“Es inconcebible que Marruecos, un país que se dispone a organizar la Copa del Mundo de Fútbol [en 2030], tolere este sufrimiento”, decía el pasado septiembre Said Ait Mehdi, de 32 años, ante los restos de su casa en una aldea del Alto Atlas, arrasada un año antes por un terremoto que causó casi 3.000 muertos y dañó cerca de 60.000 viviendas. Ait Mehdi, presidente de la Coordinadora de Víctimas del Seísmo, fue detenido en diciembre y ha sido condenado esta semana a tres meses de cárcel por “difamación”, tras haber sido denunciado por tres funcionarios a quienes había criticado en las redes sociales por la lentitud de su gestión en las ayudas a los damnificados del terremoto. También en diciembre, el activista propalestino Ismail Ghazaui fue sentenciado a un año de prisión por “incitación delictiva mediante medios electrónicos”, tras cuestionar en medios sociales la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos en plena guerra de Gaza. Ghazaui participó en acciones de protesta por el atraque en el puerto de Tanger Med de buques sospechosos de transportar armamento con destino al ejército israelí.
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