El gobierno de México ha desvelado lo que denomina “Plan México”, un proyecto que, a primera vista, parece tan ambicioso como el propio país es vasto y diverso. Este plan promete atraer inversiones millonarias, crear empleos a escala masiva y fortalecer la producción nacional, todo ello con un enfoque en la sostenibilidad energética. Suena a una sinfonía de buenas intenciones, pero la música de fondo de la realidad política y económica mexicana toca una melodía distinta y discordante.
La ambición del plan es innegable. Propone cifras de inversión que harían palidecer a cualquier gobierno anterior: 277,000 millones de dólares en inversiones y 1.5 millones de nuevos empleos. Sin embargo, la viabilidad de estos objetivos se tambalea sobre un terreno inestable. La ausencia de un Estado de derecho robusto y la incertidumbre jurídica son como arenas movedizas para cualquier inversor con visión a largo plazo. Las críticas no tardan en llegar, destacando la contradicción entre un nacionalismo económico y la necesidad de inversión extranjera directa.
Además, el plan no detalla con claridad los mecanismos y políticas específicas que asegurarían estos logros. Es como si se nos presentase un mapa del tesoro sin las indicaciones precisas de cómo llegar al botín. La inseguridad y la violencia siguen siendo un dolor de cabeza persistente, lo que no augura bien para un ambiente propicio a la inversión y el desarrollo económico sostenido.
Por otro lado, reconocer la importancia del sector empresarial para el éxito del plan es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, para que esta colaboración se materialice, el gobierno debe ofrecer más que palabras; necesita acciones concretas que restauren la confianza y la estabilidad.
En conclusión, el Plan México puede ser una visión inspiradora, pero sin un enfoque detallado de cómo superar los obstáculos existentes, corre el riesgo de quedarse en el papel, como un sueño más de un México próspero que aún no logra despertar a la realidad.
