En materia de franquicias, uno de los puntos de mayor tensión entre franquiciantes y franquiciatarios es la necesaria renovación de las unidades de atención al público. Pasados ciertos años después de la apertura, la inversión que se requiere para el cambio de imagen de las unidades suele implicar no solo la decoración general, sino el total del mobiliario, el equipamiento y, muchas veces, la arquitectura de los restaurantes o tiendas que conforman la red. Cuando las utilidades no son las esperadas, las inversiones requeridas se convierten en una carga difícil de asumir, que suele detonar controversias acumuladas a lo largo del tiempo.
Este es justo el precursor de una de las confrontaciones más importantes que el sector está reportando en los últimos meses en el seno de Subway, la segunda más grande cadena de comida rápida del mundo. De hecho, en ciertos momentos, Subway ha ocupado el liderazgo mundial en franquicias, llegando a tener activos más de 37 mil establecimientos —aunque cierres masivos han bajado la cifra hasta en 7 mil unidades en los últimos años—. A diferencia de nuestro país, donde los franquiciatarios no suelen unir fuerzas, en Estados Unidos existen agrupaciones que forman poderosos bloques para nivelar posiciones con los franquiciantes.
El conflicto está aderezado por la contratación que la Asociación Norteamericana de Franquiciados de Subway realizó esta semana del abogado Robert Zarco en su consejo directivo, con el objetivo preponderante de buscar soluciones en la compleja relación con la franquicia. Desde sus primeras declaraciones, Zarco ha dejado claro que, si se insiste en que todos los locales sean remodelados, muchas de las unidades se verán forzadas a cerrar ante la generalizada baja de utilidades en la cadena. Otro motivo de gran preocupación es el tema de los descuentos obligatorios que han sido impuestos a los franquiciatarios en determinados productos, los cuales han enfrentado resistencia de la Asociación bajo la tesis de que cada unidad tiene libertad para fijar sus precios.
De hecho, si bien en México este tema no ha sido motivo de debate ante la Cofece, la fijación de precios es siempre un punto de análisis para los reguladores de competencia. Dado que, al final, se trata de empresas independientes que compiten entre sí, la posibilidad de definir precios es considerada como uno de los elementos centrales del sistema de libre competencia. Para los defensores del modelo de franquicia, la existencia de precios homologados entre las unidades es indispensable para mantener la necesaria estandarización que caracteriza esta clase de negocios en el mundo.
La problemática desde luego alcanza a las casi mil unidades que operan en México, y que deberán adherirse al plan de renovación que la marca impulsa a nivel mundial. En nuestro caso, a falta de una regulación especializada que defina condiciones mínimas de protección en la materia —la ley existente es irrelevante—, las partes deben estar a lo que el contrato determina, por más agresivo que resulte para la parte débil. Sin embargo, en esta clase de modelo de negocio, la regla comercial es muy simple e inviolable: si el franquiciatario no obtiene utilidades, la relación concluirá de una manera o de otra. En este tipo de escenario, como en muchos otros, el mercado manda.
