El Gobierno de México fijó en 24 pesos por kilo el precio de garantía del frijol de Zacatecas para el ciclo primavera-verano, equivalente a 24,000 pesos por tonelada, con un tope de compra de 10 toneladas por productor, acopio desde la primera semana de diciembre hasta el 27 de febrero y pago directo en un máximo de ocho días hábiles a la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Alimentación para el Bienestar.
Ficha de hechos verificados
- Precio: 24 pesos por kilo, integrados por 18 pesos de precio base y 6 pesos de incentivo, para un total de 24,000 pesos por tonelada en el ciclo primavera-verano.
- Tope por productor: 10 toneladas de frijol por persona productora registrada en el programa.
- Elegibilidad: productoras y productores con hasta 30 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego.
- Calendario de acopio: de la primera semana de diciembre al 27 de febrero, en los centros de acopio habilitados en el estado.
- Pago: directo, sin intermediarios, en un máximo de ocho días hábiles, mediante depósito a la Tarjeta del Banco del Bienestar.
- Registro: personal y gratuito, con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y documento que acredite la posesión del predio.
- Seguridad del grano: costaleras selladas, cámaras de videovigilancia en los centros, rotación de personal y comités de contraloría social.
- Variedades contempladas: Pinto Saltillo y Negro San Luis, las de mayor producción en la entidad.
- Contexto de mercado: según La Razón, los intermediarios conocidos como coyotes pagan menos de la mitad del precio oficial por el mismo kilo.
- Demanda previa del sector: los productores exigían 27 pesos por kilo; el subsecretario Ulises Mejía Haro sostuvo que en los 24 pesos «no habrá marcha atrás».
Veinticuatro pesos que se juegan en la báscula
Hay cifras que en el campo no se leen como estadística, sino como veredicto. Para miles de familias frijoleras de Zacatecas, el número de esta temporada es 24: veinticuatro pesos por cada kilo entregado en el centro de acopio, veinticuatro mil pesos por tonelada, ni un peso menos si el grano cumple las condiciones del programa. La pregunta que recorre los ejidos no es si el precio suena bien en un comunicado, sino si se sostendrá en la báscula, en la ventanilla y en el depósito bancario cuando llegue el momento de cobrar.
La diferencia frente a la venta tradicional es abismal y conviene ponerla en números sencillos. Si un intermediario paga menos de la mitad del precio oficial, como reporta La Razón, una tonelada vendida al coyote puede quedarse por debajo de los 12,000 pesos, mientras que la misma tonelada entregada al acopio oficial alcanza los 24,000. Para un productor que cosecha el tope permitido de 10 toneladas, la brecha entre un canal y otro puede superar los 120,000 pesos en una sola temporada: el equivalente a la renta de maquinaria, el diésel, la semilla del siguiente ciclo y todavía un margen para la casa.
Por eso el anuncio no se recibió como un trámite más. En una entidad donde el frijol es identidad, dieta y economía al mismo tiempo, el precio de garantía funciona como un piso: por debajo de él, nadie debería verse obligado a vender por desesperación en la semana en que todos cosechan y el mercado se satura de oferta.
Cómo se componen los 24 pesos
El precio no salió de una sola partida. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y por Alimentación para el Bienestar, el monto se integra con 18 pesos de precio base y 6 pesos adicionales en forma de incentivo, hasta completar los 24 pesos por kilogramo. Esa composición importa porque explica el origen de los recursos y también su límite: el incentivo es la parte que el Estado agrega para acercar el ingreso del productor a un nivel que el mercado, por sí solo, no estaba pagando.
El esquema aplica para el ciclo primavera-verano, la ventana de siembra que marca el calendario agrícola zacatecano y de la que depende la cosecha que ahora entra a los centros de acopio. Las variedades señaladas en el programa son Pinto Saltillo y Negro San Luis, dos materiales ampliamente sembrados en la región, conocidos por los productores y con demanda estable en el consumo nacional.
El tope de 10 toneladas por productor delimita con claridad el destinatario del programa: el pequeño y mediano productor, no el gran acopiador. Quien cosecha más allá de ese volumen podrá vender el excedente por los canales que elija, pero el precio garantizado cubre las primeras 10 toneladas registradas, que para la mayoría de las unidades familiares representan la cosecha completa o su mayor parte.
Quiénes pueden entrar y con cuánta tierra
La elegibilidad se definió por superficie: hasta 30 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego. El criterio reconoce la enorme diferencia de rendimiento entre ambos sistemas en el altiplano zacatecano, donde el temporal depende de lluvias cada vez más irregulares y el riego multiplica la producción por hectárea. En la práctica, el filtro busca que el beneficio llegue a las unidades de producción familiares y ejidales que sostienen la siembra de frijol en municipios como Río Grande, Sombrerete y las comunidades que los rodean.
El registro es personal y gratuito, un subrayado que las autoridades repiten porque en programas anteriores los trámites se convertían en negocio de gestores. Los documentos solicitados son los básicos de cualquier padrón agrícola: identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y el documento que acredite la posesión o propiedad del predio donde se sembró. Sin registro previo no hay entrega programada, por lo que las autoridades han insistido en que los productores acudan cuanto antes a inscribirse y no lo dejen para la semana de la cosecha.
El calendario: de diciembre al 27 de febrero
El acopio abrirá en la primera semana de diciembre y cerrará el 27 de febrero, una ventana de casi tres meses que cubre el grueso de la cosecha y su secado. Ese calendario tiene una lógica agronómica y otra financiera: el frijol debe llegar con la humedad adecuada para almacenarse sin hongos ni pérdidas, y el productor necesita tiempo para trillar, limpiar y transportar su grano sin venderlo apresurado al primer comprador que pase por la comunidad.
Antes de la apertura, funcionarios realizaron recorridos por centros de acopio de Río Grande y Sombrerete, dos de los municipios emblemáticos de la producción frijolera zacatecana, para verificar instalaciones, básculas y condiciones de almacenamiento. También se llevó a cabo una asamblea informativa en la comunidad de Charco Blanco, donde se explicaron frente a los productores las reglas del programa: precios, topes, documentos, fechas y mecanismos de pago.
Esas asambleas cumplen una función que ningún folleto sustituye: permitir que las dudas se pregunten en voz alta. ¿Qué pasa si el grano trae impurezas? ¿Cómo se determina la calidad en la recepción? ¿Quién resuelve si el productor no está de acuerdo con el peso registrado? Las respuestas a esas preguntas, dadas en público y frente a la comunidad, son parte del blindaje del programa tanto como las cámaras de los almacenes.
Pago en ocho días y sin manos en medio
El compromiso de pago es quizá el punto más sensible de todo el diseño. El depósito se hará directo a la Tarjeta del Banco del Bienestar del productor, en un máximo de ocho días hábiles contados a partir de la entrega y aceptación del grano. Nada de pagos en efectivo a través de terceros, nada de listas manejadas por intermediarios, nada de «yo te aviso cuando caiga».
La velocidad del pago cambia la economía de la decisión de vender. El coyotaje prospera, en buena medida, sobre la urgencia: paga menos, pero paga hoy, en la parcela, sin filas ni papeles. Un programa oficial que tarda semanas o meses en depositar pierde contra esa inmediatez aunque ofrezca mejor precio. Al comprometerse a ocho días hábiles, el esquema intenta recortar esa ventaja y convertir el mejor precio también en una opción práctica para quien necesita liquidez para pagar la trilla, el flete o las deudas de la siembra.
El uso de la Tarjeta del Banco del Bienestar añade otro elemento: la trazabilidad. Cada depósito queda registrado a nombre del productor registrado, lo que permite auditar que el dinero público llegó a quien sembró y entregó el grano, y no a un intermediario con una lista de nombres prestados.
El blindaje contra el coyotaje
La palabra que atraviesa todo el anuncio es una sola: coyotaje. Así se conoce en el campo mexicano a la intermediación que compra barato en la parcela aprovechando la urgencia y la falta de transporte del productor, para revender después con amplios márgenes. Según La Razón, esos intermediarios pagan menos de la mitad del precio oficial, una brecha que explica por qué el combate a esa figura se presentó como el corazón del programa y no como un adorno discursivo.
Las medidas de control anunciadas apuntan a cerrar las rendijas por donde históricamente se cuela el grano de terceros o se alteran los volúmenes: costaleras selladas para identificar cada entrega, cámaras de videovigilancia en los centros de acopio, rotación del personal que recibe y pesa, y comités de contraloría social integrados por los propios productores para vigilar el proceso. Ninguna medida, por sí sola, elimina el riesgo de abuso; juntas, buscan que alterar un peso o colar una tonelada ajena deje rastro.
La contraloría social tiene además un valor político local: cuando los vigilantes son vecinos del mismo ejido, la información circula rápido y la inconformidad encuentra un canal formal antes de convertirse en bloqueo de carretera. La experiencia de otros programas agrícolas muestra que la supervisión comunitaria no sustituye a la auditoría institucional, pero eleva el costo de intentar una trampa.
Los 27 pesos que pedían los productores
El precio de 24 pesos no era la cifra que el sector había puesto sobre la mesa. Los productores exigían 27 pesos por kilo, argumentando el encarecimiento de insumos, combustible, refacciones y mano de obra durante los últimos ciclos. La negociación, como casi todas en el agro mexicano, terminó en un punto intermedio que ninguna de las partes celebró por completo.
El subsecretario Ulises Mejía Haro zanjó la discusión con una frase que los medios estatales recogieron tal cual: en los 24 pesos «no habrá marcha atrás». La declaración cierra la puerta a una renegociación inmediata, pero también deja asentado un compromiso público verificable: si el precio anunciado se mueve, quedará el registro de la promesa. Para las organizaciones de productores, la batalla se traslada ahora del monto a la ejecución: que el acopio abra en fecha, que la báscula sea justa, que el pago caiga en ocho días y que el registro no excluya a nadie por un papel mal llenado.
Esa vigilancia sobre la ejecución es, en el fondo, la historia repetida de los precios de garantía en México. El instrumento ha regresado en distintos sexenios con la promesa de dar certidumbre al productor de granos básicos, y su credibilidad se ha construido o derrumbado siempre en el mismo lugar: no en la conferencia donde se anuncia, sino en el primer centro de acopio donde un productor entrega, espera y finalmente ve —o no ve— el depósito en su tarjeta.
Zacatecas, tierra de frijol
Para entender la magnitud del anuncio hay que mirar el peso del frijol en Zacatecas. El estado figura históricamente entre los principales productores nacionales de la leguminosa, con amplias superficies de temporal en el norte y el occidente de la entidad. Municipios como Río Grande y Sombrerete concentran centros de acopio, bodegas y una cultura agrícola donde el frijol organiza el calendario, la dieta y buena parte del ingreso anual de las familias rurales.
Esa dependencia explica también la vulnerabilidad. Cuando la lluvia falla, cuando el precio se desploma en plena cosecha o cuando el crédito llega tarde, no hay un segundo cultivo que rescate el año. El precio de garantía actúa entonces como red de contención para la economía de comunidades enteras: el dinero que entra por la cosecha se gasta en las tiendas, talleres y mercados de la región, multiplicando su efecto mucho más allá de la parcela.
Las variedades incluidas, Pinto Saltillo y Negro San Luis, conectan además con la mesa nacional. El frijol pinto y el negro son base de la alimentación cotidiana en millones de hogares, de modo que lo que se decida en los centros de acopio zacatecanos termina, meses después, en el precio que pagan las familias urbanas por un kilo en el mercado o el supermercado. La autosuficiencia en granos básicos, tantas veces invocada en el discurso público, se juega en decisiones tan concretas como esta.
Lo que debe vigilarse en las próximas semanas
El programa entra ahora a su fase de prueba. La primera semana de diciembre marcará la apertura real de los centros y permitirá comprobar si la infraestructura recorrida en Río Grande y Sombrerete está lista para recibir el volumen esperado. El registro de productores, la difusión de las reglas en las comunidades más alejadas y la claridad sobre los criterios de calidad del grano serán los primeros termómetros.
También habrá que observar el comportamiento del mercado paralelo. Si el precio de garantía funciona como piso, los compradores privados que quieran grano zacatecano tendrán que acercarse a los 24 pesos o quedarse sin oferta; si, en cambio, el acopio se satura o se retrasa, la presión por vender barato reaparecerá. La capacidad de almacenamiento y la velocidad de recepción serán, por tanto, tan importantes como el precio mismo.
Por lo pronto, la cifra ya cambió la conversación en el campo zacatecano. Donde antes la pregunta era a cuánto lo estará pagando el coyote esta semana, ahora la pregunta es cómo registrarse, cuándo abre el centro y cuántas toneladas alcanzan el tope. Ese cambio de conversación, modesto en apariencia, es exactamente lo que un precio de garantía busca provocar.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pagará el programa por el frijol de Zacatecas?
24 pesos por kilo, equivalentes a 24,000 pesos por tonelada. El monto se compone de 18 pesos de precio base más 6 pesos de incentivo, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Alimentación para el Bienestar.
¿Cuánto puede vender cada productor a ese precio?
Hasta 10 toneladas por productor registrado. Pueden participar quienes siembran hasta 30 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego, con las variedades contempladas en el programa, entre ellas Pinto Saltillo y Negro San Luis.
¿Cuándo y dónde se entregará la cosecha?
El acopio se realizará desde la primera semana de diciembre y hasta el 27 de febrero en los centros habilitados del estado, incluidos los de la zona de Río Grande y Sombrerete, que ya fueron recorridos por funcionarios antes de la apertura.
¿Cómo y cuándo se pagará?
El pago será directo, sin intermediarios, mediante depósito a la Tarjeta del Banco del Bienestar del productor, en un plazo máximo de ocho días hábiles después de la entrega del grano.
¿Qué documentos se necesitan para registrarse?
El registro es personal y gratuito. Se solicita identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y el documento que acredite la posesión del predio. Las autoridades realizaron asambleas informativas, como la de Charco Blanco, para explicar estos requisitos directamente a los productores.
Fuentes
La Razón, cobertura del precio de garantía del frijol en Zacatecas y del pago de los intermediarios; NTR Zacatecas, información estatal sobre el programa, los recorridos por centros de acopio y las declaraciones del subsecretario Ulises Mejía Haro; Imagen Zacatecas, reportes sobre la asamblea informativa en Charco Blanco y las reglas de registro y acopio.
«Pinto Beans Seeds», Wikimedia Commons (imagen de archivo)
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