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Reforma electoral y debilitamiento de la pluralidad
La próxima estación de la vorágine de reformas será la electoral. Aún no se tiene una idea precisa de sus alcances, pero tendrá dos componentes que distorsionarán la realidad política: la supresión o reducción de los espacios plurinominales y la reducción del financiamiento.
Terminar con los diputados y senadores plurinominales es la forma más eficaz de sepultar a la pluralidad.
Es una falacia señalar que quienes no ganan en los distritos no cuentan con una representación, cuando, por el contrario, lo hacen al contar con apoyos ciudadanos que son relevantes y que superan los parámetros del 3% de la votación válida, lo que no es un asunto menor.
El sujetar a los partidos a una disputa entre los dos finalistas, conllevaría a edificar una suerte de régimen bipartidista, funcional desde la óptica de quien tiene el poder, pero no de los que aspiran a conquistarlo y, en particular, los que por el momento son minoría, pero la historia muestra que estos parámetros nunca son definitivos. Morena es el ejemplo más claro de esta premisa.
Y reducir el financiamiento público es abrir la puerta, aún más, a los poderes fácticos para incidir en las disputas y conformación del poder político.
En las elecciones del año pasado, quedó bastante claro el cómo las organizaciones del crimen organizado inciden ya en la postulación de candidatos sobre todo en lo que respecta a los municipios.
Los bandidos determinan quién se postula y quién no. Para hacerlo utilizan dos herramientas, el financiamiento de las campañas o las balas.
Si esto no se ha generalizado, es precisamente porque el financiamiento público a los partidos políticos ataja la entrada de esos intereses y, además, establece sistemas de auditoría y rendición de cuentas, donde el INE tiene un papel fundamental.
Una peculiaridad de las próximas reformas electorales es que, por primera vez en décadas, no cuentan con el acompañamiento de la oposición.
Al parecer en Palacio Nacional y en Morena olvidan que es fundamental la participación de los diversos partidos y corrientes que conforman nuestra pluralidad, para que los cambios cuenten con legitimidad en el tiempo.
Así se hizo desde los años setenta, cuando el presidente José López Portillo abrió la puerta a la primera reforma de gran calado y con la participación, no solo del PAN, sino del Partido Comunista Mexicano que, hasta esos momentos, estaba proscrito.
Los siguientes cambios fueron producto de una larga serie de negociaciones, muchas de ellas propiciadas por la izquierda y por personajes que ahora son impulsores de la cancelación de los parámetros de aquella transición que permitió, entre otras cosas, tres alternancias en la presidencia de la República de modo pacífico.
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Julián Andrade
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