En el medio siglo de reformas electorales que vivió México antes de 2018 hubo de todo. Por la insuficiencia de todas juntas, por las virtudes y los defectos en esa manera de acordar la disputa por el poder, el país está en la antesala de un riesgoso cambio electoral.
En el discurso oficial se pretende, en pocas palabras, hacer más democrática a una democracia que al mismo tiempo es presumida como la mejor del mundo, cito esto con nulo sarcasmo. Sin conocer el documento final que el Congreso ha de aprobar, van algunos apuntes.
Es cuestionable la añoranza que tiende a pensar que el viejo régimen un día entendió que tenía que abrirse so riesgo de cosas peores: matanzas como las del 68 o el 71, represión a movimientos insurgentes, asesinato de líderes sociales, y un largo etcétera.
Sí, hubo una decisión de apertura; pero también resistencias dentro del propio sistema, y recelo desde fuera del mismo, sobre las reformas que pretendían, en principio, hacer más “representativo” al Congreso, y, convenientemente, más presentable al hegemónico PRI-gobierno.
Ninguna reforma escapó a críticas. Por insuficiente, por parcial, porque se marginaba a la izquierda, porque se acordaba cupularmente, porque poderes fácticos imponían letras chiquitas de intereses grandotes, porque era venganza contra funcionarios u organismos…
¿Se puede decir, empero y con los matices que cada quien guste, que a final de cuentas todas y cada una de las modificaciones al marco electoral ensancharon las posibilidades, antes que limitarlas, de las oposiciones?
El hecho de que a la postre con ese sistema construido trecho a trecho todas las fuerzas pudieron ganar estados, peso en el Congreso y eventualmente la Presidencia es visto como la prueba de que las reformas funcionaron. Hasta ahora.
La reforma electoral inminente, ha adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende dos cosas: cancelar la posibilidad nepotista en el traspaso de poder, y modificar la representación plurinominal legislativa.
Sobre lo primero ya habrá tiempo de discutir si es Constitucional cancelar a una persona la posibilidad de aspirar a ser votado. Morena siempre ha visto eso como derecho cuasi sagrado. Y la condición de cónyuge, o padres-hijos, no debería cancelar derechos.
Sin ingenuidad hay que decirlo: no porque existan los Gallardo de SLP (y bastantes casos en presidencias municipales), todas las personas deben ver mutilado el derecho a aspirar a un puesto. El movimiento donde varias familias destacan en la administración lo sabe de sobra.
El tema importante, sin embargo, es otro. Será interesante revisar los detalles de la propuesta sheinbaumniana de modificar el acceso a curules o escaños por la vía plurinominal. A la espera de lo específico, es lo genérico lo que debería preocupar desde ya, y mucho.
La reforma judicial podría ser el mejor ejemplo, el más flagrante, para no estar sino temeroso frente a una propuesta de cambio en las reglas electorales que provenga de Palacio Nacional.
En pocas palabras: para la Presidenta y quienes le acompañan en el gobierno y en el partido –incluye las mayorías en el Congreso y las gubernaturas guindas–, la reforma judicial se trata de quitar a juzgadores en quienes no confían y sustituirlos por aliados. Punto.
Y para ello quienes hoy ostentan el poder no se sonrojan al hacer distinciones entre propios y extraños, ni en insinuar intervenciones.
Si no fuera de suyo preocupante esta marcha a tontas y locas para elegir por voto popular, de manera improvisada, en tan corto tiempo, sin dinero para el INE, a la Corte, a la mitad de los titulares de los juzgados y a un poderosísimo cuerpo disciplinario, con las dudas genuinas sobre la equidad del ejercicio bastaría para rechazar el mismo.
¿Alguien cree de verdad que habrá cancha pareja, que en Morena no movilizarán a sus huestes para apropiarse de los puestos en disputa, que el gobierno será imparcial, que el INE (no se rían) es lo que era? La judicial es el mejor ejemplo para decirle no a una reforma electoral.
El gobierno de Sheinbaum, como el de su antecesor, no ve en las oposiciones a gente con calidad democrática. Es decir, sólo Morena es una fuerza que además de legal, es legítima. Quienes militan en ideas contrarias, puede que sean lo primero, pero no lo segundo.
“Que me digan qué país en Europa no busca –ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos …– tener la mayoría, o sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los Congresos”, dijo la Presidenta el 6 de enero al defender que estamos en una democracia.
Tiene razón salvo un punto. Esos intentos por acaparar poder tienen en la ley su límite. A la hora de usar padrones de programas sociales, funcionarios y recursos gubernamentales para operar elecciones, Morena no conoce fronteras.
Hoy desde el gobierno, Morena quiere, según se ha adelantado, también bajarle el financiamiento a los partidos. ¿Hace falta argumentar que eso es muy conveniente para el oficialismo?
Por todo ello, hoy cualquier reforma reducirá posibilidades de pluralidad, a diferencia de que, “haigan sido como haigan sido”, las anteriores las ampliaban.
De no ver un cambio en la injerencia del gobierno en las elecciones, tendremos sí o sí una mal llamada reforma electoral.
