Por si a alguien le quedaba duda, el asunto quedó aclarado. Fue el propio presidente López Obrador quien, sin recato alguno, la semana pasada reveló lo que ya muchos suponíamos. Que él mismo dio la indicación, según lo dio a entender (al buen entendedor…), que las dos magistraturas electorales, que desde noviembre del año pasado están acéfalas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), permanezcan así, sin titulares.
¿Por qué razón lo anterior? Para evitar –dijo– la llegada a esa Sala de dos juristas “conservadores”. Ah, bueno, ante tan demoledora argumentación, ¿qué se puede hacer? Desde luego, exigir el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y quizá, por ahí, alguna travesura.
Antes, procede recordar que de acuerdo a la Constitución, la mencionada Sala Superior (SS) debe estar integrada por siete magistrados. Desde noviembre solo tiene cinco porque dos de ellos cumplieron su periodo de nueve años. Y para calificar la elección presidencial y declarar presidenta electa, la ley establece un quórum especial de la SS de seis de sus integrantes presentes. Número este que con magistrados titulares le resulta imposible reunir. Porque no los tiene.
Para suplir tal deficiencia, el jueves de la semana pasada el Pleno de la SS nombró a una magistrada de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle, para que actúe como “sexta” magistrada de SS en la calificación de la elección presidencial, que por lo visto le urge al oficialismo.
Tal nombramiento es ilegal. ¿Por qué? Porque esta especie de suplencia solo está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en su art. 167, en dos casos expresamente mencionados: 1. Cuando se trate de la ausencia temporal por hasta 30 días de algún magistrado; y 2. Cuando se suscite una “vacante definitiva”, la cual se presenta si un magistrado no cubre (por fallecimiento, renuncia o inhabilitación) el periodo original de nueve años para el que fue designado, en cuyo caso “mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente solución”.
En consecuencia, el nombramiento de la magistrada Claudia Valle no tiene fundamento en ninguno de los dos supuestos previstos por el art. 167 de la LOPJF. En el primer caso, porque no se trata de cubrir la ausencia temporal hasta por 30 días de algún magistrado. Y en el segundo, en razón de que los dos magistrados de SS que están faltando cumplieron íntegramente el periodo de nueve años para el que fueron nombrados.
Como las propuestas de magistrados electorales –en terna por vacante– le corresponde hacerlas a la Suprema Corte, para ser presentadas al Senado, López Obrador ha de suponer que se trata de candidatos de buen perfil por su preparación, experiencia, trayectoria profesional y honorabilidad. Tal vez por eso los califica de juristas “conservadores”. Quisiera que fueran como las candidaturas que él propone, tipo Lenia Batres.
Es bien sabido que de los cinco magistrados titulares que ahora integran la SS, tres están cooptados por el oficialismo y dos actúan con independencia y objetividad. ¿Sería mucho pedir a estos dos últimos que con base en el ilegal nombramiento de la “sexta” magistrada estén ausentes de las sesiones de calificación de la elección presidencial a las que sean convocados?
Con su ausencia sería imposible el quórum especial establecido por la ley para la sesión de calificación de la elección presidencial. Sería darle a AMLO una dosis de su propia medicina. Además, luego de su confesión de la semana pasada, ¿tendría cara el presidente de alegar alguna ilegalidad? Tal vez solo podría quejarse de una simple travesura.
En fin, hay momentos de importancia capital –en la historia personal y en la vida pública nacional– en que es necesario actuar con decisión, valentía y coraje. Los dos magistrados independientes tienen la palabra. ¿Se atreverán a ser traviesos?