En medio de la polémica en torno a la reforma al Poder Judicial, personajes como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal han alzado la voz para denunciar la supuesta ilegalidad de las resoluciones de amparo emitidas en contra de la destruccion de los órganos jurisdiccionales.
Ellos arguyen, secundados por una camarilla de propagandistas disfrazados de especialistas en derecho constitucional, que se deben desacatar las decisiones de los jueces de distrito si éstas son, a juicio de los interesados, ilegales.
Vamos a ver. En un Estado de derecho, o al menos, en uno que se jacta de serlo, el imperio de la ley prevalece sobre los intereses políticos. Si bien es cierto que es debatible la legalidad de un juicio de amparo contra una reforma constitucional (pues así se lee en la propia ley de amparo) no corresponde a los políticos, léase, a los individuos arriba mencionados, y ni siquiera, a la presidenta Claudia Sheinbaum, pronunciarse sobre la misma.
Por el contrario, ante una inconformidad provocada por una resolución judicial (trátese del Tren Maya o la reforma judicial) los interesados, en vez de desacatar la decisión de un juez, deben presentar un recurso de apelación ante una instancia superior, para que ésta, habiendo considerado los argumentos, opte por anular la sentencia o ratificarla.
El obradorato, fiel a las enseñanzas del maestro y a su largo historial de menosprecio por el Poder Judicial, promueve la desobediencia de las leyes ,lo que representa una vulgar violación del Estado de derecho y de las reglas que rigen la convivencia democrática.
El escenario futuro inmediato no es halagüeño. Ante los vulgares actos cometidos en el Senado el fin de semana, y que han sido violatorios de resoluciones judiciales, la Suprema Corte deberá pronunciarse eventualmente sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.
Si con el voto de ocho de los once ministros el Tribunal declara la inconstitucionalidad de la reforma, el Legislativo, bajo el mando de Noroña, López y Monreal, ignorarán el mandato judicial, y con ello, lanzarán al país hacia una crisis constitucional sin precedente; misma que podría traducirse en inestabilidad económica con miras a los tiempos venideros.
Lo que quizás no han comprendido (o no entienden que no entienden, tal como los corifeos del régimen han repetido burlonamente contra la oposición) es que ellos NO interpretan la ley, sino que están obligados a cumplirla. No valen el desacato ni la desobediencia, sino el respeto a las normas. Es cuanto.
