Algo muy extraño sucedió. El Tribunal Electoral reaccionó negativamente al emplazamiento de un juez administrativo para que designe dos magistrados para que se encuentre a plenitud en el número de miembros que debe tener, después de más de ocho meses que el Senado, que debía haberlos designado, saboteó al órgano violando la Constitución. Simultáneamente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, elogió al Tribunal Electoral por lo que hizo y pidió juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza, para castigarlo.
Muy extraño. Cuatro de los cinco magistrados –la magistrada Janine Otálora fue la voz disidente– quieren aniquilar jurídicamente a quien, ante la sistemática omisión del Senado, les proporcionó la justificación legal para restablecer el pleno en la Sala Superior que, en este momento, entre otras cosas, está invalidado para calificar la elección presidencial y darle la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, porque para hacerlo tiene que sesionar con al menos seis de sus integrantes.
El tribunal afirmó que desacatará la orden del juez por considerar su emplazamiento “injustificado y excesivo”, y adelantó que lo denunciará penalmente, saltándose el procedimiento que sería presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, que es quien da vista a la fiscalía para que eventualmente lo persiga. Su posición fue contundente y fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum, con el mensaje de inhibición y terror –la marca de la casa– al que se ajustó el tribunal.
De la Peza explicó en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, que nunca pretendió invadir las facultades del tribunal, sino coadyuvar para que se asumiera como máxima autoridad para nombrar a los magistrados faltantes. No se metió en temas electorales, que es una crítica que se le hizo, sino que tomó la medida al resolver un amparo “ante la situación de incertidumbre en la protección de derechos humanos”. El choque entre dos derechos –electoral y derechos humanos– obligaría a una discusión jurídica saludable, pero cuatro magistrados no perdieron el tiempo: antes que debatir sobre las interpretaciones a la ley, que lo persigan los fiscales y, si se puede, que lo metan a la cárcel.
Muy extraño. Uno pensaría que lo óptimo que pudiera pasarle a un órgano colegiado, como el tribunal, es que tuviera su membrecía completa para poder tener deliberaciones más amplias e interpretaciones plurales que permitan tomar mejores decisiones. Eso, sin embargo, no lo quiere el Presidente, ni el gobierno ni la candidata ganadora. Habían logrado tener controlado el número de integrantes del tribunal con las omisiones en el Senado –al fin que violar la ley en estos tiempos, si se es obradorista, se vale por la causa–, pero el juez De la Peza, que ha otorgado amparos en el pasado contra las megaobras del Presidente por incumplir con la ley, se les cruzó en el camino.
La clave del nado sincronizado que hemos visto lo dio el lunes por la tarde en su cuenta de X la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, que escribió: “El hecho de que el juez De la Peza… intentara forzar al (Tribunal Electoral) para nombrar a dos magistrados, no tiene otra intención más que la de tumbar por la mala el mandato popular del plan C. La oposición y ahora la (Suprema Corte de Justicia) están presionando para obtener una mayoría en el Tribunal Electoral que les permita evitar que Morena y aliados tengamos mayoría legislativa en ambas cámaras. Es penoso atestiguar cómo hay jueces y ministros que operan en lo oscurito para que su minoría se imponga sobre la mayoría que el pueblo nos otorgó en las urnas”.
Más claro, ni el pecho que no es bodega del Presidente. El gobierno está tratando de confundir las cosas. Una es la reforma al Poder Judicial, que es el plan C, y otra el tema de los magistrados en el Tribunal Electoral, que tiene que ver con la calificación presidencial y con el tema de la sobrerrepresentación. Aquí es donde se juntan las cosas. Los resultados de la elección presidencial –lo que bien define Hernández como el mandato– le dieron la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados con 365 curules, pero se quedaron a dos para que sus 83 escaños se la dieran en el Senado. Entonces, si no tienen la mayoría calificada en la Cámara alta y la oposición no flaquea o se deja sobornar, podrá frenar el plan C en septiembre.
Esta es la batalla importante para la oposición y lo que definirá el futuro de la nación. La reacción del gobierno y Morena ante el emplazamiento de De la Peza sugiere que piensan que tienen el Tribunal Electoral en la bolsa, lo que parecería corresponder a la decisión de la presidenta del órgano, Mónica Soto, y otros tres magistrados, de denunciar al juez política y penalmente. Conocedores de lo que sucede tras bambalinas en el tribunal, dijeron que hay una corriente de opinión en el órgano, de que la resolución del juez apunta al tema de la sobrerrepresentación y a la inequidad en la elección presidencial.
En este sentido, hubo una decisión que pasó de noche, cuando un reciente punto de acuerdo pedido por el PRI sobre la afiliación efectiva, para que se realice la asignación de curules con base en qué partido pertenecían los candidatos antes de firmarse la coalición, fue respondido con que ese tema estaba resuelto –el PRI realizó una impugnación sobre esa base en 2018, pero le respondió el tribunal que lo había hecho fuera de tiempo y no procedía–, pero que si el fondo era la sobrerrepresentación, sería en la distribución de curules donde estarían a tiempo de impugnar.
De esta forma, la oposición seguramente presentará sus impugnaciones en el Instituto Nacional Electoral a partir del 24 de agosto, un día después de que el Tribunal Electoral resuelva las constancias de mayoría, lo que significa que el plan C de López Obrador no tiene la garantía de que saldrá, porque la mayoría constitucional en el Senado está en el aire.