La reforma al Poder Judicial propuesta por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría ser un parteaguas para que otros países latinoamericanos hagan modificaciones al sistema judicial.
El primero en levantar la mano fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien propuso que los jueces de su país sean elegidos por la ciudadanía y no por los miembros del poder judicial.
El mandatario colombiano, inspirado en la iniciativa aprobada en México, aseguró que la elección de jueces por voto popular podría ser una vía para “enfrentar las tensiones entre la justicia y el pueblo”.
“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”, aseguró el presidente de Colombia.
Las expresiones realizadas por Gustavo Petro, durante la toma de protesta de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la sección segunda del Consejo de Estado, provocaron una serie de reacciones por parte de organismos y expertos especializados en temas judiciales en Colombia.
🇨🇴🗣️»Creo que todas las instituciones del país deben hacer más claro que el único que tiene el poder en Colombia es el pueblo y que todo servidor público lo que tiene que hacer es entregarle el poder al pueblo»: Presidente @petrogustavo
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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 8, 2024
Jueces en Colombia contra la elecciones en el Poder Judicial
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia se pronunció en contra de la propuesta realizada por Gustavo Petro, advirtiendo que la elección popular de jueces sería una amenaza directa a la democracia que vulnera la separación de poderes.
La división de poderes “es fundamental para garantizar la democracia y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de sus deberes y del estado”, comentó Hermes Lara presidente de la corporación.
Hermes Lara remarcó que la elección de jueces y magistrados ocasionarían un grave riesgo de que los partidos políticos, sector privado, grupos criminales y el narcotráfico tengan injerencia en las elecciones “para poner a su servicio a la administración pública”.
El presidente de la corporación ve necesario el fortalecimiento de la carrera judicial, donde se garantice que los abogados mejor capacitados y preparados ocupen los cargos judiciales.
#ATENCIÓN | La Corporación de Jueces y Magistrados aseguró que las declaraciones del presidente Petro, sobre la elección popular de jueces en Colombia, es un intento por atentar en contra de la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos de Colombia. Se manifiesta… pic.twitter.com/vOPubEsXKW
— Adriana (@adricolombian) October 8, 2024
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) también manifestó su rechazo a la iniciativa del presidente colombiano, aseguró que la propuesta compromete gravemente la independencia judicial.
Por medio de un breve comunicado la Corporación Excelencia en la Justicia afirmó que la elección de jueces podría desvirtuar las labores del sistema judicial debido a que estaría sometida a presiones indebidas.
#ATENCIÓN | La @CEJ_JUSTICIA rechaza la propuesta de elección popular de jueces: es un peligro para la independencia judicial.
La CEJ hace un llamado urgente a la reflexión sobre la importancia de mantener la independencia del poder judicial y rechaza, de forma categórica,… pic.twitter.com/zBqnTct40Y
— Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) (@CEJ_JUSTICIA) October 8, 2024
“Es tan ridícula (la propuesta) como si se propusiera que se eligiera mediante voto popular a ministros, a superintendentes, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia o a aquellas personas que el presidente ha ternado en sus cargos públicos”, declaró Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo del CEJ.
Al igual que el expresidente de México, López Obrador, el mandatario colombiano ha tenido fuerte tensiones con el Poder Judicial. Recientemente la Suprema Corte de Colombia anuló la facultad de contratación directa del Instituto Nacional de Vías (Invías) para la construcción de carreteras regionales.
