La crisis de inseguridad en las carreteras mexicanas ha alcanzado un punto de ebullición insostenible. En un golpe directo al corazón del discurso oficial, los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han pateado el tablero de Gobernación, abandonando las mesas de negociación con el subsecretario César Yáñez.
La exigencia es clara y desesperada: basta de atole con el dedo. Tras cuatro meses de falsas promesas, los transportistas han sentenciado que no regresarán a dialogar mientras las carreteras sigan siendo un cementerio a cielo abierto, dominado por el crimen organizado ante la inacción de una Guardia Nacional que, para muchos, brilla por su ausencia en los tramos más peligrosos.
El mensaje de los gremios es contundente: no hay política de bienestar que soporte el colapso de la seguridad básica en las arterias del país.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que el rumbo de su gobierno no cambiará, la realidad en el asfalto contradice su narrativa. La ruptura de este diálogo no es solo un problema administrativo; es la evidencia de una fractura profunda entre el Estado y quienes sostienen la economía nacional, quienes hoy se sienten abandonados a su suerte frente a la delincuencia.
¿Está el gobierno dispuesto a sacrificar la estabilidad del transporte nacional por mantener una postura de inmovilismo que, a todas luces, le está costando vidas humanas?
