño mexicano suena cada vez más, a pesadilla.
El contexto es una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena reformar la Ley de Migración para crear este registro. Según el especialista de la IBERO, hasta ahora, las personas migrantes carecen de cualquier protección legal en territorio nacional.
La realidad es que el Instituto Nacional de Migración sí lleva información de quienes llegan al país pues sin el registro y solicitud de un permiso temporal para transitar en el país, al menos a quienes llegan por la frontera sur, no les permiten salir de los famosos refugios que parecen cárceles. La base de datos no es pública.
El abogado Carrancá ha destacado que la inexistencia de este registro es resultado de una “omisión legislativa” que se arrastra desde 2019. Fue hasta que la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, junto con el Servicio Jesuita a Refugiados, promovió un amparo en 2022 que el Congreso de la Unión quedó obligado a remediarlo.
El pasado 27 de noviembre, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el caso conforme al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, determinando la existencia de dicha omisión. Con los votos favorables de Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Laynez, y la oposición de Lenia Batres y Yasmín Esquivel, la Corte ordenó la creación del registro.
Sin embargo, Carrancá advirtió que el proceso legislativo para implementar la reforma podría tomar hasta un año. Una vez elaborado el proyecto, este deberá enviarse al juzgado de distrito correspondiente para su supervisión, antes de que el Congreso modifique la Ley de Migración.
El tiempo le ha ganado al derecho, como suele suceder, pues el endurecimiento de las políticas migratorias, según el abogado, ha empujado a las personas migrantes a distanciarse de las autoridades que antes podían denunciar delitos como extorsión, secuestro, reclutamiento forzado por la delincuencia organizada, amenazas y violaciones sexuales. En lo que va de 2024, 925 mil migrantes han sido detenidos en México. Según REINSERTA, durante 2023 fueron reclutados por el crimen organizado al menos 30 mil menores de edad.
Ahora mismo, pareciera que resultan urgentes en realidad dos registros: uno de los migrantes deportados a México, otro de los que se encuentran en el país o en ingreso y tránsito. Ambos públicos. El caos que se avecina podría traducirse en que haya más carne de cañón para los cárteles del crimen o que las ofertas falsas de trabajo generen mayor incidencia de este tipo de fenómenos.
Este instrumento permitiría a las familias consultar datos sobre el paradero de sus seres queridos: dónde fueron detenidos, a dónde los trasladaron y si ya fueron liberados. Esto no solo facilitaría su defensa jurídica, sino que también garantizaría transparencia en las detenciones. Y en su caso, identificar desapariciones forzadas o detenciones realizadas por elementos que no pertenecen al Estado mexicano, Lo mínimo para entender y atender a los flujos migratorios que tienen alta probabilidad de entrar en territorio nacional en próximos meses.
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