Sonora Power

Uno de los grandes retos en materia económica que enfrenta México es acabar con la distorsión que representa la informalidad; esto es un lastre del pasado, justamente derivado del hábito de hacer vida económica por fuera de la ley, con la finalidad de reportarle lo menos posible al gobierno en materia de impuestos.

El resultado ha sido en efecto una distorsión, donde el 54.6% de la población ocupada en alguna actividad económica está la informalidad, lo que significa que carece de servicios sociales como acceso a la salud y que también omite el pago de impuestos y la aplicación de muchas de sus obligaciones.

De acuerdo con el INEGI, al cierre del año 2024, en México 61 millones 600 mil personas integraron Población Económicamente Activa, por vez primera, sin embargo de este volumen poco más de 28 millones de ciudadanos tenían un trabajo o una actividad económica formal, con prestaciones, derechos y obligaciones.

El problema es que que 33 millones de ciudadanos viven en la informalidad, sus ingresos, ganancias, actividad productiva, horas de trabajo, son por decirlo de alguna manera un misterio, y si bien contribuyen con producción a la generación de riqueza, en la mayor parte de los casos evaden el pago de impuestos, prestaciones de sus trabajadores y otras obligaciones.

No sobra decir que en buena medida el problema de falta de acceso a servicios de salud y de vivienda, tiene que ver con la enorme tasa de informalidad que prevalece en el país.

El 54.6% es el promedio nacional, no todos los estados viven esa condición, pero mientras entidades como Sonora y Coahuila, tienen tasas relativamente bajas de informalidad económica, que ronda el 30%, otras como Oaxaca y Chiapas rebasan niveles del 80%.

Se trata de un verdadero dolor de cabeza en la reconfiguración de la economía nacional y de un reto enorme, que en los años de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno apenas si fue abordado, pues se logró disminuir de tasas del 60% de informalidad al actual 55%, una disminución de 5 puntos, que representa alrededor de 3 millones de personas.

La política de AMLO al respecto fue combatir el outsourcing y ofrecer programas para formalizar la actividad de las trabajadoras domésticas, lo que evidentemente ha rendido frutos importantes; sin embargo no ha sido suficiente.

Ahora Claudia Sheinbaum Pardo se ha decidido por dar pasos adicionales como es la regulación del empleo en plataformas, una política que busca incidir en la condición de informalidad laboral de alrededor de 670 mil personas, lo que representa el 2% del problema.

Es un principio sin duda, pero por la profundidad del problema, este tipo de iniciativas deberán tocar mayor fondo y convertirse en una política permanente del gobierno, que debe entrar a fondo en la formalización de la economía.

Hay varias aristas que hacen muy atractivo este tema, comenzando por la parte estadística, es decir afiliar a los millones de trabajadores del sector informal a la economía formal implica altas en el IMSS y resultados en materia de generación de empleos.

Claro lo estadístico pasa a lo recaudatorio, pues actualmente quienes laboran en la economía informal aportan tangencialmente impuestos al fisco, pues si bien pagan lo relativo a impuestos al consumo, omiten el pago de Impuesto Sobre la Renta, lo que también es un área de oportunidad para fortalecer la hacienda pública.

Y claro está la parte humanista, pues formalizar el empleo informal, implica que también esos millones de trabajadores accedan a servicios de salud, y otros derechos fundamentales como la vivienda y otros beneficios que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha empeñado en impulsar a partir de que la Constitución los considera así.

Creo firmemente que el segundo piso de la transformación se sustenta en la idea de que México alcance todo su potencial en materia de desarrollo económico, y esto implica equilibrios, redistribución de la riqueza y en ese aspecto emprender una campaña efectiva para formalizar la economía (que como se ha dicho aquí es más de la mitad en el sector informal) dará al país las herramientas para consolidarse como una potencia, con una población con derechos plenos, que además aporta al avance del país con el cumplimiento de sus obligaciones.

Dialogué ampliamente sobre el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum y creo que la mandataria asumió en buena medida las dimensiones del problema y vio el área de oportunidad que abarca este tema.

Ahora meter en el arco de la formalidad a quién toda la vida ha operado en la informalidad, es todo un reto.

Pero creo que México como país que aspira a ser una de las economías de referencia en el mundo, está obligado a avanzar en este tópico.

Correspondencia a demiandu1@me.com | X: @Demiandu