La reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre se encuentra en un peculiar momento, y está generando amplios efectos tanto para el presente como para el futuro próximo y remoto. La discusión ha dejado de tener un carácter eminentemente técnico. Ya no se habla de los problemas de redacción, ni menos del acomodo de sus distintos supuestos a los cánones más básicos del constitucionalismo. Tampoco se ha querido radicar la discusión en los muchos y previsibles problemas funcionales a que los textos están dando y darán lugar más adelante. La discusión ha adquirido un sesgo político. Se ha reducido a las posibilidades que tienen las mayorías gobernantes de imponer su voluntad, así como a las posibilidades jurídicas con que cuentan los diversos opositores a las pretensiones mayoritarias. Las disputas se han ido configurando con un lenguaje de confrontación, cuando no de plano militar.
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