Las mentiras del Poder Judicial​

El asunto de la reforma al Poder Judicial federal mexicano, parece ser que ya está bastante  discutido y, además, que los argumentos del presidente han permeado favorablemente en  la sociedad. Sin duda, en estos momentos, esa percepción es buena pues el verdadero  pueblo esta jugando un papel relevante. Es notorio que la sociedad tiene la certeza de que  la actual estructura judicial ya no tiene remedio pues la considera corrupta y que no está a su servicio. No obstante, pareciera que los representantes de este poder ni han entendido  la molestia del pueblo ni han aceptado su decisión del 2 de junio. Por eso han estado  vociferando muchas cosas que, para ellos y sus patrocinadores, supuestamente son razones  válidas. De hecho, las razones de ellos son bastante evidentes sobre sus fines, con mucho  de cinismo y válidas únicamente para que las elites conserven sus privilegios. Ni siquiera  han sido cuidadosos en eso.

Como sabemos, el presidente ha enviado una iniciativa al Poder Legislativo federal en donde  se plantea la necesidad de reformar la estructura del Poder Judicial. Se busca juzgadores  honestos, electos por las mayorías y que no traicionen al pueblo. Pero vamos a analizar  algunos de los argumentos que la oposición ha esgrimido cuando se opone a la reforma al  Poder Judicial.

Como bien se sabe, después del 2018, la oposición ha usado a sus representantes, sobre  todo, priistas, perredistas y panistas, para oponerse a cualquier reforma que provenga del  Poder Ejecutivo, sobre todo, en lo que se refiere a modificar la constitución. Por eso se hizo necesario impulsar el Plan C. El objetivo se consiguió y las condiciones son favorables para  hacer las modificaciones necesarias al marco constitucional, todas a favor del pueblo

En el caso de la reforma al Poder Judicial, los ministros, magistrados y jueces, han alegado  hasta el hartazgo que de concretarse la reforma citada, quien va a sufrir es el pueblo porque,  según ellos, se corre el riesgo de que arriben nuevos funcionarios judiciales sin la  experiencia y la pericia suficiente para impartir justicia. Dicen ellos que se necesitan buenos  juzgadores, doctos en derecho, aunque no sean populares. Es decir, se consideran  insustituibles los actuales funcionarios judiciales. Lo que estos funcionarios no pueden  entender y menos aceptar, es que es el mismo pueblo quien ya se cansó de ellos. También  dicen que no son representantes de nadie, pero ¿No acaso es el pueblo quien les paga sus  sueldos y sus excesos? ¡Vaya soberbia la de ellos!

Es posible que la punta del iceberg apareció cuando este mismo poder se negó, sin ningún  argumento valido ante el pueblo, a acatar una ley salida del Poder Legislativo (Ley Federal  de Remuneraciones de los Servidores Públicos) en el 2022, en donde se estipulaba que  ningún servidor público debería de ganar mas que el presidente. Los altos funcionarios del  Poder Judicial se negaron a acatar esta disposición salida de otro poder. Ignorando, ellos,  que este otro poder es el que, de acuerdo a la Constitución que dicen defender, tiene las  atribuciones para elaborar las leyes que deben de acatar los otros dos poderes. Su acción se enmarcó evidentemente en lo ilegal pero no hubo ningún tribunal que los juzgara,  excepto el pueblo. Y eso se hizo el 2 de junio.

En los últimos años, a mi juicio, el Poder Judicial ha invadido la esfera del Poder Legislativo,  y en terreno de los hechos, sin tener atribuciones, han impedido la promulgación de leyes  a favor del pueblo. Su acción, sistemáticamente, ha favorecido a las elites. Y eso es lo que  no quieren o no pueden entender.

En este documento no analizaremos la corrupción en la resolución de asuntos de los  particulares. Solo analizaremos algunos casos que han sido del interés público; resoluciones  que han atropellado los derechos más elementales del pueblo y que, para lograrlo, los  funcionarios judiciales han sesgado la aplicación del derecho o han querido aplicar un  derecho que ha sido contrario a los intereses del conglomerado social.

Veamos un ejemplo de los tantos donde han sido inconsecuentes. En el 2013, se expide la  Ley General del Servicio Profesional Docente. En esta ley, se estipulaba que se iba a cesar a  todos los docentes que reprobaran un examen desfasado y descontextualizado. El agravio  a los docentes se completaba cuando se estipuló que los cesados perdían absolutamente  todos sus derechos frente al Estado. Es decir, quedaban en la más absoluta indefensión.  Veamos la incongruencia de los impartidores de justicia. En aquellos años, ante la  interposición de amparos por parte de muchos docentes, la Corte atrajo algunos de estos  recursos y, sin mucha revisión al fondo del asunto, resolvió todos en contra de los  trabajadores. En sus resoluciones se argumentó que por encima de los derechos laborales  de los docentes, estaba el interés superior de la niñez mexicana a recibir educación de  calidad. Su argumentación parecía que tenía lógica, sin embargo, no se tomó en cuenta, por ejemplo, que los exámenes no eran los idóneos para cada uno de los docente dentro  de la diversidad de actividades que realizaban, además, no se tocaba la excesiva corrupción  dentro del magisterio provocada por los sindicatos magisteriales donde los docentes eran  víctimas. Tampoco se analizó la total falta de capacitación profesional por parte de la SEP.  Aun así, se atrevieron a fallar en la forma en como fallaron.

Sin embargo, cuando los ministros de la Corte echaron para atrás la reforma energética  impulsada por el presidente AMLO, que solo buscaba darle autonomía energética a nuestro  país, no les importaron conceptos como la soberanía de nuestra nación o el beneficio del  pueblo. Fue evidente que favorecieron a empresas transnacionales que medraban con la  necesidad del pueblo y usaban a la CFE para apuntalar sus negocios. Ignoraron cosas como  que las empresas extranjeras querían poner de rodillas a nuestra nación. En una entrevista,  Norma Piña, actual presidenta de la Corte, dijo que hicieron lo que hicieron porque ella  pensó en favorecer la generación de energías limpias. ¡Qué argumento más ruin y banal el  de ella!

En una marcha reciente, organizada por trabajadores del Poder Judicial, una mujer muy  joven, exhibía una cartulina que decía: ¡somos la voz de la Constitución! ¡Que confesión más infamante la de esta mujer o la de aquellos que le dieron la cartulina! ¿Que acaso no sabrán estos funcionarios que varias cosas que contiene nuestra Constitución, precisamente, están ahí porque se las pusieron los grupos de poder para poder decir que lo que han hecho, medrar y saquear al pueblo, es porque la ley se los  permite? ¿Sabrán que defender a secas a la Constitución es defender los intereses de las  elites, escritos ahí?

La reforma a la constitución, por ejemplo, en tiempos de Salinas, permitió a este presidente  impulsar el REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. En estas  disposiciones legales, los neoliberales se apoyaron para vender, transferir, apoderarse o  desaparecer cientos de empresas que eran propiedad de todos los mexicanos. Exactamente  cosas como esas es lo que ya no se quiere que exista en estos momentos. Es urgente  modificar la constitución para que finalmente esta ley máxima esté al servicio de los  mexicanos y que sea esta ley la que salvaguarde la soberanía y los recursos de todos los que  vivimos en este territorio.

Así que si los miembros del Poder Judicial dicen que son la voz de la Constitución, entonces  están aceptando que, sin haberse modificado la ley máxima, ellos son la voz de las elites.  No podemos negar que fueron las mafias del poder las que modificaron la constitución a  su favor, tal y como ya se puso un ejemplo. Y los actuales funcionarios judiciales están dispuestos a defender esas modificaciones de los neoliberales.

Pero ahora que el pueblo ha tomado el poder, todos los funcionarios judiciales antipatriotas  se tienen que ir sin ningún tipo de objeción. Preferimos un funcionario judicial que aprenda  poco a poco pero que en sus resoluciones opte siempre por la justicia, libre de corrupción, a favor de las mayorías y no uno que diga que es experto. Ellos son expertos, si, pero para  traicionar al pueblo. La ecuación es muy simple: corruptos y antinacionalistas, aunque sean  expertos, deben de irse a la basura. Honestos y nacionalistas, si, aunque aprendan poco a  poco. Honestos, si, aunque a veces, incluso, usen el sentido común para impartir la más  perfecta justicia.

Mtro. Juan Durán Martínez Docente de escuela pública. Puebla, Puebla.

Correo: escribidoretica©gmail.com

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