Tras un severo recorte presupuestal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) canceló la Encuesta Intercensal 2025. Las implicaciones serán graves, dañinas para el país.
Conviene empezar por la pertinencia y la riqueza de la información de la encuesta intercensal. El propio INEGI explicó el propósito de dicha encuesta: “conocer los cambios recientes en la dinámica demográfica, social y económica”, lo cual resultaba “de particular relevancia debido a la ocurrencia de la pandemia COVID-19 posterior al Censo de Población y Vivienda 2020”. Era clave ese levantamiento estadístico, entre censo y censo, porque “los cambios sociodemográficos, económicos y culturales cada vez más acelerados han propiciado la necesidad de disponer de información con una menor periodicidad”. Así, la encuesta intercensal brindaría información precisa de “la dimensión, estructura y distribución espacial de la población y sobre el total de viviendas particulares habitadas” a nivel nacional, por entidad, por municipio y por grandes centros urbanos, para apoyar “a los sectores público, privado y social, así como al académico en la toma de decisiones”. Un instrumento único y valioso para conocer a la población y sus condiciones de vida a mitad de la década.
El recorte presupuestal fue tan drástico como arbitrario. Mientras INEGI solicitó 17.2 mil millones de pesos para 2025, la Secretaría de Hacienda le impuso un techo presupuestal de 12.2 mil millones (boletín 047 de la Cámara de Diputados, 2024); eso se aprobó: 29 por ciento menos.
La reducción presupuestal se da justo después de la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), cuyas tareas fueron trasladadas al INEGI. No es coincidencia: el gobierno desaparece a la institución encargada de medir la pobreza y, acto seguido, afecta financieramente al órgano autónomo que produce la información estadística sobre la realidad social de México.
Veamos algunas consecuencias de la cancelación de la encuesta intercensal de 2025.
No se conocerá la distribución en el territorio de la población mexicana ni sus características a la mitad de la década. La encuesta intercensal ofrecería información a escala nacional, por entidad federativa, por municipios y al interior de estos, incluso por demarcación territorial. Ninguna otra encuesta llega a ese nivel de desagregación. Se desconocerá cómo se ha modificado la estructura y localización de la población.
No se cuantificarán los efectos demográficos de la pandemia Covid-19: cómo afectó al número de nacimientos y de hijos por mujer, en lo que hace a la natalidad. En mortalidad, la pandemia tuvo impactos distintos en hombres y mujeres y entre grupos de edad, lo que modificó la pirámide poblacional, cuyo perfil preciso se desconocerá. Se ignorarán también las consecuencias en la migración interna y sobre la esperanza de vida.
No habrá cálculo sobre la pobreza a nivel municipal. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, bianual, ofrece datos por entidad federativa, pero lo que ocurre en los municipios y a su interior se conoce solo a partir de los censos o de la encuesta intercensal. El CONEVAL, por obligación legal, había construido la serie de pobreza municipal de 2010, 2015 y 2020, que se esperaba continuar en 2025. No será así.
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) no podrá calcular el índice de marginación, que se venía midiendo de forma quinquenal desde 1990. Otra serie de información trunca. Se sabrá menos sobre la realidad de la pobreza.
Se prescindirá de información indispensable para saber si México cumple sus compromisos internacionales, por ejemplo, sobre el avance real en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o del Consenso de Montevideo en materia demográfica.
No habrá toma de decisiones basada en evidencia. Los fondos presupuestales se distribuyen con base en la población, pero al no contar con información precisa de dónde se localizan los habitantes, los recursos públicos se asignarán a lo largo del sexenio sobre proyecciones cada vez menos certeras.
Se dañará la calidad de otros levantamientos estadísticos, pues la encuesta intercensal sirve para el cálculo de los factores de expansión de las muestras de las demás encuestas que hace el INEGI y, también, para trazar el siguiente marco censal y de viviendas.
Lesionar al INEGI y a su trascendente misión no refleja a un gobierno que se guíe por la ciencia, sino por la arbitrariedad y la ignorancia.
