Como presidenta de la República, Claudia Sheinbaum puede y debe comprometerse con los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa a seguir buscándolos. Hasta ahí. Ni ella, ni su sucesor o sucesora en el 2030 y más allá, pueden comprometerse, sin caer en la demagogia o en la mentira, a encontrarlos.
Sheinbaum tampoco puede comprometerse a la procuración de justicia y el castigo de los responsables, porque la procuración corresponde a la Fiscalía General de la República, que es independiente del poder ejecutivo federal y la impartición de justicia corresponde a los jueces, que pertenecen al poder judicial.
En una revisión rápida de los cien compromisos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobresale que, como dijo el clásico, “haiga sido como haiga sido”, cumplió la mayoría. Apunto dos que no. El número 54: “Reubicar las secretarías del gobierno federal en las distintas entidades de manera voluntaria y sin afectar a los trabajadores.” Lo intentó, pero no pudo, implicaba demasiados cambios, esfuerzos y recursos. Ninguno de los secretarios realmente los quería, nadie deseaba alejarse del centro de poder. Sólo Rocío Nahle, quien se fue a supervisar la construcción de la Refinería de Dos Bocas y a construir su candidatura al gobierno de Veracruz, trasladó sus oficinas. Con los avances en la tecnología, tampoco era necesaria la descentralización física de las dependencias.
No me toquen ese vals. Lo que sí dejó pendiente López Obrador y le pasó la estafeta a su sucesora, fue el compromiso 89: “Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables.” La primera parte lo intentó; la segunda parte, no la cumplió. Prometer no empobrece, pero cómo cuesta.
El gobierno lopezobradorista encuadró mal el problema desde el principio. El error más grave fue utilizar el caso para atacar a sus adversarios políticos. Ahí se perdió el rumbo y se agregó una capa más de dudas a este caso.
El expediente Ayotzinapa le costó la libertad a una enorme lista de integrantes de grupos criminales, policías locales, al presidente municipal de Iguala y su esposa, mandos del ejército y un exprocurador general de la república. Otros más tuvieron que dejar su cargo, como Ángel Aguirre, quien renunció al gobierno de Guerrero. Fue el talón de Aquiles de Enrique Peña Nieto. Su gobierno nunca pudo quitarse la imagen de violador de los derechos humanos ante a comunidad internacional.
¿Cuál fue el costo para Andrés Manuel López Obrador? Electoral, ninguno. En costos de legitimidad después de octubre lo sabremos.
Nadie aprende en cabeza ajena, pero Sheinbaum en este complicado expediente, tiene la oportunidad de no cometer los mismos errores. La clave: mantenerse en el estricto ámbito de la búsqueda, quizá desde cero, y el diálogo con los familiares de los normalistas.
¿Cómo manejar la supuesta relación de Omar García Harfuch, futuro secretario de seguridad y pieza clave en su gobierno, con el expediente Ayotzinapa? Aquí la presidenta electa tiene dos posibilidades. Mantener su participación en este caso en un nivel bajo o bien, que Harfuch tuviera un desplante torero y que él mismo pidiera a la fiscalía que lo investigue. Sea de una u otra manera, el tema debe resolverse desde el arranque, si no lo hace será una piedra en el zapato que acompañará a la primera presidenta en todo su gobierno. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
