Ciento cuarenta y siete familias triquis de Tierra Blanca Copala, en Oaxaca, desplazadas en diciembre de 2020 por un conflicto político-social, preparan su regreso a la comunidad tras casi seis años fuera, mientras el gobierno estatal reconstruye caminos, escuelas y servicios en una tercera etapa de intervención y mantiene presencia de seguridad en la zona; la fecha exacta del regreso, sin embargo, sigue sin definirse, según los reportes de medios estatales y nacionales que siguen el proceso.
Ficha de hechos verificados
- Familias en proceso de retorno: 147, originarias de Tierra Blanca Copala, comunidad del pueblo triqui en Oaxaca.
- Desplazamiento: ocurrido en diciembre de 2020, tras el ingreso de un grupo armado en el contexto de un conflicto político-social.
- Refugio: las familias se dispersaron hacia comunidades como Yosoyuxi; alrededor de 30 familias permanecieron en Tierra Blanca.
- Antecedente: un intento de regreso en julio de 2021 fracasó tras un bloqueo armado; la CNDH emitió después la Recomendación 36/2022 sobre el caso.
- Proceso actual: el gobierno de Salomón Jara sostiene cuatro años de diálogo con las partes y las organizaciones de la región.
- Intervención reciente: hace menos de una semana ingresaron a la comunidad el gobernador, cuerpos de seguridad y 26 instituciones para iniciar trabajos de reconstrucción.
- Tercera etapa: en curso, con visita del gobernador prevista para el 26 de noviembre y recorridos semanales anunciados por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
- Seguridad: alrededor de 60 elementos de la policía estatal y recorridos de la Guardia Nacional en la zona.
- Respaldo federal: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acompaña el proceso y pidió prudencia hasta que el regreso se concrete.
- Precisión central: la fecha exacta del regreso de las 147 familias aún no está definida.
Volver a una casa que dejó de serlo hace seis años
Hay regresos que se miden en kilómetros y otros que se miden en años. El de las 147 familias triquis de Tierra Blanca Copala se mide en casi seis años de ausencia: niños que salieron pequeños y volverán adolescentes, ancianos que dejaron su casa con la esperanza de regresar en semanas y han esperado en comunidades ajenas, cocinas que se quedaron con el fogón apagado desde diciembre de 2020. Preparar ese retorno no es cargar una camioneta; es reconstruir, pieza por pieza, la posibilidad misma de habitar un lugar.
Tierra Blanca Copala se ubica en la región triqui de Oaxaca, una de las zonas con historia más compleja del estado, marcada por disputas políticas y territoriales entre organizaciones que durante décadas han reclamado representación y control comunitario. Cuando un grupo armado ingresó a la comunidad en diciembre de 2020, en medio de ese conflicto político-social, las familias hicieron lo único que podían hacer para proteger la vida: salir. El desplazamiento forzado interno, como lo llaman los documentos oficiales, en el lenguaje de quienes lo vivieron se llama simplemente dejarlo todo.
Las familias se refugiaron en comunidades como Yosoyuxi y en otros puntos de la región y del estado. No todas se fueron: alrededor de 30 familias permanecieron en Tierra Blanca, sosteniendo una presencia mínima en el territorio mientras la mayoría intentaba rehacer la vida fuera, entre la asistencia institucional, la solidaridad de las comunidades receptoras y la incertidumbre de no saber si el destierro duraría meses o años.
El regreso que ya fracasó una vez
La memoria del proceso pesa porque ya hubo un intento que terminó mal. En julio de 2021, apenas siete meses después del desplazamiento, se buscó el retorno de las familias, pero la operación se frustró tras un bloqueo armado que impidió concretarlo. Aquel episodio dejó una lección que hoy ordena cada paso del gobierno estatal: un regreso anunciado sin condiciones reales de seguridad no solo fracasa, sino que retraumatiza a las familias y endurece el conflicto.
El caso escaló a los organismos de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 36/2022, un documento que acreditó la gravedad de lo ocurrido y la obligación de las autoridades de garantizar un retorno seguro, digno y voluntario. En el lenguaje de los estándares internacionales, esos tres adjetivos no son decorativos: seguro significa sin riesgo de nuevas agresiones; digno, con vivienda, agua, escuela y servicios funcionando; voluntario, sin presiones para volver antes de tiempo ni castigos por decidir esperar.
Con ese antecedente, cualquier anuncio nuevo se lee con lupa. Por eso importa la precisión que los propios reportes subrayan: la fecha exacta del regreso todavía no está definida. Lo que está en marcha es la preparación —la reconstrucción física y el andamiaje de seguridad—, y confundir la preparación con el retorno consumado sería repetir el error de 2021 con otros medios.
Cuatro años de diálogo y tres organizaciones en la mesa
El gobierno de Salomón Jara Cruz lleva cuatro años de diálogo en torno al conflicto de la zona triqui. Cuatro años de mesas, acuerdos parciales, tensiones y pausas, en un territorio donde las siglas forman parte del vocabulario cotidiano: el MULT, el MULTI y la UBISORT, organizaciones con presencia histórica en la región, participan en el proceso que hoy intenta cerrarse con el retorno de las familias de Tierra Blanca.
Que esas organizaciones estén dentro del proceso no es un detalle menor. Los conflictos de la región triqui han involucrado durante décadas a las agrupaciones que disputan la representación de las comunidades, y ningún regreso puede sostenerse si quienes ejercen influencia real en el territorio quedan fuera del acuerdo. La negociación, por tanto, no ha sido solo entre gobierno y desplazados: ha requerido tejer entendimientos entre actores que en otros momentos han estado en veredas enfrentadas.
El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, se ha convertido en la cara operativa de esa negociación. Sus declaraciones, recogidas en el reel de Heraldo Noticias que acumuló decenas de comentarios y reavivó la conversación pública sobre el caso, describen un proceso por etapas que ahora entra en su fase decisiva. El funcionario anunció además que visitará semanalmente la comunidad, una presencia periódica pensada para que los acuerdos no se enfríen entre visita y visita y para que cualquier incidente se atienda antes de que escale.
La tercera etapa: reconstruir antes de regresar
El proceso entró en su tercera etapa. Hace menos de una semana, el gobernador ingresó personalmente a Tierra Blanca Copala acompañado de cuerpos de seguridad y de 26 instituciones públicas, en un despliegue que buscó mandar un mensaje doble: hacia adentro de la comunidad, que el Estado volvía a estar presente; hacia afuera, que la reconstrucción tenía respaldo de todo el aparato estatal y no solo de una dependencia.
Los trabajos en curso apuntan a lo esencial: rehabilitar caminos de acceso, recuperar las escuelas para que las niñas y los niños puedan retomar clases en su propia comunidad, y restablecer los servicios básicos sin los cuales ninguna vivienda, por reparada que esté, puede habitarse. Una casa con techo pero sin agua, sin luz y sin escuela cercana no es un hogar al que se regresa: es una estructura a la que se visita. La lógica de la tercera etapa es invertir ese orden y preparar primero el territorio, después el traslado.
En ese calendario se inscribe la visita del gobernador prevista para el 26 de noviembre, con la que se evaluarán los avances de la reconstrucción y el estado de las condiciones de seguridad. De lo que se constate en esa visita dependerá, en buena medida, que la fecha del regreso pueda por fin ponerse sobre la mesa con seriedad.
Sesenta policías, la Guardia Nacional y una palabra: prudencia
El componente de seguridad es el más delicado del operativo. Según los reportes, alrededor de 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantienen presencia en la zona, complementados con recorridos de la Guardia Nacional. La cifra busca equilibrar dos riesgos opuestos: una presencia insuficiente que deje desprotegida a la comunidad, y una militarización excesiva que convierta el regreso en una ocupación y alimente nuevas tensiones con los actores locales.
Desde el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha respaldado el proceso y pidió prudencia hasta que el regreso se concrete. Esa petición de prudencia tiene destinatario amplio: las autoridades que comunican avances, los actores políticos que podrían verse tentados a capitalizar el retorno y los propios medios, porque en un conflicto con esta historia, un anuncio prematuro puede mover piezas sobre el terreno antes de que las condiciones estén listas.
La prudencia, sin embargo, convive con una expectativa que crece. Cada visita oficial, cada brigada que entra y cada declaración del secretario de Gobierno alimenta en las familias desplazadas la pregunta que llevan haciéndose desde 2020: ¿ahora sí? Gestionar esa esperanza sin defraudarla es quizá la tarea comunicativa más fina del proceso, porque la credibilidad del retorno definitivo se construye también con la honestidad de decir, como dicen los reportes, que la fecha exacta aún no existe.
Lo que significa volver para el pueblo triqui
El desplazamiento de Tierra Blanca no es un caso aislado en la historia reciente de Oaxaca ni de México. El desplazamiento forzado interno afecta a comunidades indígenas en varias regiones del país, casi siempre en la intersección de conflictos agrarios, disputas políticas locales y presencia de actores armados. Lo que distingue a cada caso es la respuesta institucional: hay comunidades que esperan décadas sin que el retorno se concrete, y expedientes que se archivan mientras las familias envejecen fuera de su territorio.
Para el pueblo triqui, el territorio no es solo suelo. Es el lugar de las fiestas, de los muertos, de la lengua que se habla sin traducir, de la milpa que ordena el año. Por eso el retorno, cuando ocurre, tiene una dimensión cultural que los programas de reconstrucción no siempre capturan: no basta con entregar viviendas, hay que restablecer la vida comunitaria, los cargos, las asambleas, la confianza entre vecinos que el conflicto fracturó. Las 147 familias no regresan a un conjunto de casas; regresan, si el proceso se sostiene, a intentar ser comunidad otra vez.
También hay una generación en juego. Las niñas y los niños que salieron de Tierra Blanca en 2020 han crecido en otras comunidades, con otras escuelas y otros acentos. Para ellos, el regreso no será un retorno sino una llegada a un lugar conocido solo por los relatos de sus padres. La escuela rehabilitada de Tierra Blanca tendrá, entre sus primeras tareas, la de convertir ese relato en pertenencia.
Lo que debe observarse en los próximos días
La visita gubernamental del 26 de noviembre es la siguiente estación verificable del proceso. Ahí deberá confirmarse el avance real de la reconstrucción de caminos, escuelas y servicios, el mantenimiento del despliegue de seguridad y, sobre todo, si las condiciones permiten anunciar por fin una fecha de retorno. Mientras esa fecha no exista, lo correcto es describir el momento con exactitud: las familias preparan su regreso, el territorio se reconstruye y el regreso mismo sigue pendiente de concreción.
También será clave la reacción de las organizaciones participantes y de las propias familias desplazadas, cuya voz es la que en última instancia valida o cuestiona cualquier acuerdo. Un retorno es exitoso no cuando entra la última camioneta, sino cuando, meses después, las familias siguen ahí, con sus hijos en la escuela y su vida reanudada sin miedo.
Si el proceso llega a ese punto, Tierra Blanca Copala podría convertirse en algo más que una noticia de un día: en una referencia de que el desplazamiento forzado en México no tiene por qué ser una condena permanente, siempre que el Estado sostenga durante años —no semanas— el diálogo, la reconstrucción y la seguridad que un regreso exige.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas familias preparan su regreso a Tierra Blanca Copala?
Son 147 familias triquis desplazadas en diciembre de 2020. Alrededor de 30 familias permanecieron en la comunidad durante estos años, mientras el resto se refugió en localidades como Yosoyuxi y otros puntos de la región.
¿Por qué fueron desplazadas?
Las familias salieron en diciembre de 2020 tras el ingreso de un grupo armado, en el contexto de un conflicto político-social en la región triqui de Oaxaca. Un intento de regreso en julio de 2021 fracasó tras un bloqueo armado, y la CNDH emitió posteriormente la Recomendación 36/2022 sobre el caso.
¿Ya hay fecha para el regreso?
No. La fecha exacta del regreso sigue sin definirse. Lo que está en curso es la tercera etapa de preparación: reconstrucción de caminos, escuelas y servicios, con una visita del gobernador prevista para el 26 de noviembre y recorridos semanales del secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
¿Qué está haciendo el gobierno estatal en la comunidad?
El gobierno de Salomón Jara, tras cuatro años de diálogo con las partes y con organizaciones como MULT, MULTI y UBISORT, ingresó hace menos de una semana a la comunidad con cuerpos de seguridad y 26 instituciones para trabajar en la reconstrucción. La seguridad en la zona cuenta con alrededor de 60 elementos de la policía estatal y recorridos de la Guardia Nacional.
¿Qué papel juega el gobierno federal?
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respalda el proceso de retorno y pidió prudencia hasta que el regreso se concrete, en línea con la cautela que el caso requiere tras el intento fallido de 2021 y la Recomendación 36/2022 de la CNDH.
Fuentes
La Razón, cobertura nacional del proceso de retorno a Tierra Blanca Copala; Página 3, reportes estatales sobre la tercera etapa y la intervención de las 26 instituciones; AlMomento, notas sobre el despliegue de seguridad y las declaraciones del secretario de Gobierno Jesús Romero López; Noticieros El Reloj, seguimiento regional del diálogo y de la visita prevista del gobernador.
«San José del Pacífico», ephoz, Flickr, CC BY-SA (imagen de archivo, vía Openverse)
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