A un mes de la elección, estamos discutiendo un problema que no teníamos, y que no ayuda en nada: el ataque al Poder Judicial. Como ocurrió en todo el sexenio, no se resuelven los temas relevantes, sino que se suman conflictos creados desde la Presidencia, con el único fin de mantener ocupado al público, debilitar contrapesos y vivir en campaña permanente.
Lo que deberíamos estar revisando hoy es cómo evitar un problema mayúsculo con las finanzas públicas, y cómo aprovechar el momento global para detonar un crecimiento que perdimos hace seis años, precisamente después de una decisión como las comentadas en el párrafo anterior: la cancelación del NAIM.
Existe una forma de enfrentar los dos asuntos mencionados, las finanzas públicas y el posicionamiento de México a nivel global: impulsar el mercado energético. El principal obstáculo a las nuevas inversiones en nuestro país es la escasez de electricidad. Hay muchas otras cosas que pueden mejorar, pero la falta de electricidad es una restricción de verdad. En el sexenio que termina, se detuvieron proyectos privados, algunos terminados, para satisfacer las ansias estatistas del Presidente y del director de CFE. Se actuó ilegalmente, doblegando a la CRE, impulsando una ley inconstitucional y promoviendo todo tipo de obstáculos regulatorios. Gracias a ello, hoy no tenemos abasto suficiente.
En el sexenio, la comisión no invirtió en lo que le corresponde, que es transmisión y distribución, además de bloquear la inversión privada en generación. Así, aunque esto último podría resolverse con cierta facilidad, las inversiones pospuestas requerirán años. Esto obliga a una estrategia que permita la generación local (distribuida) en lo que transmisión puede recuperarse.
Por otro lado, creo que ya todo mundo entiende que la mitad del problema fiscal inmediato viene de Pemex. En este sexenio, la producción de crudo se redujo, las pérdidas se incrementaron, la deuda no mejoró y le metimos poco menos de 400 mil millones de pesos al año. Dejar de refinar en México (o reducir significativamente la refinación) permitiría eliminar buena parte de esas pérdidas. Trasladar la deuda al gobierno federal reduciría su costo, y por lo mismo otro tramo de los costos.
Este paso no es simple, porque hay que convencer a las agencias calificadoras de que esto representa una reducción de riesgo para el soberano, y si eso tenía algo de dificultad en mayo, ahora está peor. Sin embargo, creo que se podría.
Esta decisión reduciría el déficit para el año próximo en una cuarta parte, y con un poco de esfuerzo adicional, se podría llegar al 3.5% que anunció Sheinbaum hace unos días. Si a eso se sumara una política energética clara, facilitando la inversión privada en electricidad y en explotación de crudo, los próximos años podrían ser buenos.
El único detalle es que estas decisiones no parecen segundo piso. Y si no está siendo capaz el nuevo equipo de detener una acción demencial, como lo es la reforma al Poder Judicial, no parece que puedan revertir la política energética del actual gobierno. Esto es relevante, porque todo depende de la energía: las finanzas públicas, la inversión y, por consecuencia, el crecimiento, el empleo y la permanencia de las dádivas electorales.
Como tantas veces lo comentamos en esta columna, el gobierno que termina fue un fracaso monumental, aunque le haya dado tiempo de sostener la burbuja para ganar la elección. El próximo gobierno no llega con ahorros, crecimiento y confianza de los inversionistas, como sí llegó el que ahora termina. Llega en medio de una crisis fiscal y energética, a la que ahora le suman una crisis de confianza por el ánimo vengativo de López Obrador. Tienen dos meses para acotarlo.
