Hace semanas escribimos aquí sobre el riesgo de una crisis constitucional derivada del enfrentamiento entre los poderes del Estado por resoluciones divergentes sobre la reforma al Poder Judicial. Hubo muchas otras manifestaciones en sentido contrario, se adujo para ello que contra reformas constitucionales no procede el amparo y las dificultades para interponer recursos de inconstitucionalidad.
Los hechos de los últimos días nos ponen al borde de un conflicto institucional nunca antes visto en nuestro país y si bien tiene muchas vertientes y aristas, lo que sí denota es al menos la debilidad de la política democrática y la creciente tendencia hacia la imposición.
Digo esto no porque piense que la constitucionalidad y la impartición de justicia deban estar sujetas a negociación, sino porque el oficio político, aquel que convence y suma, debe prevalecer y más tratándose de cuestiones tan delicadas como el rediseño del Estado, cuestión ante la que estamos.
Lo que vimos desde el pasado 5 de febrero fue la concepción de una forma de ejercer el poder del Estado, un estilo de gobierno, según la cual los cambios se imponen y no están sujetos a la deliberación. El transcurso de los últimos seis años y en particular de los últimos nueve meses, así lo evidencian. Había que ganar las elecciones presidenciales y el Congreso de la Unión, aunque fuera construyendo una mayoría calificada que no emanó de las urnas, para desde ahí imponerse ignorando a las minorías y a las grandes mayorías que se han alejado de los comicios.
Se ha llegado muy lejos y lo que sigue prevaleciendo, aun con el cambio de gobierno, son las descalificaciones y los amagos.
Bien es sabido que cuando en un diálogo los argumentos de una de las partes se agotan y carecen de sustento y creatividad, es frecuente que a quien esto le sucede recurra a la amenaza, a la intimidación e incluso a la fuerza para subsanar sus deficiencias e imponerse. Esto puede ser frecuente entre los adolescentes, pero es grave cuando se trata de personas que ostentan los más altos cargos de responsabilidad en una sociedad.
La semana pasada fuimos testigos de cómo después de la resolución de la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al admitir a análisis la constitucionalidad de la reciente reforma al Poder Judicial, integrantes de ese máximo tribunal y quien ahora preside el Senado de la República inmediatamente hablaron de un golpe de Estado y de la posibilidad de abrir juicio político contra quienes osaron darse el espacio para analizar la procedencia de la reforma.
No es la primera vez que esto sucede, podemos hacer una larga lista de amenazas de juicio político a diferentes actores que tuvieron valoraciones distintas a las dominantes. Al mismo tiempo ha abundado el abuso de las imágenes catatastrofistas, recientemente el mismo expresidente López Obrador habló de un golpe de Estado técnico.
En aquella ocasión, escribí en esta misma columna sobre la irresponsabilidad de semejante juicio y que no se le podría achacar ingenuidad a quien lo pronunció, ya que López Obrador sabe muy bien qué quiere decir golpe de Estado. La historia, lamentablemente, está llena de ellos y a nuestra generación nos refiere a la América Latina de las últimas décadas del siglo pasado.
Quien entonces usó tal figura para descalificar a quien piensa distinto y quienes hoy recurren a lo mismo con propósitos similares, no solo rehúyen el diálogo que su investidura les exige, sino llaman a un linchamiento social desde las posiciones de poder que hoy ostentan, ya que buscan crear al “enemigo común” contra el “buen gobierno”. A cambio de eso nos hubiera gustado escuchar razones, ver esfuerzos, sobre todo de quien tiene la más alta responsabilidad de cuidar la unidad de la República.
¿Qué quiere decir golpe de Estado? En sentido estricto, se refiere a alterar el orden institucional establecido para imponer otro, cuestión ejecutada por fuerzas “revolucionarias” o por poderes fácticos que ven amenazados sus intereses. Pero, ¿qué significa esto pronunciado desde el poder y desde el bloque mayoritario gobernante? ¿Qué es acaso la continuidad radicalizada de una política que ignora a los que piensan distinto?
Todo lo anterior parecería más bien la preparación de un escenario de un autogolpe de Estado, o quienes desde el bloque gobernante así lo ven. La presidenta de la República dijo que no quería caer en provocaciones. ¿A qué provocaciones se referiría? ¿No hubiera sido más acorde a su investidura y consistente con su oferta de gobernar para todas y todos, un llamado al diálogo y a la conciliación como proponía Doña Efigenia Martínez, presidenta del Congreso, en una intervención que lamentablemente no pudo hacer el pasado 1 de octubre y del que aquí rescatamos dos ideas:
“Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos.”
“Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario”.
Además, en todo esto hay efectos secundarios, colaterales dirán algunos, y uno de los mayores es el cultivo del descrédito sobre las resoluciones judiciales, en una sociedad en la que prevalece un débil Estado de derecho.
Ahora desde la Presidencia de la República y desde el mismo Poder Judicial se habla de la corrupción de éste y como solución se convoca a elecciones directas de juzgadores, ese es el respeto que nos merece el ejercicio de tan alta responsabilidad y graves serán las consecuencias de la falta de credibilidad de las resoluciones que emanen de un poder desacreditado.
POSDATA: El Consejo de la Judicatura Federal comunicó al Senado que, en virtud de las suspensiones emitidas, está imposibilitado para entregar la información sobre las listas de juzgadores federales necesaria para elaborar la convocatoria para la elección de los mismos. Dado ese acuerdo, ¿a quién se va a elegir? Y ¿qué hará el INE, sin certeza de la convocatoria y con sentencias que le obligan a NO continuar con sus trabajos?
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