El lunes, en una comida en Palacio, dio inicio la transición entre el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, quien todavía no es presidenta electa. Por el momento, probablemente porque falta la calificación de la elección, no se perciben planes de parte de Sheinbaum, sino sólo lo que había ofrecido en campaña: el segundo piso.
Puesto que tampoco está claro el número de curules que tendrá su coalición en Senado y Diputados, la amenaza de destruir el Poder Judicial no todo mundo la considera posible. Incluso hay quienes leen en los comentarios de Sheinbaum, posteriores a la comida, alguna ruta de salida a través de una consulta o parlamento abierto. Pero la incertidumbre no desaparece, y ha provocado ya un ajuste en el tipo de cambio y en las tasas de interés. Son los dos mecanismos naturales para liberar la presión, pero pueden producir inercia, retroalimentarse y descomponer otras áreas.
Por eso Sheinbaum intentó desde la semana pasada aminorar el ritmo, confirmando la permanencia del secretario de Hacienda por un tiempo indeterminado. Ya antes de la elección había anunciado esta medida, pero entonces era para que Ramírez de la O se hiciese responsable de cumplir lo que prometió a fines del año pasado: que el déficit de 6% del PIB de este 2024 se reduciría a 3% para 2025. Nadie cree que eso pueda hacerse con facilidad, así que para eso se le pidió al secretario que se quedara. Ahora se le confirma, pero para ver si eso calma a los mercados. Tengo la impresión de que Rogelio no cumplirá ninguna de esas dos cosas.
Lo del déficit, porque de verdad no hay cómo; lo de la confianza, porque no es asunto de él, sino de sus jefes: el actual y la futura. Son ellos los que tienen que aclarar muchas cosas.
López Obrador actuó irresponsablemente con las finanzas públicas durante todo su sexenio: dos años saqueando ahorros, dos años destruyendo secretarías, dos años contratando deuda. Por seis años se dedicó a destruir órganos autónomos, y eso no mejoró en nada la gestión pública, por el contrario. Por eso no hubo incrementos en la generación eléctrica, y hoy el abasto ya no permite crecer; por eso se quemaron casi 2 billones de pesos en Pemex, y hoy produce menos, pierde más y tiene la misma deuda; por eso no ha habido un centavo en mejorar la infraestructura, mientras que las obras faraónicas pierden dinero (AIFA, Tren Maya) o de plano no han iniciado actividades (Dos Bocas). Fue un sexenio en el que el gobierno invirtió mal, pero además desplazó al sector privado, y le impidió invertir.
Para inversionistas extranjeros, que en su mayoría están cosechando la elevada tasa de interés y no en construir nuevas empresas, todo eso era claro, y sabían desde hace tiempo que el gobierno iba rumbo al precipicio, pero no les preocupaba, mientras los flujos para ellos estuviesen asegurados. El cambio en el entorno, si se confirman mayorías calificadas y la desaparición del Poder Judicial, altera ese equilibrio. Aunque tuvimos un sexenio con todo el poder concentrándose en una persona, la obra no había terminado, y el contrapeso de la Corte cumplía su función.
Sin la Corte, las mineras canadienses no tienen segura su inversión, las inversiones en energía no tienen cómo defenderse, los acreedores de Pemex enfrentan un futuro incierto. De ahí al déficit sin control, al cambio legal en Banco de México para financiar ese déficit, a la espiral inflacionaria, son tramos realmente pequeños. Por el momento, todo esto es apenas un riesgo, y algunos le siguen apostando. Conforme el panorama sea más claro, tomarán sus decisiones.
Los demás, como dice el chiste, nomás mirando.