La inseguridad ha sido uno de los problemas más persistentes y dolorosos de México en las últimas dos décadas. Desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico, hasta la administración saliente de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la violencia ha seguido ocupando un lugar central en la agenda pública. Haciendo un análisis comparativo de la tasa de homicidios durante los mandatos de Calderón, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y López Obrador se revelan patrones preocupantes y la insuficiencia de las políticas de seguridad para contener la violencia.
El sexenio de Felipe Calderón es recordado por su enfoque frontal y militarizado contra los cárteles de la droga, su estrategia incluyó el despliegue masivo de fuerzas armadas en todo el país, en un intento de debilitar a los grupos criminales, sin embargo, la medida tuvo un efecto secundario devastador: la tasa de homicidios aumentó dramáticamente, pasando de 8.1 por cada 100,000 habitantes en 2007 a 23.5 en 2011, el pico más alto en su mandato. A pesar de algunas victorias contra capos de la droga, la violencia generalizada dejó una sensación de descontrol.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto en 2012, se esperaba un cambio de estrategia, el nuevo presidente prometió una política de seguridad más eficaz y menos militarizada, al principio de su mandato, la tasa de homicidios pareció estabilizarse, descendiendo a 16.2 en 2014. Sin embargo, esta tendencia no se mantuvo. Para 2018, el último año de su administración, la tasa había aumentado a 29 por cada 100,000 habitantes, la más alta en la historia reciente de México, las promesas de mejorar la seguridad no se cumplieron, y los cárteles continuaron expandiendo su influencia en amplias regiones del país.
Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018 con el lema “abrazos, no balazos”, sugiriendo un enfoque menos confrontativo y más social para abordar la inseguridad, su propuesta se basaba en atacar las causas profundas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, sin embargo, en la práctica, su gobierno no logró disminuir la violencia. Durante los primeros años de su sexenio, la tasa de homicidios se mantuvo en niveles alarmantemente altos, alcanzando 29.2 por cada 100,000 habitantes en 2020. A pesar de los intentos por reestructurar las fuerzas de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, la estrategia no dio los resultados esperados.
Comparar los tres sexenios revela que, aunque las estrategias han variado, ninguna ha sido capaz de detener el creciente derramamiento de sangre en el país. Calderón apostó por una guerra abierta contra el crimen organizado; Peña Nieto intentó equilibrar el enfoque sin éxito, y López Obrador buscó una solución menos punitiva, pero igualmente ineficaz hasta el último día de su administración. La violencia se ha convertido en un fenómeno estructural, y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno solo ha exacerbado la situación.
Es importante señalar que la tasa de homicidios no solo refleja el número de muertos, sino que también es un síntoma de un problema más profundo en la gobernanza de la seguridad pública. La corrupción en las fuerzas policiales, la debilidad institucional y la falta de políticas de prevención del delito han permitido que el crimen organizado crezca con impunidad. La militarización de la seguridad, promovida inicialmente por Calderón y continuada en cierta medida por sus sucesores, ha demostrado ser insuficiente sin un acompañamiento adecuado de programas sociales y reformas judiciales.
Además, la situación se ha complicado por la fragmentación de los cárteles de la droga en facciones más pequeñas y violentas. Mientras que en la época de Calderón predominaban algunos cárteles grandes, como el de Sinaloa y los Zetas, ahora el panorama criminal es más complejo, con una proliferación de grupos que disputan el control de territorios, lo que ha incrementado la violencia en zonas antes consideradas relativamente seguras como Chiapas.
En conclusión, la tasa de homicidios en México ha seguido una tendencia ascendente a lo largo de los últimos tres sexenios, sin importar las diferencias en los enfoques de seguridad. Esto subraya la necesidad de replantear las estrategias para combatir la violencia en el país. Es imperativo que se adopten políticas que no solo enfrenten al crimen organizado, sino que también fortalezcan las instituciones de justicia y seguridad, y brinden alternativas a los jóvenes que se ven atraídos por la economía delictiva. Solo así se podrá romper el ciclo de violencia que ha marcado a México en los últimos años.
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