El asunto de la reforma al Poder Judicial federal mexicano, parece ser que ya está bastante discutido y, además, que los argumentos del presidente han permeado favorablemente en la sociedad. Sin duda, en estos momentos, esa percepción es buena pues el verdadero pueblo esta jugando un papel relevante. Es notorio que la sociedad tiene la certeza de que la actual estructura judicial ya no tiene remedio pues la considera corrupta y que no está a su servicio. No obstante, pareciera que los representantes de este poder ni han entendido la molestia del pueblo ni han aceptado su decisión del 2 de junio. Por eso han estado vociferando muchas cosas que, para ellos y sus patrocinadores, supuestamente son razones válidas. De hecho, las razones de ellos son bastante evidentes sobre sus fines, con mucho de cinismo y válidas únicamente para que las elites conserven sus privilegios. Ni siquiera han sido cuidadosos en eso.
Como sabemos, el presidente ha enviado una iniciativa al Poder Legislativo federal en donde se plantea la necesidad de reformar la estructura del Poder Judicial. Se busca juzgadores honestos, electos por las mayorías y que no traicionen al pueblo. Pero vamos a analizar algunos de los argumentos que la oposición ha esgrimido cuando se opone a la reforma al Poder Judicial.
Como bien se sabe, después del 2018, la oposición ha usado a sus representantes, sobre todo, priistas, perredistas y panistas, para oponerse a cualquier reforma que provenga del Poder Ejecutivo, sobre todo, en lo que se refiere a modificar la constitución. Por eso se hizo necesario impulsar el Plan C. El objetivo se consiguió y las condiciones son favorables para hacer las modificaciones necesarias al marco constitucional, todas a favor del pueblo
En el caso de la reforma al Poder Judicial, los ministros, magistrados y jueces, han alegado hasta el hartazgo que de concretarse la reforma citada, quien va a sufrir es el pueblo porque, según ellos, se corre el riesgo de que arriben nuevos funcionarios judiciales sin la experiencia y la pericia suficiente para impartir justicia. Dicen ellos que se necesitan buenos juzgadores, doctos en derecho, aunque no sean populares. Es decir, se consideran insustituibles los actuales funcionarios judiciales. Lo que estos funcionarios no pueden entender y menos aceptar, es que es el mismo pueblo quien ya se cansó de ellos. También dicen que no son representantes de nadie, pero ¿No acaso es el pueblo quien les paga sus sueldos y sus excesos? ¡Vaya soberbia la de ellos!
Es posible que la punta del iceberg apareció cuando este mismo poder se negó, sin ningún argumento valido ante el pueblo, a acatar una ley salida del Poder Legislativo (Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos) en el 2022, en donde se estipulaba que ningún servidor público debería de ganar mas que el presidente. Los altos funcionarios del Poder Judicial se negaron a acatar esta disposición salida de otro poder. Ignorando, ellos, que este otro poder es el que, de acuerdo a la Constitución que dicen defender, tiene las atribuciones para elaborar las leyes que deben de acatar los otros dos poderes. Su acción se enmarcó evidentemente en lo ilegal pero no hubo ningún tribunal que los juzgara, excepto el pueblo. Y eso se hizo el 2 de junio.
En los últimos años, a mi juicio, el Poder Judicial ha invadido la esfera del Poder Legislativo, y en terreno de los hechos, sin tener atribuciones, han impedido la promulgación de leyes a favor del pueblo. Su acción, sistemáticamente, ha favorecido a las elites. Y eso es lo que no quieren o no pueden entender.
En este documento no analizaremos la corrupción en la resolución de asuntos de los particulares. Solo analizaremos algunos casos que han sido del interés público; resoluciones que han atropellado los derechos más elementales del pueblo y que, para lograrlo, los funcionarios judiciales han sesgado la aplicación del derecho o han querido aplicar un derecho que ha sido contrario a los intereses del conglomerado social.
Veamos un ejemplo de los tantos donde han sido inconsecuentes. En el 2013, se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. En esta ley, se estipulaba que se iba a cesar a todos los docentes que reprobaran un examen desfasado y descontextualizado. El agravio a los docentes se completaba cuando se estipuló que los cesados perdían absolutamente todos sus derechos frente al Estado. Es decir, quedaban en la más absoluta indefensión. Veamos la incongruencia de los impartidores de justicia. En aquellos años, ante la interposición de amparos por parte de muchos docentes, la Corte atrajo algunos de estos recursos y, sin mucha revisión al fondo del asunto, resolvió todos en contra de los trabajadores. En sus resoluciones se argumentó que por encima de los derechos laborales de los docentes, estaba el interés superior de la niñez mexicana a recibir educación de calidad. Su argumentación parecía que tenía lógica, sin embargo, no se tomó en cuenta, por ejemplo, que los exámenes no eran los idóneos para cada uno de los docente dentro de la diversidad de actividades que realizaban, además, no se tocaba la excesiva corrupción dentro del magisterio provocada por los sindicatos magisteriales donde los docentes eran víctimas. Tampoco se analizó la total falta de capacitación profesional por parte de la SEP. Aun así, se atrevieron a fallar en la forma en como fallaron.
Sin embargo, cuando los ministros de la Corte echaron para atrás la reforma energética impulsada por el presidente AMLO, que solo buscaba darle autonomía energética a nuestro país, no les importaron conceptos como la soberanía de nuestra nación o el beneficio del pueblo. Fue evidente que favorecieron a empresas transnacionales que medraban con la necesidad del pueblo y usaban a la CFE para apuntalar sus negocios. Ignoraron cosas como que las empresas extranjeras querían poner de rodillas a nuestra nación. En una entrevista, Norma Piña, actual presidenta de la Corte, dijo que hicieron lo que hicieron porque ella pensó en favorecer la generación de energías limpias. ¡Qué argumento más ruin y banal el de ella!
En una marcha reciente, organizada por trabajadores del Poder Judicial, una mujer muy joven, exhibía una cartulina que decía: ¡somos la voz de la Constitución! ¡Que confesión más infamante la de esta mujer o la de aquellos que le dieron la cartulina! ¿Que acaso no sabrán estos funcionarios que varias cosas que contiene nuestra Constitución, precisamente, están ahí porque se las pusieron los grupos de poder para poder decir que lo que han hecho, medrar y saquear al pueblo, es porque la ley se los permite? ¿Sabrán que defender a secas a la Constitución es defender los intereses de las elites, escritos ahí?
La reforma a la constitución, por ejemplo, en tiempos de Salinas, permitió a este presidente impulsar el REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. En estas disposiciones legales, los neoliberales se apoyaron para vender, transferir, apoderarse o desaparecer cientos de empresas que eran propiedad de todos los mexicanos. Exactamente cosas como esas es lo que ya no se quiere que exista en estos momentos. Es urgente modificar la constitución para que finalmente esta ley máxima esté al servicio de los mexicanos y que sea esta ley la que salvaguarde la soberanía y los recursos de todos los que vivimos en este territorio.
Así que si los miembros del Poder Judicial dicen que son la voz de la Constitución, entonces están aceptando que, sin haberse modificado la ley máxima, ellos son la voz de las elites. No podemos negar que fueron las mafias del poder las que modificaron la constitución a su favor, tal y como ya se puso un ejemplo. Y los actuales funcionarios judiciales están dispuestos a defender esas modificaciones de los neoliberales.
Pero ahora que el pueblo ha tomado el poder, todos los funcionarios judiciales antipatriotas se tienen que ir sin ningún tipo de objeción. Preferimos un funcionario judicial que aprenda poco a poco pero que en sus resoluciones opte siempre por la justicia, libre de corrupción, a favor de las mayorías y no uno que diga que es experto. Ellos son expertos, si, pero para traicionar al pueblo. La ecuación es muy simple: corruptos y antinacionalistas, aunque sean expertos, deben de irse a la basura. Honestos y nacionalistas, si, aunque aprendan poco a poco. Honestos, si, aunque a veces, incluso, usen el sentido común para impartir la más perfecta justicia.
Mtro. Juan Durán Martínez Docente de escuela pública. Puebla, Puebla.
Correo: escribidoretica©gmail.com
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