Este jueves la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum nuevamente dio una muestra (¿aparente?) que no será títere de nadie, que es quien es por ella y no por el favor de nadie, al hacer tres de los nombramientos de la oficina presidencial.
Dos muy relevantes, uno más como compensación y como planta de ornato.
Nombró a quien será su secretario particular, una posición trascendental de su oficina. Carlos Augusto Morales quien se había desempeñado en ese cargo en la jefatura de gobierno de la CDMX, ahora lo será de la presidenta de la república. Es una función importante para el desempeño y seguimiento de las actividades de la jefa del ejecutivo federal, cuando un mandatario ha tenido un secretario particular eficiente y capaz este se traduce en acciones clave del mandatario, como resultó en los casos de Miguel de la Madrid con un poderosísimo secretario particular en la figura del yucateco Emilio Gamboa, o el caso del presidente Ernesto Zedillo quien tuvo como particular al eficiente y visionario Liébano Sáenz que se convirtió en una especie de vicepresidente y ha trascendido como guía de muchos movimientos.
El otro nombramiento que dio a conocer es el de Leticia Ramírez, la hasta hoy secretaria de educación pública quien antes de estar en la primera línea del gabinete de AMLO se desempeño destacadamente como la Coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, ella se encargaba de dar seguimiento a las peticiones y quejas que recibe el jefe del ejecutivo generando una eficaz atención a la ciudadanía, una mujer que me costa, es honesta.
Al haberla mandado a una secretaria de la más importante envergadura como es la de educación, AMLO cometió dos graves errores, nombrarla en una tarea que no era apta para ella y descobijar un área tan sensible como la atención ciudadana donde era extremadamente eficiente.
El tercer nombramiento que realizó la presidenta electa, es claramente un tenme aquí y no te metas, pues ya más bajo no puedes caer, nombrando al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al magistrado en retiro Arturo Zaldívar, como coordinador de política y gobierno en presidencia.
En otras palabras, la intención del actual mandatario para que su esbirro se encargara de destruir el poder judicial quedo solo en la idea del tabasqueño, ya que Zaldívar ocupara un cargo prácticamente de aviador, quizá como pago a los destrozos que generó en la Corte con su idea reeleccionista, con la politización y división por intereses políticos que pretendió empujar con los ministros de la Corte, o por haber servido de brazo ejecutor en contra de jueces que atendiendo la letra de la Constitución rechazaron las locuras que pretendió AMLO para empoderarse.
O bien, es el pago a los favores de AMLO para tener inmunidad ante todos los actos de corrupción e irregularidades que cometió al frente del poder judicial.
Sobre él pesan acusaciones por presionar a jueces para que resolvieran favorablemente asuntos en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía intereses políticos. También se le acusa de vulnerar la autonomía e independencia de jueces y magistrados para satisfacer intereses personales y de terceros. Se le acusa de falta de imparcialidad y abuso de funciones durante su tiempo como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en el periodo comprendido de 2019 al 2023.
Se le investigo por presuntos actos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito: el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN abrieron una investigación formal en su contra por estos ilícitos.
En los peores absurdos y abyecciones de Záldivar destaca sus contradicciones y sometimiento a AMLO, ya que ha cambiado de opinión sobre la elección de jueces y magistrados por voto popular.
Anteriormente, se manifestó en contra de la elección de jueces por voto popular, argumentando que la persona más popular no necesariamente es el mejor juez o ministro, ya que la naturaleza de su trabajo es “contra mayoritaria”. Sin embargo, ante la instrucción de AMLO ha defendido la propuesta de elegir a jueces por voto popular y que debería aplicarse a todos los jueces, no solo a los del poder judicial de la federal.
Y que ni sueñe que coordinará nada de la cada día más débil reforma al poder judicial; para Claudia es Rosa Isela Ramírez y ya.
Finalmente el magistrado en retiro, tiene un final indecoroso, pasar de ser presidente de la SCJN, responsable de uno de los tres poderes de la unión a ser un simple burócrata aviador que cobrará un salario por simplemente no hacer nada. Al menos no hará más daño ni mucho menos tendrá que ver con los temas de la reforma al poder judicial.
X: @diaz_manuel
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