No se antoja probable que exista algún impedimento para que AMLO y los oficialistas consoliden su ansiado proyecto de reformar el Poder Judicial. Si bien no ganaron más que el 56 por ciento del Congreso en las urnas, seguramente la interpretación del Tribunal hará favorable la obtención de las dos terceras parte de la Cámara de Diputados, y estarán a muy poco de hacer lo propio en el Senado.
La reforma al Poder Judicial va, desafortunadamente. Y sí que quisiera poner el acento en el infortunio de que Claudia Sheinbaum y el partido oficial se empecinen en seguir un rumbo que no conducirá al mejoramiento de la administración de la justicia en México.
Si bien toda la reforma está plagada de inconsistencias y de elementos que distan de estar basados en la evidencia, el punto más controversial es el relacionado con la selección de los jueces y ministros por sufragio universal.
El primer lugar, como ha sido bien señalado, la legitimidad del Poder Judicial no deriva de la “popularidad” de los integrantes, ni que ellos sean “conocidos” por el pueblo, sino en su probidad en el conocimientos de la ley, su experiencia y sus competencias personales.
¿Por qué un juez votado popularmente estaría mejor capacitado que otro que no obtuvo la victoria en las urnas? Es una pregunta sin respuesta. No la hay pues no existe un solo elemento que apunte a que un magistrado votado en las urnas sería un mejor miembro del Poder Judicial.
Otro elemento gravísimo es la probable intervención del crimen organizado. En este contexto no resulta sorprendente para nadie que los cárteles de la droga dominen una tercera parte del territorio. ¿No pensará el lector que los delincuentes harán lo suyo para que resulten electos los jueces que han sido manipulados o qué más dispuestos están a doblegarse frente al reino del crimen?
Otra crisis en la impartición de justicia podría derivarse de que los jueces y ministros no cuenten con la experiencia y la idoneidad para el cargo. Apenas ayer AMLO aseguró en la mañanera que la experiencia no era necesaria para el ejercicio de un cargo mayor en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura. Es un despropósito.
La reforma al Poder Judicial se presenta como la mayor amenaza al sistema de contrapesos del Estado mexicano y a la convivencia de los poderes de la Unión. No solamente contraviene los principios fundamentales de una democracia liberal, sino que promueve una mayor penetración del crimen en la vida pública y la ausencia de criterios objetivos para la carrera judicial.
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