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El Senado de la República de México aprobó recientemente una serie de reformas a la ley de combate al lavado de dinero, con el objetivo de cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Estas modificaciones otorgan mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, así como aumentan la vigilancia sobre las operaciones con tarjetas de crédito y los movimientos financieros de políticos y sus allegados.
Durante una discusión que duró menos de tres horas, las reformas fueron aprobadas en lo general por 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones. Estas modificaciones afectan a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal.
Tras la aprobación en lo particular, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación final. Estas reformas introducen cambios significativos en la responsabilidad penal y el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Entre las principales novedades de estas reformas se encuentra la obligación de la Fiscalía General de la República de informar a la UIF cuando detecte un delito de lavado de dinero, con el fin de recabar la denuncia y ejercer acción penal para identificar redes criminales, recuperar activos y evitar la impunidad.
Además, se faculta a la Secretaría de Hacienda para solicitar información sobre movimientos sospechosos a cualquier autoridad del país y órganos autónomos. También se establece que diversas instituciones públicas deberán proporcionar información a la Secretaría de Hacienda en el ejercicio de sus atribuciones.
Estas reformas también contemplan cambios en los umbrales sobre depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de prepago y recibos por honorarios, con el objetivo de combatir el lavado de dinero de manera más efectiva.
En resumen, estas reformas buscan fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México, así como aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema financiero del país.