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Diputados avalan “Ley espionaje” para intervenir comunicaciones sin orden judicial; oposición señala modificaciones engañosas

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta nueva normativa permitirá el acceso irrestricto, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas, con el objetivo de combatir los delitos en el país.

La propuesta, conocida como «Ley espionaje», recibió 445 votos a favor por parte de los partidos Morena, PT, PVEM, MC y PAN, mientras que el PRI emitió 37 sufragios en contra. Antes del debate, el dictamen fue modificado en su totalidad, generando controversia entre la oposición.

Entre las modificaciones realizadas, se eliminó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía móvil, pero se mantuvo la posibilidad de acceso a bases de datos públicas y privadas sin necesidad de una orden judicial. Además, se otorgaron más atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Durante el debate, las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano presentaron mociones suspensivas para detener la votación del proyecto, las cuales fueron rechazadas. La diputada de MC, Claudia Ruiz Massieu, expresó su preocupación por las modificaciones realizadas, calificándolas de «engañosas».

Por su parte, la diputada de Morena, Jessica Saiden, destacó que esta nueva ley representa una visión de futuro en materia de seguridad, con un enfoque humano y ético. Sin embargo, la bancada del PAN denunció la reforma como una medida que promueve el espionaje.

Tras la aprobación en lo general, se dio inicio al debate en lo particular, donde se discutieron los puntos específicos de la ley. La controversia y las críticas continúan entre las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

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AMLO celebra aprobación de reforma a la Guardia Nacional en Diputados: “Estoy muy contento y tranquilo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado abiertamente su satisfacción tras la reciente aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, que ahora quedará bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta reforma fue discutida intensamente en la Cámara de Diputados y, para AMLO, representa la culminación de un esfuerzo de cinco años para consolidar la Guardia Nacional como una institución clave para la seguridad pública en México.

Durante su conferencia mañanera el pasado 20 de septiembre, López Obrador declaró: «Yo estoy muy contento y además tranquilo». Explicó que la reforma asegura la permanencia de la Guardia Nacional como una entidad de seguridad robusta y confiable, evitando que, en el futuro, surja un escenario de corrupción o colapso similar al que sucedió con la extinta Policía Federal bajo la administración de Genaro García Luna. López Obrador criticó duramente a García Luna, quien actualmente enfrenta cargos en los Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado, y lo presentó como un símbolo del fracaso y corrupción en la antigua estructura de seguridad mexicana.

Este nuevo marco legal, que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Sedena, ha sido una de las reformas más polémicas del gobierno de López Obrador. Para algunos sectores de la sociedad, esta medida representa una militarización del país. En respuesta a estas críticas, el presidente se ha defendido, argumentando que esta integración garantiza la profesionalización y disciplina de la Guardia Nacional, características que no se lograron bajo administraciones anteriores. Según él, esta reforma impedirá que el país vuelva a caer en un esquema de corrupción y complicidad con el narcotráfico, tal como sucedió durante los años en que García Luna manejaba la seguridad nacional​.

La polémica por la militarización

Desde el inicio de la creación de la Guardia Nacional, las críticas sobre su posible militarización han sido un tema recurrente. Grupos de la oposición y organizaciones civiles han advertido de los riesgos que implica que las fuerzas de seguridad civiles estén bajo el control directo de los militares. A pesar de estas preocupaciones, la administración de López Obrador ha argumentado que esta es la mejor opción para mantener la seguridad y reducir la violencia en el país, que ha alcanzado niveles históricos durante los últimos años. AMLO ha insistido en que, bajo este nuevo esquema, la Guardia Nacional no se convertirá en una fuerza represiva, sino en una herramienta para garantizar la paz y el orden.

Sin embargo, sectores de la oposición, tanto en el Congreso como en la sociedad civil, han señalado que este movimiento representa una consolidación del poder militar en el país, lo que puede debilitar las instituciones civiles y crear un desequilibrio en el control democrático. Claudia Sheinbaum, presidenta electa y aliada política de AMLO, será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas cuando asuma el cargo en 2024. Por su parte, Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad, se espera que desempeñe un papel crucial en la transición de la Guardia Nacional hacia una estructura más militarizada.

La respuesta del gobierno y las críticas a García Luna

López Obrador ha utilizado esta reforma como una oportunidad para reiterar sus críticas al gobierno de Felipe Calderón y, en particular, a Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad durante esa administración. García Luna, actualmente en prisión en Estados Unidos, ha sido acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa, lo que ha alimentado las narrativas del actual gobierno sobre los errores y fracasos de administraciones pasadas en la lucha contra el narcotráfico.

En su discurso, López Obrador aseguró que la reforma a la Guardia Nacional evitará que se repitan los errores del pasado. «Si no lo hacemos, nos va a salir otro García Luna», advirtió el mandatario, enfatizando la importancia de la reforma para garantizar que la Guardia Nacional siga siendo una institución confiable y que no se corrompa como la Policía Federal. Esta referencia a García Luna es significativa porque encapsula gran parte del argumento del gobierno: que las estructuras de seguridad civil anteriores fallaron debido a la corrupción y la infiltración del crimen organizado.

Además, López Obrador destacó que, a diferencia de la Policía Federal, la Guardia Nacional ha ganado rápidamente el respaldo de la mayoría del pueblo mexicano. Esto se debe, en parte, a los resultados visibles en varias regiones del país donde la presencia de la Guardia Nacional ha contribuido a la reducción de la violencia, aunque los críticos señalan que aún queda mucho trabajo por hacer.

Lo que viene para la Guardia Nacional y la seguridad en México

Con la reforma aprobada, la Guardia Nacional operará bajo el mando de la Sedena, una medida que asegura su control y dirección militar a largo plazo. Esto plantea nuevas preguntas sobre el futuro de la seguridad en México. Aunque el presidente ha prometido que no habrá una «militarización» de las funciones civiles, los críticos no están convencidos.

López Obrador concluyó sus comentarios confiando en que tendrá el tiempo suficiente para firmar la reforma antes de concluir su mandato, asegurando así que la Guardia Nacional continúe como una institución clave en el marco de la seguridad pública en el país. Sin embargo, esta reforma también abrirá debates importantes sobre la separación de poderes, la transparencia en la seguridad, y el papel que jugará la Guardia Nacional en el futuro cercano.

Con la presidencia de Claudia Sheinbaum en el horizonte, y una posible continuidad de las políticas de AMLO en temas de seguridad, la implementación de esta reforma será uno de los mayores retos a enfrentar para el próximo gobierno. La Guardia Nacional, con más de 120 mil elementos desplegados por todo el país, se encuentra en el centro del debate sobre cómo abordar la creciente violencia y el crimen organizado que afectan a México. Lo que suceda en los próximos años será crucial para definir si esta reforma logra consolidar la estabilidad y la paz que el gobierno actual promete, o si generará nuevas tensiones y desafíos​.

En 8 minutos, Cámara de Diputados declara constitucionalidad de reforma al Poder Judicial

En una jornada que quedará marcada por su brevedad y el alto impacto político, la Cámara de Diputados de México, en una sesión de apenas 8 minutos, dio paso al cierre del proceso legislativo que culminó con la aprobación de la polémica reforma al Poder Judicial. Este cambio legal fue celebrado con gran entusiasmo por los legisladores del partido gobernante, Morena, y sus aliados, mientras las bancadas opositoras decidieron ausentarse en señal de protesta.

Celebración en San Lázaro

La escena en el recinto de San Lázaro fue protagonizada por los diputados de Morena, quienes no ocultaron su satisfacción al aprobar la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre consignas y aplausos, la mayoría morenista llevó a cabo la votación sin mayor dilación, mientras las bancadas de oposición decidieron no participar en esta sesión, acusando que la reforma amenaza la independencia del Poder Judicial.

Pedro Vázquez González, diputado del Partido del Trabajo (PT) y secretario de la Mesa Directiva, fue el encargado de anunciar que se recibieron 23 votos aprobatorios por parte de las legislaturas estatales, lo que permitió avanzar hacia la declaración de constitucionalidad. Entre los estados que apoyaron la reforma se incluyen Baja California, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, y la Ciudad de México, entre otros.

Reformas clave en el Poder Judicial

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, fue el encargado de emitir la declaratoria oficial. En su discurso, destacó que el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades constitucionales, procedió a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo al Poder Judicial.

Entre los cambios más trascendentales está la elección por voto popular de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de los magistrados de las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Además, el número de ministros en la SCJN se reducirá de 11 a 9, con lo que el gobierno de AMLO busca una mayor cercanía con el pueblo, argumentando que estas elecciones fortalecerán la legitimidad de las decisiones judiciales.

Jueces sin rostro y mayor vigilancia

Otro punto destacado en la reforma es la incorporación de la figura de los «jueces sin rostro». Este concepto, inspirado en modelos implementados en otros países, prevé que los jueces que deban tratar con casos de delincuencia organizada puedan ocultar su identidad para preservar su seguridad y la de sus familias. La implementación de estas medidas se hará conforme a los procedimientos que establezca la ley, y se aplicará exclusivamente en circunstancias de riesgo elevado.

Críticas de la oposición

La reforma ha sido duramente criticada por los partidos de oposición, quienes la califican como un retroceso democrático que podría comprometer la independencia del Poder Judicial. Al ausentarse de la sesión, los legisladores opositores enviaron un claro mensaje de rechazo a lo que consideran una «politización» de la justicia.

Para legisladores como Santiago Creel, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), la reforma abre la puerta a una posible subordinación de los jueces y magistrados al poder político, lo que debilitaría la imparcialidad del sistema judicial mexicano.

Por su parte, los partidos de izquierda como el PRD también han expresado preocupación ante la concentración de poder que podría derivar de esta reforma. Según la diputada Verónica Juárez, la iniciativa impulsada por AMLO es un golpe directo a la separación de poderes y plantea un riesgo para la democracia en el país.

Morena defiende la reforma

A pesar de las críticas, los diputados de Morena han defendido con firmeza la reforma, asegurando que responde a una necesidad histórica de democratizar el Poder Judicial y hacerlo más accesible para la ciudadanía. Según Gutiérrez Luna, el objetivo principal de la reforma es acabar con el «elitismo» en la Suprema Corte y acercar la justicia al pueblo mexicano.

Para los simpatizantes de la reforma, uno de los principales problemas del sistema judicial actual es que los ministros de la Suprema Corte, al ser designados por el presidente, no reflejan verdaderamente la voluntad popular. Con las nuevas elecciones judiciales, se espera que la población tenga una mayor injerencia en el proceso de selección de jueces y magistrados, lo que fortalecería la legitimidad de las instituciones.

Además, los defensores de la reforma han subrayado la importancia de los «jueces sin rostro» en la lucha contra el crimen organizado, argumentando que la protección de la identidad de los jueces es crucial para garantizar la imparcialidad en casos de alto riesgo.

Proceso legislativo finalizado

Con la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, la reforma al Poder Judicial ha quedado oficialmente avalada y ahora será remitida al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez que la reforma sea publicada, comenzará el proceso para implementar los cambios aprobados, aunque se anticipa que algunos de ellos podrían enfrentarse a desafíos legales y políticos en los próximos meses.

Reacciones en redes sociales

La reforma al Poder Judicial ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde tanto simpatizantes como detractores han expresado sus opiniones. En plataformas como Twitter y Facebook, el tema ha sido tendencia en los últimos días, con hashtags como #ReformaJudicial y #DemocraciaJudicial ganando popularidad.

Mientras los seguidores de AMLO celebran la aprobación de la reforma como una victoria del «pueblo», muchos usuarios han manifestado su preocupación por el impacto que estos cambios tendrán en la independencia de las instituciones judiciales. En particular, el voto popular para elegir a los ministros de la Suprema Corte ha sido uno de los aspectos más polémicos de la reforma, con numerosos comentarios que cuestionan si este sistema garantizará la imparcialidad y profesionalismo en el Poder Judicial.

Lo que sigue para el Poder Judicial

La publicación de la reforma en el DOF marcará el inicio de una nueva etapa para el Poder Judicial en México, pero su implementación no será inmediata. Algunos aspectos de la reforma, como las elecciones de los ministros y magistrados, requerirán cambios adicionales en la legislación secundaria, lo que podría extender el proceso de varios meses a años.

Además, algunos expertos en derecho constitucional han anticipado que la reforma podría enfrentarse a impugnaciones legales ante la Suprema Corte de Justicia, ya que algunos de sus elementos son considerados controvertidos en términos de su constitucionalidad. No obstante, con la mayoría morenista en el Congreso y el respaldo del presidente, es probable que la reforma avance sin mayores obstáculos en el corto plazo.

Este tema promete seguir siendo uno de los más discutidos en el panorama político mexicano durante los próximos meses, con importantes implicaciones para el futuro del sistema judicial y la relación entre los poderes del Estado. Mantente atento a las actualizaciones sobre la reforma y sus efectos en la estructura política de México.