Han transcurrido 2 mil 70 días de este sexenio.
Solo faltan 61 días para que concluya. Parecen pocos. Es el 2.9 por ciento de lo que ya transcurrió.
En ese lapso que parece tan breve, sin embargo, se pueden gestar algunos cambios que modifiquen al país con mayor profundidad que en los 2 mil días que ya transcurrieron.
Ello dependerá de un conjunto de decisiones de personajes que encabezan diversas instituciones del Estado, así como de la clase política.
Una de las más relevantes que condicionará a todas las demás es la asignación de los diputados plurinominales, es decir, toda la discusión de la sobrerrepresentación.
Los diversos argumentos se han puesto ya sobre la mesa y son las autoridades las que tienen que definir.
En primera instancia será el Consejo General del INE el que deba interpretar la regla constitucional, la jurisprudencia y el sentido que tienen diversas normas para hacer esa asignación de legisladores.
Once consejeros serán los que definan en una primera instancia si Morena y sus aliados se quedarán con el derecho de hacer cambios constitucionales sin necesidad de negociarlos con las fuerzas opositoras.
Sea cual sea la resolución del INE, dé usted por hecho que ella deberá ser revisada por el Tribunal Electoral (TEPJF), quien tendrá la última palabra.
Son cinco los magistrados que decidirán en buena medida el futuro del país: Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Janine Otálora y Reyes Rodríguez.
En caso de que Morena obtenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y consiga una votación por mayoría calificada en la de Senadores, cambiará radicalmente el sistema político mexicano, de entrada, haciendo una transformación radical del Poder Judicial, en un experimento cuyo desenlace es incierto.
Pero, eso no es todo.
Si a la reforma judicial le siguen otros cambios como la reforma político-electoral que se ha propuesto y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, por citar solamente las tres reformas que tendrían mayores repercusiones, tal vez llegaríamos al 2025 con las bases de otro sistema político diferente al que hoy tenemos.
Recuerde usted que la reforma político electoral implica la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como la desaparición de la representación proporcional en el Congreso, lo que nos ubicaría en un esquema parecido al que teníamos a principios de los años 60, antes de que se establecieran los “diputados de partido”.
Si el INE y el TEPJF no calibran la gravedad de las consecuencias de la decisión que tomarán y evitan esa secuencia de acontecimientos que seguiría a su decisión, la única opción será la prudencia, mesura y fuerza que pueda tener la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues podría concentrar un poder que no se había depositado en una sola persona desde la década de los 70 del siglo pasado.
Prudencia, para saber que un cambio institucional como el que traería la secuencia de reformas planteada puede generar un efecto sísmico en la economía del país, que tendría consecuencias que no podemos calibrar adecuadamente, pero que podrían ser muy negativas.
Mesura, para saber que a pesar de haber recibido más del 60 por ciento de los votos, lo que le da una autoridad sin precedente, requiere usar esa legitimidad con el mayor cuidado para no aplastar a las minorías.
Fuerza, para saber que ella será la presidenta de la República a partir del 1 de octubre, y que ese mandato en México es unipersonal.
Podrá admirar y respetar a su predecesor, pero a partir de esa fecha, López Obrador será un simple ciudadano y ella será la que cargue sobre sus hombros con la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Son solo 61 días los que restan de este gobierno, pero en ellos puede sembrarse un cambio radical para el país, que permanezca por mucho tiempo.
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