No resulta sorpresa para nadie que en México opere libremente el crimen organizado.
De acuerdo a información brindada por el diario Reforma, existen más de doscientos puntos ilegales de venta de combustible en la carretera México-Querétaro. Si bien los propagandistas del régimen dirían que se trata de una falsa noticia esparcida por el pasquín inmundo, uno lo puede comprobar por sí mismo.
Según el propio periódico, mientras el litro de gasolina premium cuesta 24 pesos en una estación regular de Pemex, asciende a apenas 14 en un punto de venta ilegal.
Cualquiera que ha viajado de la Ciudad de México a los estados del norte puede observar cómo los huachicoleros, bajo plena luz de día, venden gasolina a los automovilistas. Y la situación se recrudece ante el hecho de que vehículos de la Guardia Nacional circulan en la autopista mientras estos actos delictivos siguen su curso.
Los actos criminales que tienen lugar todos los días en esa autopista no son ni remotamente exclusivos de esta región del país. Por el contrario, el huachicoleo se ha extendido a lo largo del territorio, enriqueciendo a una pandilla de malhechores en detrimento del bien público.
También ha trascendido que algunos miembros de la presente administración federal estarían involucrados en el negocio de la compra y venta de combustible, amén de la probable connivencia de agentes de la Guardia y de los gobiernos locales.
En todo caso, el fracaso del combate contra el huachicol es una promesa fallida de la autoproclamada 4T. No contentos con sus omisiones, se ha permitido que este negocio se expanda y que cuente ahora con procesos más complejos de extracción de combustible de los ductos de Pemex.
Si bien la estrategia puesta en marcha por la presidenta Sheinbaum y Omar García Harfuch contra el crimen organizado parece haber empezado a dar frutos, el trecho por recorrer en materia de lucha contra el huachicol es largo y farragoso, y al día de hoy, los delincuentes negocian libremente.
