A propósito de los nombramientos que están pendientes en el gabinete ampliado, persisten las dudas y la especulación sobre quiénes serán las personas elegidas para dirigir a Pemex y CFE el próximo sexenio. Por todas partes surgen teorías, muchas de ellas alimentadas por los propios grupos interesados en influir sobre la decisión, sobre quienes dirigirán ambas empresas a partir del 1 de octubre. Hay quienes pugnan por perfiles más ligados a la política, otros por los técnicos e incluso quienes insisten en personas con enfoque más académico, pero hasta el momento en que se terminó de escribir esta columna no existe un nombramiento oficial.
Independientemente de quiénes resulten elegidos para esta encomienda, resaltan dos hechos inexorables sobre la herencia que recibirán de esta administración. Ambas empresas registran un nivel creciente de su deuda comparado con el que tenían a finales de 2018 y enfrentan retos operativos significativos que requerirán una postura proactiva con el sector privado y un manejo financiero guiado por principios de rentabilidad.
En la última semana, tanto Pemex como CFE actualizaron sus cifras financieras, reportando sus métricas al segundo trimestre de este año. Al respecto, el IMCO publica dos magníficos análisis sobre cada reporte, los cuales destacan por la variedad de indicadores que analizan. El primero de ellos, “Pemex en la mira”, da cuenta de diferentes indicadores operativos y financieros, señalando la evolución que han tenido de forma histórica.
De acuerdo con dicho análisis, al cierre del segundo trimestre de 2024, Pemex registró una pérdida neta acumulada de 251.3 mil millones de pesos. Resalta además que esta pérdida es la mayor en los últimos 13 años, si excluimos el dato de 2020 que fue atípicamente bajo por la crisis del Covid. Además, hay que añadir la evolución reciente de su deuda financiera y con proveedores.
De acuerdo con Pemex, al 30 de junio de 2024 el saldo de la deuda con proveedores fue de 362.5 mil millones de pesos, el mayor en 13 años para un periodo comparable. A su vez, el saldo total de su deuda financiera bruta fue de 1.83 billones de pesos (99.4 mil millones de dólares). Ambos datos contribuyeron a deteriorar el patrimonio de la empresa, de tal forma que por cada 10 pesos de activos la empresa tiene 17 pesos de pasivos.
El otro análisis del IMCO, “CFE en la mira”, desglosa las cifras correspondientes para la empresa eléctrica al cierre del segundo trimestre del año. De acuerdo con su reporte, entre enero y junio de 2024, la CFE tuvo una pérdida neta de 74.8 mil millones de pesos. Asimismo, su deuda con proveedores registró su mayor nivel en seis años, equivalente a 78.5 mil millones de pesos, mientras que su deuda de mercado fue de 460.7 mil millones de pesos (25.3 mil millones de dólares). En este caso, el patrimonio neto de la empresa tuvo su mejor nivel en seis años, con un monto de 761.6 mil millones de pesos.
Con base en la estimación de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de este año, el IMCO estima que la deuda de mercado de Pemex y CFE asciende a un total de 6.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Monto que está considerado dentro de la medida más amplia de deuda del sector público, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, y que la SCHP estima que este año cierre en un nivel de 50.2 por ciento del PIB.
A partir de este número surge uno de los debates más abiertos sobre la deuda del sector público. ¿Debería el Gobierno Federal otorgar una garantía explícita a la deuda de ambas empresas y documentarla como propia? Ambos lados de la discusión suelen opinar que la respuesta es obvia.
Lo que es cierto es que, pese a la garantía implícita que sí tienen, los bonos de Pemex y CFE pagan tasas de interés más altas que las asociadas a los bonos del gobierno federal, por lo que en caso de que se les otorgara una garantía explícita esa diferencia se cerraría. El resultado más probable es que la diferencia se cierre porque las tasas que pagarían los bonos del gobierno federal y CFE en ese escenario serían más altas y cercanas a las de Pemex, que emite deuda con las tasas de interés más altas entre los tres.
Lo anterior implica que, aunque el saldo de la deuda no cambie sustancialmente en caso de que se otorgara la garantía explícita, sí se incrementaría el costo financiero del gobierno federal, lo que tendría presiones adicionales al alza sobre el riesgo país y a la baja sobre la calificación soberana, que hasta ahora posee grado de inversión. Por ende, la decisión sobre la dirección de ambas empresas está relacionada ineludiblemente con la postura con respecto a su deuda, pero sobre todo sobre los riesgos que ello conlleva para el gasto en intereses del gobierno federal y la presión sobre el espacio fiscal para financiar la larga lista de promesas que la nueva administración pretende cumplir. Esta es quizás la decisión más crítica que tomará la presidenta electa en los próximos días, por ende, las Secretarías de Hacienda y Energía deberán jugar un rol crítico. No sobra mencionar que analistas, inversionistas, calificadoras, hacedores de política pública y el público en general prestarán enorme atención a ambas decisiones.
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