Fitch Ratings señaló que las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito inversor y el entorno empresarial de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y la calidad del sistema judicial.
Sin embargo, indicó, las empresas mexicanas mostrarán resiliencia en medio de la incertidumbre planteada por las recientes elecciones, y es probable que las métricas crediticias se mantengan dentro de las expectativas de calificación.
Destacó que los resultados de las elecciones de junio pasado mostraron una amplia continuidad política y solidifican el amplio apoyo político al Morena.
“Los resultados sugieren que Morena, junto con sus aliados, puede obtener suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales. La coalición de Morena logró una supermayoría en la Cámara de Diputados, pero se quedó corta por dos escaños de los 86 necesarios para una supermayoría en el Senado”, indicó.
Comentó que las reformas, que probablemente se aprobarán en septiembre, presumiblemente tienen como objetivo mejorar la equidad y la eficiencia del proceso judicial y eliminar la corrupción percibida en los tribunales.
La reforma judicial propuesta más significativa reemplazaría la selección presidencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces de distrito locales por la elección mediante voto popular.
Sin embargo, las modificaciones al método de selección de los jueces han generado preocupación entre los inversionistas sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre autoridades gubernamentales y empresas.
Además, la creciente influencia de Morena podría desplazar el equilibrio de poder entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado hacia el presidente, permitiendo un posible debilitamiento de los controles y contrapesos.
“Creemos que estas reformas en general afectarían negativamente el perfil institucional de México, pero es demasiado pronto para evaluar la gravedad potencial antes de su aprobación e implementación. La gobernabilidad de México ya es relativamente débil, con el puntaje del Indicador Mundial de Gobernanza del Banco Mundial en el percentil 32, que está muy por debajo de la mediana ‘BBB’ del percentil 58″, señaló.
Un deterioro material del actual marco judicial o un debilitamiento de los controles y equilibrios gubernamentales podrían moderar el apetito de la inversión nacional y extranjera si el entorno regulatorio y el marco legal se consideran inciertos.
Esto puede afectar las oportunidades de nearshoring que acercan la manufactura al mercado final estadounidense, particularmente para sectores con exposición a la manufactura, industrias orientadas a la exportación y bienes raíces industriales.
En tal escenario, las empresas mexicanas enfrentarían un entorno operativo de menor crecimiento económico (aunque esto es más pesimista que nuestra base actual) debido a una disminución en la actividad empresarial y la creación de empleo que podría afectar negativamente métricas clave de desempeño financiero, incluido el crecimiento y la rentabilidad. .
“Además, prevemos que los participantes del sector privado estarán más preocupados si se aprueba el poder judicial, ya que podría favorecer a las empresas estatales sobre las privadas. Las decisiones de la SCJN han jugado un papel clave en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales o agencias tributarias, como fue el caso cuando la SCJN otorgó protección a las empresas contra las reformas constitucionales en el sector eléctrico o emitió un amparo para evitar el pago de impuestos exigidos por las autoridades mexicanas”, concluyó.
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