La semana pasada asistí al Seminario de Perspectivas Económicas 2025 del ITAM, donde tuve el privilegio de escuchar el panel de Miguel Messmacher, Carlos Capistrán y Ernesto Revilla, tres destacados economistas mexicanos. Su análisis sobre los escenarios macroeconómicos y los principales retos que enfrenta el país resultó sumamente enriquecedor.
Durante la conversación, se abordaron preocupaciones relacionadas con la incertidumbre asociada a la presidencia de Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero. Se discutieron los riesgos de desaceleración económica para México, la interrelación de los ciclos económicos entre México y Estados Unidos, y los desafíos en materia de política fiscal y monetaria que las autoridades mexicanas enfrentarán este año.
Uno de los puntos que captó mi atención fue la inquietud sobre la trayectoria de la deuda pública en los próximos años, especialmente en relación con dos variables clave: la tasa de interés real (r) y la tasa de crecimiento de largo plazo del PIB (g). Comprender la diferencia entre estas variables, es decir, r – g, es esencial para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La tasa de interés real se refiere al rendimiento que deben pagar los bonos emitidos por el gobierno federal descontando la inflación. Por ejemplo, en diciembre de 2024, la tasa de interés de un MBono a 10 años fue de 10.4 por ciento. Si la expectativa de inflación para ese periodo es de 4.5 por ciento anual, la tasa real sería aproximadamente 5.9 por ciento, similar a la de un Udibono a 10 años emitido en la misma fecha (5.8 por ciento).
Por otro lado, la tasa de crecimiento de largo plazo del PIB indica el ritmo al que la economía crece en promedio durante un periodo prolongado. Históricamente, esta tasa ha rondado el 2 por ciento anual. Si en el próximo año, el PIB crece por debajo de esta cifra, esto implica que la economía estaría operando por debajo de su potencial.
La sostenibilidad de la deuda pública depende de la relación entre el saldo de la deuda (numerador) y el tamaño de la economía (denominador). El numerador incluye todas las emisiones vigentes que el gobierno debe pagar a sus acreedores, y crece según la estrategia de refinanciamiento de la deuda. Según la Secretaría de Hacienda, las tasas implícitas del costo financiero para 2024 serían de 7.54 por ciento para la deuda total, 7.60 por ciento para la deuda interna y 7.25 por ciento para la externa. Con expectativas de inflación alrededor del 4.27 por ciento para el año anterior, la tasa real implícita del costo financiero es aproximadamente 3.27 por ciento para la deuda total, superando el 2 por ciento de crecimiento económico a largo plazo.
A pesar de que la magnitud de la diferencia es manejable, resulta preocupante que la tasa implícita haya alcanzado niveles no vistos en dos décadas, incrementándose sostenidamente desde finales de 2020. Este aumento se atribuye tanto a riesgos globales en economías emergentes como al riesgo intrínseco del país, vinculado a la solidez de las finanzas públicas.
El análisis de la diferencia entre r y g es crucial, ya que en los últimos cuatro años la deuda del sector público se ha refinanciado a tasas más altas, mientras que el crecimiento económico se ha desacelerado desde la segunda mitad de 2021. Esto indica un deterioro en las condiciones de sostenibilidad de la deuda durante este periodo. Por ello, es fundamental mantener una postura fiscal saludable y promover políticas que impulsen el crecimiento a largo plazo. Para un país que ha enfrentado crisis severas derivadas del manejo de la política fiscal en las últimas cuatro décadas, es indispensable revertir la tendencia actual en la trayectoria esperada de su deuda.
A corto plazo, el Gobierno federal deberá tener como prioridad adherirse a la estrategia de consolidación fiscal para reducir el déficit y aliviar la presión que hoy existe sobre el costo financiero de la deuda. Este año, de cada 100 pesos que gaste el sector público, 15 los deberá destinar al pago de intereses. Pero además de la estrategia inmediata, deberá promover políticas que impulsen el crecimiento, empezando por aquellas que logren disminuir los niveles de incertidumbre que hoy existen. La estabilidad de la economía requiere que se trabaje en ambas pistas.
