El paradigma de la no reelección se constituyó en una consigna que, curiosamente, fue detonada por Porfirio Díaz después de su reiterada y fallida experiencia de lucha por la presidencia de la república a través de las elecciones, y convencido que prácticamente era imposible obtener el triunfo cuando el adversario era el propio presidente, en búsqueda de su reelección; pues en tales casos éste podía accionar facultades extraordinarias y diversas medidas para perfilar su inevitable victoria.
Así, el Plan de Tuxtepec de 1876 fue la proclama que entonces postuló el oaxaqueño para hacer sucumbir la reelección de Lerdo de Tejada, solo que ahora su combate se encaminaría por la vía armada para deponerlo, y sólo después realizar los comicios que permitirían su arribo al poder en 1877.
El hecho que interesa destacar es que la premisa no reeleccionista tuvo, en su origen, una connotación de control hacia el poder presidencial, en tanto impedir convertir a las elecciones en mero procedimiento legitimador de un resultado que planteaba un triunfo previamente delineado.
Se puede decir que ahí se encuentra el primer antecedente para buscar abatir el desequilibrio que genera la intervención presidencial en las elecciones, y que sigue ocupando a nuestra legislación electoral, a pesar de que las medidas para evitarlo son magras y topan para ejercer controles efectivos sobre el gobierno, como quedó de manifiesto en los recientes comicios federales de este año 2024.
En fugaz apego a ese precepto anti reeleccionista, Díaz rechazó su nueva postulación en 1880 ante lo cual arribó a la presidencia Manuel González; pero, como sabemos de sobra, después repudió esa limitación para reiterarse en el poder hasta que fue depuesto por la revolución que estalló en 1910. Se asume que fue José Vasconcelos quien como parte del equipo maderista acuñó la frase de “Sufragio Efectivo No Reelección”, que destaca por ser una expresión que acompaña e inicia con un sentido democrático para después tomar la connotación prohibicionista que la identifica en la dirección de conjurar el mero simulacro de hacer reelecciones con adversarios previamente destinados a la derrota.
El destinatario principal de la no reelección absoluta fue el presidente en funciones, pero después se encontró que diputados y senadores deberían incorporarse, aunque el impedimento se matizara para impedir que se diera de manera inmediata o sucesiva y fuera posible realizarlo de forma espaciada o intermediada (1933). La medida fue operativa en la lógica del presidencialismo, pues así se moderaron las presiones de continuidad en los cargos legislativos de personas o grupos que pretendieran atemperar o condicionar el margen de libertad en las decisiones del poder ejecutivo.
Otro tanto sucedió con el partido en el gobierno, el PNR, después el PRM y más adelante con el PRI; en ellos fue posible que personas que hubieran ocupado la presidencia partidista pudieran repetir en el cargo, no de forma sucesiva; tal hecho ocurrió en diversas ocasiones, pero el espíritu pareció vincularse a que se diera en la égida de las decisiones presidenciales. Por tanto, para seguir la ruta del impulso al presidencialismo exacerbado.
Así, la no reelección sucesiva en el PRI tuvo también un importante papel en el despliegue del presidencialismo mexicano e implicó una especie de pacto para asimilar las decisiones que se hubiesen tomado por el gobierno, y sólo realizar su crítica cuando ésta emanaba del propio gobierno hacia sus antecesores.
El problema de esa ecuación es que convirtió al PRI en responsable de decisiones que no necesariamente tomó como organización o institución, pero que sí se vio obligado a internalizar, sin réplica, lo que explica buena parte de la mala fama del PRI respecto de los contenidos negativos con los que se le asocia, pues no ha estado habilitado para deslindarse de ellos.
Una metáfora es que el PRI se convierte en la bodega que alberga los asuntos más repudiados por la sociedad, los actos de corrupción, de gran enriquecimiento, de abuso, de represión, de violencia, cometidos por políticos y funcionarios con nombre y apellido, que caminan con frescura y sin mortificación, ante el hecho de que es el PRI quien carga con la responsabilidad ética de tales actos; algunos de ellos han generado multas que se sufragan con la afectación de participaciones que recibe el instituto, lo que conduce a que sean los priistas quienes pagan las facturas ante la merma que tienen los recursos destinados a financiar y sostener las actividades de su estructura y organismos; también asume el organismo el pasivo del inmenso peso muerto que emana del desprestigio que así almacena.
Ahora que se plantea la reelección inmediata de la dirigencia del PRI, se vulnera el viejo pacto de sucesión o de secrecía que se tuvo; eso explica la visibilidad sobre los asuntos que están en la bodega, algunos más o menos conocidos, otros no tanto. En la contraparte, es de esperarse que gane la apertura de la información, el juicio que se pueda hacer sobre ello y, sobre todo, la aspiración de que se deslinde el PRI de asuntos que lo involucran por el sigilo guardado; temas que se vio precisado a asimilar por las viejas reglas, pero de los que como institución fue ajeno y de los que existen responsables.
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