Según ha sido anunciado, en agosto el Instituto Nacional Electoral informará la composición definitiva del Congreso de la Unión, una vez que haya sido determinado el número de diputados y senadores plurinominales que corresponderá a cada fuerza política.
El debate reside entre ellos que aseguran que Morena y sus aliados deben contar con alrededor del 75 por ciento de la Cámara de Diputados, en una lectura textual y simplista del artículo 54 constitucional, y otros, entre ellos el jurista Pedro Salazar, quienes pugnan en favor de que se haga una interpretación a la luz de la intención del Constituyente. Es decir, en este entendido, que el límite del 8 por ciento sea aplicado a la coalición de los tres partidos.
Mucho –o todo– está en juego. La consolidación de una mayoría calificada (334 diputados y 86 senadores) conllevaría el poder ilimitado del partido gobernante de cambiar el modelo constitucional mexicano, lo que representaría una afrenta al espíritu de la propia Carta Magna, pues ésta prevé que para su reforma las fuerzas políticas presentes (sí, incluida la oposición) alcancen un consenso.
Entre las propuestas de reforma constitucional presentadas se encuentra el controversial plan C y la peregrina idea de que los ministros y magistrados sean electos por sufragio universal.
Ahora bien, todo dependerá del Tribunal Electoral y de cinco magistrados (hay dos vacantes en la Sala Superior) que deberán dar a conocer su decisión final una vez que se hayan presentado las impugnaciones por parte de los inconformes.
Este tribunal, conformado por hombres y mujeres cuyos nombres son poco conocidos por la opinión pública nacional, será responsable de hacer prevalecer el valor fundamental de la justa representación proporcional y de que Morena y sus aliados no cuenten con una mayoría que no está respaldada por los votos en las urnas.
El lector recordará que Morena y sus aliados ganaron entre el 55 y 58 por ciento de la Cámara Baja en el conteo nacional total, por debajo de la mayoría calificada.
En sentido contrario, podrían validar la sobre representación de la mayoría gobernante, y con ello, las gigantescas implicaciones para la democracia liberal y, desde luego, para el futuro del Poder Judicial, incluido el propio Tribunal Electoral.
Los ministros Monica Aralí Soto Fragoso, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Otálara, Reyes Rodríguez y Felipe Alfredo Fuentes tendrán en sus manos una responsabilidad histórica que trascenderá su permanencia en el Tribunal y que marcará por muchos años el destino de México.