En la Ciudad de México, la búsqueda de un hogar se ha convertido en un desafío cada vez más complejo. La gentrificación ha disparado los precios de la vivienda, obligando a muchas familias a luchar por mantenerse en los barrios que han sido su hogar por generaciones. Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, las rentas crecieron en un 33% durante el primer semestre del año pasado. En este contexto, Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ha presentado una iniciativa para controlar el aumento excesivo de las rentas y enfrentar la crisis habitacional que afecta a miles de habitantes de la capital.
Las causas de la gentrificación en la Ciudad de México son diversas y complejas. Entre ellas se encuentra la especulación inmobiliaria, que impulsa el aumento de precios en áreas atractivas para inversionistas. También influyen las políticas de desarrollo urbano que, en lugar de proteger a las comunidades existentes, favorecen la construcción de complejos de lujo y la revalorización de las delegaciones más céntricas. Este fenómeno no solo expulsa a los habitantes de ingresos medios y bajos, sino que también desintegra el tejido social y cultural de los barrios.
Aquí se presenta una paradoja. La capital es un imán para las inversiones de grandes empresas y para las personas de otros estados y países que buscan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, esta bonanza no se ha distribuido de manera equitativa, ya que el desarrollo urbano se ha guiado más por la rentabilidad que por la responsabilidad social. Así, el Estado debe hacer lo posible para cambiar la correlación de fuerzas entre los grandes propietarios y sus habitantes.
En este contexto, la propuesta presentada por Martí Batres busca establecer límites a los aumentos de rentas. La iniciativa se sustenta en dos pilares. Uno, la creación de un Índice de Rentas de la Ciudad de México, que servirá para establecer precios máximos por zona. Dos, la prohibición de incrementar las rentas más allá del valor de la inflación, una práctica que será vigilada por medio de un Sistema de Información de Vivienda en Arrendamiento en el que los arrendatarios tendrán que dar a conocer sus contratos. Estas herramientas buscan proporcionar transparencia, certidumbre y equidad en el mercado de rentas.
El contexto político en el que se desarrolla esta iniciativa es complejo. Si bien en la Ciudad de México hay un Congreso local de mayoría progresista, es previsible que la iniciativa enfrentará la resistencia por parte de desarrolladores inmobiliarios y grandes propietarios, que ven amenazados sus intereses económicos. Por otro lado, los activistas pro-vivienda y asociaciones de vecinos tienen la oportunidad de utilizar esta iniciativa como un catalizador de sus demandas. La organización comunitaria y la presión pública serán clave para asegurar que las políticas de control de rentas se implementen y se mantengan.
En Jalisco, el partido Futuro Jalisco ha presentado la iniciativa “Futuro con Hogar” que comparte objetivos similares, con propuestas como la construcción de vivienda social financiada con el cobro de impuestos a plataformas como AirBnB. Ambas propuestas reflejan una necesidad urgente de reestructurar las políticas de vivienda para priorizar el bienestar de las personas. Enfrentar la gentrificación y el encarecimiento de las rentas es un reto que requiere voluntad política y colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
La vivienda es un derecho, no un privilegio, y las iniciativas como las de Batres y Futuro Jalisco son un recordatorio de que es posible legislar con un enfoque humano y justo. Este es un llamado a la acción para los tomadores de decisiones en todos los niveles del gobierno: regular el mercado inmobiliario es necesario para construir un México más equitativo y solidario.
