Dijo la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, que “no se conoce la propuesta”, la iniciativa para reformar el Poder Judicial en México. Dijo también que se discutirá con expertos antes de su aprobación planeada para septiembre.
Es justo decir eso. No tengo datos, pero tampoco dudas: casi nadie conoce la iniciativa presidencial que pretende cambiar la impartición de justicia en México. Sin ser abogado, tengo una duda legítima: ¿alguien cree que la ley se aplique honestamente en México?
Yo no. Es más, no sé si pueda decirse eso de algún país.
La discusión del tema tiene nerviosos a muchos extranjeros, como lo expuse aquí el lunes.
Bien haremos los mexicanos en revisar el contexto desde nuestra condición de ciudadanos: México aparece en el lugar 116 del ranking de Estado de derecho del World Justice Project, junto a Angola y Turquía. En el de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, el 126; comparte escaños con Togo, Kenia y El Salvador. Vaya, como que algo sí anda mal.
¿Falla mucho el sistema actual de selección de jueces? Es muy probable. ¿Necesitamos una reforma al sistema? No hay duda. ¿Cuál reforma? Hay que partir del diagnóstico y éste es el del presidente Andrés Manuel López Obrador:
“El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco”, dijo desde el 12 de febrero en una mañanera en la que promovió su reforma al Poder Judicial. ¿Sin menoscabo de los muchos jueces derechos y valientes, quién puede desmentir con bases que pesan mucho los billetes y los nombres de ciertos abogados que a veces llegan a senador?
Y así siguió el mandatario ese día invernal: “Sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar”. Tampoco hay mucho que discutir, salvo por lo que provoca más controversia: “eligiendo jueces, que el pueblo elija”. ¿Saben en qué país sus ciudadanos seleccionan jueces vía elecciones populares? En la mitad de Estados Unidos.
¿Y cómo propone AMLO que se elijan en México? En esencia, así:
Los ministros de la Suprema Corte y magistrados de alto rango participarían en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas: 10 del Ejecutivo que controlará Claudia Sheinbaum; 10 del Legislativo, en donde Morena tiene mayoría, y 10 del Poder Judicial vigente.
Luego están mil 633 magistrados y jueces de Distrito a definirse en elecciones ordinarias a partir de seis candidaturas paritarias por cargo, dos por cada Poder de la Unión, va de nuevo: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dos, dos y dos.
¿Quién organiza la elección? El ‘Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)’ ¿Qué es eso? Un organismo diseñado por el equipo de AMLO que sustituiría al Instituto Nacional Electoral, el INE ciudadano que con sus aciertos y fallas conocemos todos.
Para ello, claro, antes debe aprobarse la reforma constitucional que elimine al INE.
¿Quién verificaría que los candidatos sean licenciados en Derecho y tengan experiencia? Los senadores.
La competencia por cada cargo duraría 60 días. No se permitirá el financiamiento público o privado; los postores tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir propuestas y podrán participar en foros de debate; los partidos políticos no tienen vela en el entierro y el Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverá impugnaciones y declarará resultados salvo cuando se trate de sus propios integrantes; ahí, la resolución corresponderá a la Suprema Corte.
Hasta ahí es la versión de la propuesta de AMLO, tal cual. ¿Es buena o es mala? Hagan grupos de tres y discutan. Es definitivamente disruptiva y eso obviamente genera fricciones.
Hay algo que llama la atención, en cualquier caso. Su nivel de disrupción sometió al peso a un castigo que lo llevó a un tipo de cambio frente al dólar de 18.57 pesos, hasta este martes.
Es un brinco frente al mes pasado, pero es el nivel que tenía al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Mucho ha tenido que ver la actitud de la futura presidenta Claudia Sheinbaum para evitar el pánico.
Dijo la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, que “no se conoce la propuesta”, la iniciativa para reformar el Poder Judicial en México. Dijo también que se discutirá con expertos antes de su aprobación planeada para septiembre.
Es justo decir eso. No tengo datos, pero tampoco dudas: casi nadie conoce la iniciativa presidencial que pretende cambiar la impartición de justicia en México. Sin ser abogado, tengo una duda legítima: ¿alguien cree que la ley se aplique honestamente en México?
Yo no. Es más, no sé si pueda decirse eso de algún país.
La discusión del tema tiene nerviosos a muchos extranjeros, como lo expuse aquí el lunes.
Bien haremos los mexicanos en revisar el contexto desde nuestra condición de ciudadanos: México aparece en el lugar 116 del ranking de Estado de derecho del World Justice Project, junto a Angola y Turquía. En el de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, el 126; comparte escaños con Togo, Kenia y El Salvador. Vaya, como que algo sí anda mal.
¿Falla mucho el sistema actual de selección de jueces? Es muy probable. ¿Necesitamos una reforma al sistema? No hay duda. ¿Cuál reforma? Hay que partir del diagnóstico y éste es el del presidente Andrés Manuel López Obrador:
“El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco”, dijo desde el 12 de febrero en una mañanera en la que promovió su reforma al Poder Judicial. ¿Sin menoscabo de los muchos jueces derechos y valientes, quién puede desmentir con bases que pesan mucho los billetes y los nombres de ciertos abogados que a veces llegan a senador?
Y así siguió el mandatario ese día invernal: “Sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar”. Tampoco hay mucho que discutir, salvo por lo que provoca más controversia: “eligiendo jueces, que el pueblo elija”. ¿Saben en qué país sus ciudadanos seleccionan jueces vía elecciones populares? En la mitad de Estados Unidos.
¿Y cómo propone AMLO que se elijan en México? En esencia, así:
Los ministros de la Suprema Corte y magistrados de alto rango participarían en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas: 10 del Ejecutivo que controlará Claudia Sheinbaum; 10 del Legislativo, en donde Morena tiene mayoría, y 10 del Poder Judicial vigente.
Luego están mil 633 magistrados y jueces de Distrito a definirse en elecciones ordinarias a partir de seis candidaturas paritarias por cargo, dos por cada Poder de la Unión, va de nuevo: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dos, dos y dos.
¿Quién organiza la elección? El ‘Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)’ ¿Qué es eso? Un organismo diseñado por el equipo de AMLO que sustituiría al Instituto Nacional Electoral, el INE ciudadano que con sus aciertos y fallas conocemos todos.
Para ello, claro, antes debe aprobarse la reforma constitucional que elimine al INE.
¿Quién verificaría que los candidatos sean licenciados en Derecho y tengan experiencia? Los senadores.
La competencia por cada cargo duraría 60 días. No se permitirá el financiamiento público o privado; los postores tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir propuestas y podrán participar en foros de debate; los partidos políticos no tienen vela en el entierro y el Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverá impugnaciones y declarará resultados salvo cuando se trate de sus propios integrantes; ahí, la resolución corresponderá a la Suprema Corte.
Hasta ahí es la versión de la propuesta de AMLO, tal cual. ¿Es buena o es mala? Hagan grupos de tres y discutan. Es definitivamente disruptiva y eso obviamente genera fricciones.
Hay algo que llama la atención, en cualquier caso. Su nivel de disrupción sometió al peso a un castigo que lo llevó a un tipo de cambio frente al dólar de 18.57 pesos, hasta este martes.
Es un brinco frente al mes pasado, pero es el nivel que tenía al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Mucho ha tenido que ver la actitud de la futura presidenta Claudia Sheinbaum para evitar el pánico.
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