Hoy, 20 de enero de 2025, Donald Trump regresa al poder como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Este momento marca no solo el regreso de su política de “América primero”, sino también la reactivación de una narrativa de mano dura en temas migratorios que definió su mandato anterior. Entre promesas de redadas masivas y deportaciones, el impacto en los migrantes y en las relaciones binacionales con México se perfila como una de las primeras crisis humanitarias de su nueva administración.
Las redadas masivas: un preludio de exclusión
La retórica de Trump en la campaña de 2024 dejó claro su compromiso con una política migratoria estricta. Las redadas masivas, ya anunciadas como una de sus primeras acciones, recuerdan los operativos ejecutados durante su mandato previo. Estas redadas, realizadas por ICE con apoyo de policías locales, no solo tienen como objetivo a migrantes con antecedentes penales, sino que también atrapan a quienes se encuentran en el entorno inmediato, en lo que se conocen como detenciones colaterales.
En 2019, el propio ICE reportó que más del 30 por ciento de las personas detenidas en redadas masivas no eran objetivos primarios. Estas prácticas generan temor, fragmentan comunidades y, lo más preocupante, criminalizan a personas sin antecedentes, ignorando el impacto social y humano de estas políticas.
Deportaciones masivas: la sobrecarga del sistema judicial
Trump también ha prometido deportaciones masivas, un proceso que requiere que cada caso pase por las cortes de inmigración. Sin embargo, estas cortes están al borde del colapso. En 2020, más de 1.3 millones de casos estaban pendientes, una cifra que ha seguido creciendo con el aumento de solicitudes de asilo y procedimientos migratorios. Bajo este panorama, las deportaciones inmediatas serían técnicamente imposibles si se respetara el debido proceso.
Pero si algo marcó la gestión migratoria pasada de Trump fue su capacidad para ignorar estas garantías. Deportaciones expeditas, realizadas directamente desde centros de detención o puntos fronterizos, se convirtieron en una norma. Este tipo de prácticas no solo violan principios legales fundamentales, sino que también perpetúan un sistema que deshumaniza y revictimiza a los migrantes.
El impacto en México: entre fronteras y abandono
Para quienes logran cruzar la frontera hacia México, el panorama no es más alentador. Los deportados sin certificados oficiales enfrentan un nuevo obstáculo: la exclusión de programas de apoyo como el PRIM o “Somos Mexicanos”, que exigen documentación de deportación para acceder a servicios básicos. Esta barrera burocrática deja a muchos migrantes en un limbo legal y social, rechazados tanto por el sistema estadounidense como por el mexicano.
En ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, las historias de migrantes varados abundan. Sin acceso a albergues, servicios de salud o transporte, estas personas quedan atrapadas en condiciones precarias, vulnerables a la explotación y la violencia. Las autoridades mexicanas, sobrecargadas y sin una estrategia clara, no logran dar respuesta a esta crisis.
Un regreso que demanda respuestas
El regreso de Trump al poder reaviva las preocupaciones sobre el trato a los migrantes y las implicaciones para las relaciones binacionales. La ausencia de coordinación entre Estados Unidos y México en temas migratorios exacerba la crisis humanitaria en ambos lados de la frontera. Para los migrantes, el riesgo de caer en un sistema que prioriza las cifras sobre los derechos humanos es más alto que nunca.
Hoy, mientras Trump jura como presidente número 47, debemos preguntarnos: ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en nombre de la seguridad nacional? Las políticas migratorias no pueden ser una carrera hacia el fondo. Es hora de que ambos países, como socios y vecinos, prioricen la dignidad y los derechos humanos de quienes cruzan fronteras en busca de un futuro mejor.
