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Vista de la mina Buenavista del Cobre en Sonora, sancionada por incumplimientos ambientales

Suprema Corte deja firme multa de 18.4 millones de pesos a Buenavista del Cobre por incumplimientos ambientales en Sonora

Publicado el noviembre 21, 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme una multa de 18.4 millones de pesos impuesta por la Profepa a Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, por incumplimientos ambientales detectados en 2022 y 2023 en Sonora, luego de que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz desechara el último recurso de la minera por no plantear un tema constitucional relevante o novedoso.

Ficha de hechos verificados

  • Empresa sancionada: Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, con operaciones en Sonora.
  • Monto: 18.4 millones de pesos, firme e inapelable tras el desechamiento del recurso, según las crónicas coincidentes.
  • Autoridad que impuso la sanción: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mediante resolución del 31 de julio de 2024, derivada de una visita de inspección de 2023.
  • Motivos principales: exceder el límite autorizado de procesamiento de concentrados; mediciones de ruido por encima de lo permitido; y operar equipos no previstos en las licencias ambientales.
  • Dato central del exceso: en 2022 la minera registró 613 mil 218 toneladas métricas secas de concentrados de cobre y molibdeno, frente a un límite autorizado de 540 mil toneladas anuales, una diferencia superior a 73 mil toneladas.
  • Equipos observados: ocho tanques de almacenamiento de diésel, ácido sulfúrico, electrolito y ferrocianuro de sodio, y una chimenea del secador de concentrado, que fueron clausurados por la Profepa, según El Diario.
  • Recorrido judicial: la minera impugnó el 9 de septiembre de 2024; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la sanción el 5 de marzo de 2025; después resolvió también un tribunal colegiado en materia administrativa; el amparo directo en revisión 7905/2026 llegó a la Corte y fue desechado por su presidente.
  • Estado: asunto concluido en la vía judicial revisada. Contra el auto que desecha el recurso no procede medio de impugnación alguno, según el acuerdo publicado en listas de la SCJN.

¿Qué decidió exactamente la Corte y qué no decidió?

Conviene empezar por una precisión que los titulares tienden a borrar. La Suprema Corte no volvió a juzgar si la minera contaminó o si la multa era justa en sus montos: lo que resolvió su presidente, en un acuerdo publicado en listas este jueves, es que el recurso de revisión en amparo directo promovido por la empresa no planteaba un tema de constitucionalidad relevante o novedoso que justificara que el máximo tribunal lo estudiara a fondo. Al desecharlo por esa razón, la sentencia que ya había confirmado la sanción quedó firme por ministerio de ley, y la empresa deberá pagar los 18.4 millones de pesos.

Ese mecanismo, el desechamiento por falta de interés excepcional, es una de las puertas de salida más frecuentes de la Corte frente a la enorme cantidad de asuntos que buscan llegar hasta ella. No es una absolución ni una condena nueva: es la confirmación de que lo resuelto por los tribunales anteriores se queda como está. En términos prácticos para Buenavista del Cobre, el efecto es total, porque el propio acuerdo advierte que contra esa decisión no procede ningún otro medio de impugnación. La discusión judicial sobre esta multa, que comenzó con la resolución de la Profepa en julio de 2024, terminó esta semana.

Las infracciones, una por una, según el expediente difundido

La sanción no nace de un solo hecho, sino de un conjunto de incumplimientos detectados en la inspección. El más cuantificable es el del volumen procesado. La autorización de la minera fijaba un límite anual de 540 mil toneladas métricas secas de concentrado mixto de cobre y molibdeno, y en 2022 la empresa registró 613 mil 218 toneladas. La diferencia, más de 73 mil toneladas por encima del tope, equivale a haber operado cerca de un 13 por ciento por encima de lo autorizado durante ese año, con los efectos que un procesamiento adicional implica en consumo de agua, energía, reactivos y generación de residuos, aunque el expediente difundido no cuantifica esos efectos uno por uno.

La empresa argumentó, según recoge Zócalo a partir del expediente, que parte de ese material era recirculado durante el proceso industrial y que, por tanto, no debía considerarse producción adicional. Ese argumento formó parte de su defensa ante las instancias administrativas y judiciales, que no lo aceptaron como suficiente para invalidar la sanción. Registrar aquí la defensa es importante: la minera no ha admitido en este litigio que el exceso se produjera en los términos de la autoridad, sino que sostuvo una interpretación distinta de cómo debe contarse el material dentro de su propio proceso.

El segundo bloque de infracciones se refiere al ruido. La Profepa encontró mediciones por encima de lo permitido en sus instalaciones, un tipo de incumplimiento que afecta de manera directa a trabajadores y a comunidades cercanas y que suele medirse con equipos y protocolos técnicos en puntos definidos por la norma. El tercer bloque es el de los equipos no autorizados: ocho tanques de almacenamiento para sustancias como diésel, ácido sulfúrico, electrolito y ferrocianuro de sodio, además de una chimenea del secador de concentrado, operaban sin estar previstos en las licencias ambientales de la planta. La Profepa clausuró esos equipos como parte de su resolución, que incluyó, además de las multas, medidas correctivas que la empresa debía cumplir.

El antecedente que nadie en Sonora olvida: el derrame de 2014

Ninguna noticia sobre Buenavista del Cobre se lee en Sonora sin el antecedente de agosto de 2014, cuando un derrame de alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado llegó a los ríos Bacanuchi y Sonora y afectó a miles de habitantes de las comunidades ribereñas. Varias de las crónicas de esta semana lo recuerdan expresamente, porque ese desastre, considerado uno de los más graves de la minería mexicana reciente, cambió para siempre la relación entre la empresa, las comunidades y las autoridades ambientales de la región.

Es necesario, sin embargo, mantener la precisión. La multa confirmada esta semana no es una sanción por el derrame de 2014: corresponde a incumplimientos de 2022 y 2023, verificados en una inspección posterior y tramitados en un expediente distinto. Confundir ambos asuntos sería injusto con el lector y con las propias comunidades, cuyos reclamos históricos tienen sus propios expedientes y sus propias instancias. Lo que sí hace el antecedente es explicar por qué una multa de 18.4 millones, que en términos contables es menor para un grupo del tamaño de Grupo México, recibe atención nacional: porque cada nuevo incumplimiento se interpreta, en la región, a la luz de una desconfianza acumulada durante una década.

En ese mismo contexto se entiende otro dato que recogió Excélsior en su cobertura: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició muestreos de suelo y sedimentos en comunidades del río Sonora para identificar sitios contaminados con metales pesados. Ese trabajo pertenece a la agenda larga de la cuenca, no a la multa de esta semana, pero forma parte del mismo paisaje institucional en el que la decisión de la Corte aterriza.

¿Cuánto es 18.4 millones para Grupo México y por qué litigó hasta el final?

Grupo México es uno de los conglomerados mineros y de infraestructura más grandes del país, y su principal accionista, Germán Larrea, es señalado en las crónicas como el segundo empresario más rico de México. Frente a esa escala, 18.4 millones de pesos no comprometen las finanzas del grupo, y varios comentaristas lo han subrayado. Entonces, ¿por qué una empresa litiga durante más de dos años, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un tribunal colegiado y finalmente la Suprema Corte, por una multa de ese tamaño?

Las respuestas posibles no están en el expediente difundido, pero el patrón es conocido en el derecho administrativo sancionador. Litigar una multa no busca solo evitar ese pago: busca evitar que los criterios de la autoridad queden firmes como precedente para inspecciones futuras. Si el límite de procesamiento, la forma de contar el material recirculado o los requisitos para operar tanques quedan validados por los tribunales, esos criterios regirán la relación entre la Profepa y la empresa en los años siguientes, y potencialmente influirán en casos de otras mineras. Visto así, el recurso desechado esta semana no era un trámite menor, y su resultado tampoco lo es: los criterios de la autoridad ambiental salieron confirmados en cada instancia que los revisó.

¿Qué sigue después de la firmeza de la multa?

En lo jurídico, el camino de esta sanción se agotó. La empresa deberá pagar el monto y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas desde 2024, incluidas las relativas a los equipos clausurados. En lo administrativo, la Profepa conserva su facultad de seguir inspeccionando la planta, y cada nueva visita podrá generar sus propios expedientes, que nada tendrán que ver automáticamente con este. En lo comunitario, las organizaciones y habitantes de la cuenca del río Sonora que han seguido el caso durante años dispondrán ahora de una sentencia firme más para argumentar, en sus propias mesas y procedimientos, que la vigilancia sobre la minera no es un exceso sino una necesidad documentada por los tribunales.

Esta nota se actualizará en la misma dirección si Grupo México o Buenavista del Cobre emiten una postura pública sobre la decisión, o si la Profepa informa del pago y del cumplimiento de las medidas correctivas. Hasta el cierre de las fuentes revisadas, ninguna de las crónicas incluía una declaración de la empresa sobre el desechamiento del recurso.

Preguntas frecuentes

¿De cuánto es la multa y quién la impuso? De 18.4 millones de pesos, impuesta por la Profepa a Buenavista del Cobre mediante resolución del 31 de julio de 2024, y confirmada después por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

¿Por qué sancionaron a la minera? Por exceder en 2022 el límite autorizado de procesamiento de concentrados, por mediciones de ruido por encima de lo permitido y por operar equipos no previstos en sus licencias ambientales, entre ellos ocho tanques de almacenamiento y una chimenea, según el expediente difundido.

¿Qué resolvió la Suprema Corte esta semana? Su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, desechó el amparo directo en revisión 7905/2026 por no plantear un tema constitucional relevante o novedoso. Con ello, la multa quedó firme y contra esa decisión no procede otro recurso.

¿Esta multa es por el derrame de 2014 en el río Sonora? No. Corresponde a incumplimientos detectados en 2022 y 2023. El derrame de 2014 es un antecedente distinto, aunque las crónicas lo recuerdan por la desconfianza que generó en la región.

¿Qué argumentó la empresa en su defensa? Según el expediente recogido por la prensa, sostuvo entre otros puntos que parte del material contabilizado era recirculado dentro del proceso industrial y no debía contarse como producción adicional. Las instancias que revisaron el caso no aceptaron ese argumento para invalidar la sanción.

Fuentes: La Jornada, «SCJN deja firme multa de 18.4 millones de pesos a filial de Grupo México»; Excélsior, «Corte desecha recurso de Buenavista del Cobre contra multa de 18.4 mdp»; Infobae, «SCJN ratifica multa de 18.4 millones de pesos contra minera de Germán Larrea»; El País, «La Suprema Corte da un revés al rey del cobre Germán Larrea»; El Norte y Diario de México, «Confirman multa ambiental a minera de Grupo México»; Zócalo, cobertura del expediente y de la defensa de la empresa.

Contexto adicional de esta redacción: la firmeza de esta multa llega en un momento en el que la vigilancia ambiental sobre la minería a cielo abierto en Sonora se discute también en el Congreso local, donde diputados han promovido exhortos relacionados con el Fondo Minero y con obras para comunidades afectadas por la actividad extractiva, según la prensa estatal. Ese debate legislativo no forma parte del expediente judicial resuelto esta semana, pero muestra que la relación entre la mina, el territorio y las instituciones se juega en varios tableros a la vez: el judicial, que acaba de cerrar este caso; el administrativo, que continuará con inspecciones y muestreos; y el político, donde las comunidades de la cuenca reclaman desde hace años una reparación integral por el derrame de 2014.


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Vídeo relacionado: https://www.youtube.com/watch?v=-WtBw-OAMyw

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