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Palacio Municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, el ayuntamiento que encabezó Lili Campos entre 2021 y 2024

Detienen en la CDMX a Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen: contratos de lavado por más de 62 millones y observaciones por 84 millones

Publicado el noviembre 20, 2026

Roxana Lili Campos Miranda, expresidenta municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con contratos de lavado de vehículos oficiales que, según la Fiscalía de Quintana Roo, causaron un perjuicio superior a 62 millones de pesos al Ayuntamiento; será trasladada a Quintana Roo y conserva la presunción de inocencia.

FICHA DE HECHOS VERIFICADOS

  • Detenida: Roxana Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad (hoy Playa del Carmen) en el periodo 2021-2024, postulada por la alianza encabezada por el PAN.
  • Fecha, hora y lugar de la captura: jueves 19 de noviembre de 2026, 19:47 horas, en la colonia De la Unión Zapata, alcaldía Venustiano Carranza, según el Registro Nacional de Detenciones; Infobae ubicó la detención en la calle Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.
  • Delito imputado: uso indebido de atribuciones y facultades, según la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
  • Hechos investigados: tres licitaciones públicas presuntamente irregulares, entre 2022 y 2024, para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con pagos superiores a 62 millones de pesos.
  • Irregularidades señaladas: el prestador no contaba con comprobantes fiscales digitales de los primeros contratos y los servidores públicos involucrados omitieron revisar el cumplimiento y la documentación.
  • Operativo: la Policía de Investigación de la FGE de Quintana Roo cumplimentó la orden con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal; la exalcaldesa quedó a disposición de la FGR en Tacubaya, con estatus de traslado.
  • Antecedentes administrativos: observaciones sin solventar por 84.3 millones de pesos de la cuenta pública 2023, de un total de 220 millones en inconsistencias detectadas inicialmente; el auditor superior estatal había anticipado denuncias por un presunto desfalco de 80 millones.
  • Situación actual de la detenida: desde septiembre de 2026 se desempeñaba como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
  • Estado procesal: será trasladada a Quintana Roo para quedar a disposición del juez que ordenó su captura, quien deberá resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional. La detención no implica culpabilidad.

La captura en Venustiano Carranza, según el Registro Nacional de Detenciones

La detención quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones con hora exacta: 19:47 del jueves 19 de noviembre. El Economista precisó que el operativo ocurrió en la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia De la Unión Zapata, y que la exfuncionaria quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en sus instalaciones de Tacubaya, donde aparece con estatus de traslado. Infobae, por su parte, situó la captura en la calle Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, una zona que la exalcaldesa frecuentaba por su trabajo actual en la capital.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que elementos de su Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Esa coordinación explica el despliegue en otra entidad: la orden provenía de un juez de control de Quintana Roo, pero la persona buscada vivía y trabajaba en la Ciudad de México desde meses atrás.

Tras su detención, Campos Miranda será trasladada a Quintana Roo para quedar a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura. Ahí se realizará la audiencia inicial en la que el Ministerio Público formulará la imputación y un juez deberá resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional. Hasta ese momento, y conforme al sistema penal acusatorio, la exalcaldesa conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

¿De qué se le acusa? Los contratos de lavado de vehículos oficiales

El centro de la imputación es, en apariencia, un servicio menor: el lavado de los vehículos oficiales. De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, durante la administración de Campos Miranda, entre 2022 y 2024, se otorgaron presuntamente de manera irregular tres licitaciones públicas a un particular para realizar servicios especializados de lavado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Playa del Carmen.

El problema, según las indagatorias, no es solo la forma de asignar los contratos. La Fiscalía detectó que el prestador de servicios no contaba con comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos y que, pese a ello, los pagos continuaron hasta superar, en conjunto, los 62 millones de pesos, una cifra cuya justificación es cuestionada por las autoridades. La empresa asignada contaba, según la información difundida, con 15 empleados para prestar el servicio, un dato que alimenta las dudas sobre la razonabilidad del monto pagado.

La investigación también alcanza a los servidores públicos que debieron vigilar esos contratos. La Fiscalía señaló que los funcionarios involucrados omitieron revisar y dar seguimiento al cumplimiento, además de no verificar que existiera la documentación necesaria para respaldar los servicios y los pagos efectuados. Con esos elementos, el Ministerio Público integró la carpeta por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y obtuvo la orden de aprehensión contra la exalcaldesa.

Conviene subrayar el lenguaje: todo lo anterior son señalamientos de la autoridad investigadora, no hechos probados en juicio. La defensa de Campos Miranda no había fijado una postura pública al cierre de esta nota, y será en las audiencias donde se contrasten los contratos, los comprobantes y los testimonios. La dimensión del caso, sin embargo, ya es política: se trata de la detención de una expresidenta municipal de uno de los destinos turísticos más importantes del país.

El otro expediente: 84 millones sin solventar de la cuenta pública 2023

La detención no ocurrió en el vacío. Desde febrero de 2026, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo mantenía observaciones por 84.3 millones de pesos de la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Playa del Carmen que no habían sido solventados. La cantidad formaba parte de aproximadamente 220 millones de pesos en inconsistencias detectadas inicialmente durante la fiscalización, de los cuales se solventaron alrededor de 140 millones y quedaron pendientes unos 80 millones, turnados a la Fiscalía Anticorrupción y Buen Gobierno.

El auditor superior del estado, Miguel Zogby Cheluja Martínez, había informado que se presentarían denuncias contra Campos Miranda por un presunto desfalco a la administración pública por el orden de 80 millones de pesos durante su gestión. Entre las observaciones más relevantes, según la información publicada por Sol Quintana Roo y retomada por Infobae, figuran 88.8 millones de pesos no aclarados del ejercicio fiscal 2023, divididos en 64 millones 90 mil 252 pesos relacionados con obras y servicios públicos financiados con recursos federales y otra partida de alrededor de 24 millones.

En el plano administrativo, la titular del órgano de control, Cristina Alcérreca, explicó que los procedimientos se encontraban en etapa de sustanciación y que los primeros expedientes serían turnados al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo para determinar responsabilidades. Entre las personas señaladas figuraban la ex tesorera municipal, Kira Iris San, y otros integrantes del equipo de la exalcaldesa. Hasta ahora no se ha precisado oficialmente si esas observaciones administrativas guardan relación directa con los contratos de lavado que motivaron la orden de aprehensión, por lo que ambos expedientes deben leerse como vías paralelas: una penal, ya con detención, y otra administrativa y de fiscalización, todavía en curso.

De alcaldesa a fiscal en la CDMX: la trayectoria que hace ruido

Un elemento que ha llamado la atención de todos los medios que cubren el caso es el empleo actual de la detenida. Tras dejar el Ayuntamiento en 2024, luego de perder la reelección frente a Estefanía Mercado, Campos Miranda se incorporó en septiembre de 2026 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo. Es decir, la exalcaldesa investigada en su estado pasó a encabezar una fiscalía especializada en la capital del país.

Ese nombramiento ya había generado comentarios por los expedientes abiertos en Quintana Roo. La exfuncionaria, además, había promovido juicios de amparo contra actuaciones del Órgano Interno de Control municipal, en algunos de los cuales obtuvo suspensiones que, como precisó El Economista, no resuelven el fondo de las observaciones. La detención en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, cuando se dirigía a sus actividades en la capital, convierte esa doble condición en parte central de la conversación pública: la de una operadora de justicia aprehendida por una orden judicial de otro estado.

Su trayectoria política también es parte del contexto. Campos Miranda gobernó Solidaridad, municipio que durante su administración adoptó el nombre de Playa del Carmen, entre 2021 y 2024, postulada por la alianza encabezada por el Partido Acción Nacional. Su gestión quedó marcada por la confrontación con el gobierno estatal y por las observaciones de la auditoría que hoy forman el telón de fondo de su detención.

Lo que sigue: traslado, audiencia y las preguntas abiertas

El procedimiento inmediato es claro: traslado a Quintana Roo, puesta a disposición del juez de control que giró la orden y audiencia inicial dentro del plazo constitucional. En esa audiencia se definirá si se le vincula a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y qué medidas cautelares se le imponen, que pueden ir desde la presentación periódica hasta la prisión preventiva, según lo que solicite el Ministerio Público y valore el juez.

Las preguntas abiertas son varias. No se ha informado si existen órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios de su administración por los mismos contratos. Tampoco se conoce la postura de la Fiscalía capitalina sobre la situación laboral de su fiscal de narcomenudeo, ni la reacción formal del PAN, el partido que la postuló a la alcaldía. Y queda por aclararse la relación, si la hay, entre la carpeta penal de los contratos de lavado y el expediente de fiscalización por los 84 millones sin solventar.

Mientras esos cabos se atan, el caso ya dejó su imagen: una exalcaldesa que investigaba delitos en la capital detenida a unas cuadras del Congreso, por contratos de lavado de autos que sumaron más de 62 millones de pesos. La justicia dirá si hubo delito; la política, mientras tanto, ya discute el tamaño del escándalo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué detuvieron a Lili Campos?

La Fiscalía de Quintana Roo la acusa de su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por tres licitaciones presuntamente irregulares para el lavado de vehículos oficiales, con pagos superiores a 62 millones de pesos sin la documentación fiscal completa.

¿Dónde y cuándo fue la detención?

El jueves 19 de noviembre de 2026, a las 19:47 horas, en la colonia De la Unión Zapata, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, según el Registro Nacional de Detenciones. Quedó a disposición de la FGR en Tacubaya, con estatus de traslado.

¿Qué pasará ahora con la exalcaldesa?

Será trasladada a Quintana Roo para la audiencia inicial ante el juez que ordenó su captura, quien resolverá su situación jurídica dentro del plazo constitucional. La detención no implica culpabilidad y conserva la presunción de inocencia.

¿Qué relación hay entre la detención y los 84 millones observados por la auditoría?

Son expedientes distintos por ahora. La auditoría estatal mantiene observaciones sin solventar por 84.3 millones de pesos de la cuenta pública 2023, en vía administrativa y de fiscalización; la detención deriva de la carpeta penal por los contratos de lavado. Las autoridades no han precisado si ambos casos están vinculados.

Fuentes: Milenio; Infobae México; El Economista; Sinaloa Hoy; Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; Registro Nacional de Detenciones; Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

¿Tú qué opinas: los contratos de servicios «menores» son la puerta más común de la corrupción municipal? Cuéntanos en los comentarios.

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