Secretario de seguridad y protección ciudadana Omar García Harfuch, esperado y acertado​

Dicho con el debido respeto, a diferencia de Alfonso Durazo, Ricardo Mejía Verdeja y Rosa Icela Rodríguez, el caso de Omar García Harfuch es el de un profesional de la inteligencia y la seguridad, de la operación de estados de fuerza detrás de objetivos prestablecidos y con estrategias pre diseñadas al efecto. Polémico en sus orígenes policiacos y por sus antecedentes familiares, que son ideales para la grilla barata. Y debemos calificar así decenas de dichos y afirmaciones sobre su persona y trayectoria, puesto que no hay denuncias en curso debidamente formalizadas con cargos específicos. Es fundamental despolitizar en el bajo nivel y mucho más des-grillar en la diatriba y la calumnia facilona, la inteligencia de Estado y la seguridad en el combate a la criminalidad organizada, tema de alta prioridad nacional que no admite la banalidad.

Omar García Harfuch se ha abierto un sólido camino en las confianzas de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en sus primeras entrevistas ya como virtual secretario de seguridad y protección ciudadana del próximo gobierno federal, percibo claramente dos importantes fortalezas: sensibilidad ante las insuficiencias y pendientes actuales, y visión estratégica sobre su futura y compleja tarea nacional.

Su primer planteamiento propositivo, por ejemplo, en una entrevista que le hace Ciro Gómez Leyva, quien le agradece en vivo la eficiencia con que él y su equipo de investigadores y policías atacaron y resolvieron en tiempo récord su intento de secuestro, fue la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia (SIN) que hemos propuesto distintos estudiosos del tema, y que él recoge en primer lugar, cuando quienes le precedieron nunca valoraron la enorme ventaja que da la integración de los servicios especializados de inteligencia dentro de un sistema coordinado de productos de alto valor agregado para la acción, táctica, estratégica y para la contrainteligencia. Este sistema está presente en los principales países del subcontinente latinoamericano desde más de una década, y funciona.

En México se han menospreciado estas herramientas de eficacia en el trabajo de la inteligencia de Estado. Pemex tiene su propia dirección de inteligencia, aisladamente, tenemos claro todo lo que allí ha sucedido: la captura de la empresa más rentable de petróleo en América Latina por el crimen transnacional organizado, que, aunado a las mafias de cuello blanco interno-externas, casi destruyeron por completo una inmensa riqueza de los mexicanos, al influjo de la corrupción de Estado y del capitalismo de compadres malhechores y sinvergüenzas. Estas guerras tan complejas es imposible ganarlas solos. Y durante este sexenio a nadie le importó nada la necesidad de integrar esta inteligencia energética a los flujos de información de la inteligencia militar, policial y civil y reforzar este trabajo calificado que permite anticipación y ventaja operativa sobre la criminalidad organizada.

El licenciado Omar García Harfuch también habla ya de reforzar el CNI, que demanda cirugía, bajo dos criterios fundamentales: el principio de eficiencia operativa con una estructura sometida a ingeniería administrativa, operativa y jerárquica, conforme han evolucionado los modelos de organización y operación de los negocios y actividades del delito transnacional, pero también, mediante una limpia interna que se pospuso indefinidamente en este sexenio y se pagó caro; no olvidamos que dentro del propio CNI se produjo un robo de unidades vehiculares y equipos de video grabación en forma reiterada, algo inaudito en un servicio de inteligencia de Estado. (El Sol de México, mayo de 2022)

Reforzar todos los protocolos de investigación, emitir una nueva Ley de Inteligencia Nacional (hoy existen dispersos centros de escuchas y plataforma tecnológicas de recolección de datos en manos privadas y de mafias criminales). En Argentina, por ejemplo, es un delito grave hacer trabajo de inteligencia que sólo corresponde al Estado, y en México se ha espiado hasta al Fiscal General de la República.

Necesitamos otra ley de seguridad nacional actualizada, que incluya un apartado sobre ciberseguridad o una ley distinta sobre ella. Igualmente, un proceso gradual de homologación sobre la estructura y funcionamiento de las secretarías de seguridad y protección ciudadana, bajo una ley que establezca sus parámetros organizativos y operativos federales. En unos casos hay consejos ciudadanos, en otros, son las fiscalías del estado las que comandan la política de seguridad, en otras más los directivos no son civiles sino militares, y así, existe dispersión y heterogeneidad que no coadyuva a la inmensa tarea y a los desafíos que ella contiene de devolver la seguridad a los mexicanos.

Es necesario también, modificar el estatuto legal (reglamento) de las operaciones encubiertas y entregas vigiladas, en forma equilibrada, sin una discrecionalidad completa, pero tampoco con restricciones que le quiten eficacia a este tipo de trabajo altamente útil y también arriesgado. Esto tiene que ver con el reforzamiento de los controles y supervisión del trabajo de inteligencia, incluyendo los recursos financieros, con las autorizaciones judiciales, en lo que sea posible y necesario, sin detrimento de la obligada secrecía de los procesos de recopilación de información y procesamiento, es decir, del ciclo de inteligencia.

Es fundamental también, instaurar un modelo normativo de regulación para las compras de plataformas tecnológicas y todo tipo de equipos de alta potencia tecnológica, dado que su costo en decenas de millones de dólares, genera incentivos perversos para promotores, representantes comerciales, compradores oficiales y vendedores fabricantes. Tiene que estar sólidamente reglamentado, con candados, como la supervisión de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Nación. Una auditoria de compra cuando rebase los 20 millones de pesos, por ejemplo.

El reclutamiento debe cambiar. El modelo de Centros de Control de Confianza, no sólo es obsoleto y disfuncional, sino corrompido: son mecanismos de intervención a modo de los funcionarios responsables en el ingreso y permanencia del personal, lo que les genera un amplio poder que no utilizan correcta y éticamente. Me consta. Además de que el uso del polígrafo es una herramienta de carácter invasivo prohibido, por ejemplo, en Europa en los mismos organismos no aplica. Se usa sólo con orden de juez en investigaciones criminales.

En cuestiones laborales es una aberración. Y tampoco sirve de nada, Genero García Luna y toda su pandilla de malhechores aprobaron varias veces esos exámenes de control de confianza en el antiguo CISEN. Efectivos no son, infalibles mucho menos En otros países se encarga a las mejores instituciones de educación superior esa tarea. Es un mito con perfil de hipocresía y manipulación ese examen. Mecanismo de descarte direccionado con fines político-administrativos.

La concepción de la seguridad pública debe ajustarse realmente a un paradigma de protección ciudadana, que incluye la participación de la ciudadanía en la propia generación de los términos de su seguridad, la participación comunitaria en la cercanía con la policía, actividades conjuntas, etc., en las áreas que es posible ello. No es lo mismo lo uno que lo otro. La protección y seguridad ciudadana es un concepto más avanzado respecto de la seguridad pública que fue el paradigma de la seguridad en el siglo XIX y principios del XX. Y entender a la seguridad y protección ciudadana como un sistema institucional, no como responsabilidad de los cuerpos policiales y de la eficiencia de su acción. Absurdo. Un sistema institucional que funciona como conjunto en donde cada parte sólo se explica por su rol en el conjunto y éste tiene sentido por la acción de cada uno de sus partes. O funciona el todo o no funcionan bien cada una de sus partes.

Y ello debe expresarse organizadamente en los modelos de funcionamiento y capacitación policial preventiva y de protección. Los modelos policiales son la expresión de los sistemas de seguridad y gobierno. Las semejanzas son muchas. No cabe la discrecionalidad sino el apego a criterios democráticos, constitucionales y de respeto a los derechos humanos.

Son distintos los tópicos pendientes. Los iremos abordando uno a uno en forma detallada para ilustrar a nuestros amables lectores.

    Leer más 


Descubre más desde Noticias al Momento

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario