Si Javier López Zavala fuese un verbo que tuviéramos que conjugar, podríamos hacerlo nombrándole como “el que agredió en lo doméstico y se constituyó deudor alimentario” en su pretérito; “feminicida e indiciado” en su presente; “culpable, político que se creyó intocable, asesino que logró mutilar a las mariposas” en un futuro compuesto.
Sin honores posibles, fue inaugurada la nueva “Sala de Secretarios” en Casa Aguayo, por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que le ha ahorrado el disgusto de tener que cargar con tamaño descrédito a Alejandro Armenta, gobernador electo por Morena, quien le juró lealtad a Javier López Zavala, laureado en esta nueva sala, mientras eran compañeros durante la peor versión del PRI en Puebla, bajo el gobierno de Mario Marín (donde ambos fueron serviles al entonces “gober precioso”) y su red de trata amparada con el compadrazgo empresarial de Succar Kuri y Kamel Nacif, financiada por las peores versiones de un “Bonso” cualquiera sacado de la novela de “Milena” escrita por Jorge Zepeda Patterson.
El viernes fuimos testigos de la inauguración de un muro de la vergüenza manchado por uno de los tantos que se han revestido de poder para someter a las mujeres. El gobernador Sergio Salomón de inmediato respondió ante las críticas que la iniciativa no fue pensada para “ensalzar a nadie” y que tampoco es posible cambiar la historia para borrar a los malos funcionarios que ha tenido Puebla. Sin embargo, para las víctimas solamente hay olvido y maltrato desde las instituciones, entre una Fiscalía que ha sido omisa y un Poder Judicial incapaz de brindar justicia pronta y expedita.
No hay un muro para Lydia Cacho ni una pared que cuente la historia de Cecilia Monzón. Tampoco hay un muro que dé cuenta para la historia de los crímenes cometidos por el “Marinazgo”. Esas historias tampoco pueden ser borradas. Por el contrario, el muro de la vergüenza poblano demuestra el triunfo del pacto patriarcal y de la impunidad. Reafirma ese vínculo de admiración y reconocimiento entre los hombres que se ensalza en medio de los abusos y el miedo. Ese que se jacta de las relaciones para lograr que nada pase.
De los 23 rostros de los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, al menos dos son priistas encarcelados: Mario Marín Torres y Javier López Zavala. Sus retratos no tienen ningún distintivo que brinde memoria a las víctimas, ni tampoco alguna inscripción sobre todo lo que nunca debe hacerse desde el poder. Las quejas han sido periféricas. La mitad de las mujeres feministas poblanas han guardado silencio.
Ha sido la lucha de Helena Monzón, hermana y abogada de Cecilia Monzón, así como de un grupo de valientes que atiende a la lucha de las mujeres y no a los cargos gubernamentales, quienes han levantado la voz para acusar la burla que implica el hecho de que a dos años del crimen que arrebató la vida de Cecilia, López Zavala sea protegido y reconocido.
El insulto trasciende a la familia Monzón. Hiere a las poblanas, calla a las mexicanas, envía el doloroso mensaje de que los deudores alimentarios, feminicidas, funcionarios vinculados a sicarios son honorables y llegan a esos espacios, manteniendo su “legado” intacto hasta después de los peores crímenes.
Crímenes que fueron tan documentados y cometidos en una era de presión social que impidió el silencio. Solamente la clase política sabrá cuantos más honorables secretarios son criminales completos.
Mario Marín Torres logró ser gobernador de Puebla, a lo que aspiraban los compadres López Zavala y Armenta. Recordemos que detenido el 3 de febrero de 2021 por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, ocurrido a finales de 2005. Ni la nueva transformación le dio justicia a la valiente periodista que continúa exiliada. Aunque las autoridades afirmaron que Marín era buscado en 190 países, su detención se logró mediante un trabajo de localización en Acapulco, donde presuntamente se alojaba en casa de su hermana. Marín estuvo brevemente prófugo de la justicia, al igual que el empresario textilero Kamel Nacif y el exjefe policiaco Adolfo Karam, perseguidos por los mismos delitos.
En 2005, la periodista Lydia Cacho publicó “Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía”, una investigación que reveló la complicidad de políticos y empresarios con Jean Succar Kuri, líder de una red de pederastia y pornografía infantil. El muro de la vergüenza también humilla y destroza a decenas de niñas y niños que ahora han crecido tras el sometimiento al que fueron sometidos.
El 16 de diciembre de 2005, mientras estaba en Cancún, Quintana Roo, Cacho fue detenida por tres policías judiciales. Nadie la volvió a ver hasta 20 horas después en Puebla, tras un viaje de 1,742 kilómetros en el que fue torturada continuamente por los agentes. A su llegada a la capital, fue informada de que la detención se debía a una denuncia de difamación y calumnia presentada por Nacif Borge, “El Rey de la Mezclilla”, a quien la periodista había vinculado con Succar Kuri. Lydia Cacho fue liberada al día siguiente tras pagar una fianza de 6,000 dólares.
Vaya legado, de vergüenzas. Ojalá sepan las mujeres que eso no es Puebla ni México, sino un puñado de patriarcas que, ante su extinción, decidieron consolarse colgando los rostros cómplices de criminales con cargo que mancharon la función pública a su paso. Que destrozaron vidas. Que son aquello a lo que nadie nunca debería aspirar jamás.
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