Con voto unánime en el Senado, se aprueba una nueva ley para sancionar severamente a extorsionadores; polémica por la falta de presupuesto para su implementación.
Ciudad de México — En un movimiento legislativo contundente, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma histórica para endurecer las penas por extorsión en México. La denominada “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión” eleva las sanciones hasta 42 años de prisión en casos agravados.
La iniciativa, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, había sido enviada por la Cámara de Diputados con penas más moderadas, pero los senadores introdujeron cerca de 20 modificaciones importantes para fortalecer el castigo.
Según el dictamen aprobado, la pena base será de 15 a 25 años de cárcel, y a esa cuantía se le podrán sumar años extra dependiendo de los agravantes. Entre estos factores están: violencia física o moral, uso de armas, extorsión desde centros penitenciarios, y prácticas como los llamados “montachoques” (simulación de accidentes para exigir pagos).
También se prevén sanciones severas para extorsiones cometidas contra ciertos grupos vulnerables: personas migrantes, menores, adultos mayores o víctimas cuyos datos privados hayan sido explotados. En esos casos, las penas pueden llegar hasta 37 años de prisión.
Además, la nueva ley incorpora una perspectiva de género: habrá agravantes adicionales si las víctimas son tratadas en función de su género, también se considera como delito el uso de plataformas digitales o telecomunicaciones para cometer extorsión.
Uno de los puntos más controversiales es que no se etiquetó presupuesto extra para implementar la ley. Algunos legisladores alertan que sin recursos suficientes, la reforma podría quedarse en “buenas intenciones”, pues para operar de manera eficiente se necesitarían unidades especializadas en fiscalías estatales.
Por otra parte, la ley también sanciona a los funcionarios públicos que no denuncien las extorsiones conocidas: la pena para estos casos ha sido revisada y ajustada, aunque hubo debate sobre la severidad final de las sanciones para servidores que omitan reportar el delito.
La reforma aprobada por el Senado ahora regresa a la Cámara de Diputados para su ratificación definitiva. Si se da luz verde en San Lázaro, será un paso clave en la estrategia nacional de seguridad para combatir uno de los delitos de mayor impacto económico y social en México.
