Existe un debate público en torno a cuáles deben ser las funciones del Estado en una sociedad. Los que abrazan el neoliberalismo a ultranza arguyen que su función debe quedar limitada a proveer lo mínimo, es decir, que sus responsabilidades queden constreñidas a ofrecer educación, salud y seguridad.
En contraste, los economistas y analistas en el otro costado del espectro ideológico sostienen que las funciones del Estado deben incluir, además de las materias señaladas, aspectos como la construcción de vivienda, aerolíneas, transporte, alimentos, la regulación de los mercados, entre otros.
No obstante la discusión, la solución al dilema reside en cada sociedad. Si bien muchos sostienen que el Estado debe ser partícipe en la vida pública –suscribo esta idea en términos generales– el caso de México presenta particularidades que merecen un análisis específico.
El Estado mexicano es disfuncional y repetidamente, corrupto. Así ha sido demostrado por las diversas organizaciones civiles, órganos de supervisión y como resultados de trabajos periodísticos. Sumado a ello, la ineficacia e ineficiencia de su labor han sido puestas de manifiesto en obras públicas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el propio Pemex.
Su ausencia de visión de negocios, las deficiencias en materia de transparencia y la ineficiencia en la administración de los recursos se han traducido en gestiones de baja calidad y en malos resultados, amén de las altas probabilidades de numerosos casos de corrupción y conflicto de interés.
No obstante estos resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum y el régimen persisten en la idea de expandir las funciones del Estado mediante el fortalecimiento del INFONAVIT y el mantenimiento de Mexicana. En el primero pretenden que ahora construya vivienda, y en el segundo, que continúe operando, a pesar de las dudas sobre su viabilidad en el mediano plazo.
Sí, el Estado debe tener una participación activa en la esfera pública, en la regulación de los mercados imperfectos, en el combate contra la pobreza y la desigualdad, y si se quiere, debe intervenir en la economía en el marco de las leyes.
Sin embargo, estos postulados deben permanecer en el universo de la teoría y ser aplicables a otros países con menores niveles de corrupción y mayor transparencia y ética política.
México, derivado de sus condiciones estructurales, bien debería limitarse a ofrecer salud, educación de calidad, seguridad, y en todo caso, brindar programas sociales como parte de una estrategia amplia de política social.
