La información y el análisis sobre la propuesta de reforma judicial del presidente Lopez Obrador son abundantes y jugosas. Entresaco algunos ingredientes que estimo relevantes.
Sin duda, hay consenso en torno al deber político de atender la voluntad popular, introducir cambios en la estructura del Poder Judicial federal y de las entidades federativas, y armonizar el modelo institucional que resulte con la demanda social de austeridad republicana y estado eficaz.
Estimo que debe quedar claro que el objetivo del Estado mexicano en este tema es no solo elevar la legitimidad social “de entrada” del Poder Judicial mediante la forma del nombramiento de ministros, magistrados o jueces, sino también la legitimidad en su desempeño e incluso en su salida.
En ese sentido, si los jueces ingresan al sistema judicial mediante elección popular, su independencia, imparcialidad y eficacia reales deben ser garantizadas a través de los instrumentos pertinentes.
Cabe subrayar que es verdad que definir la forma del nombramiento corresponde al margen de apreciación legislativa nacional frente a los compromisos y parámetros internacionales, en el entendido de que los derechos adquiridos por el funcionario judicial deben ser respetados y la justificación de la reforma debería aportar la evidencia racional y empírica de su sentido progresivo en favor de los derechos de los usuarios de la justicia, de todos y, en particular, de las personas y grupos mas desaventajados o en condición de vulnerabilidad.
En un país con tan altos niveles de violencia, delincuencia e impunidad, o bien, de operaciones fraudulentas, esa justificación parecería evidente, pero conviene desglosar sus puntos neurálgicos con datos duros, implicaciones y costos para evitar decisiones o rediseño deficientes.
Si el modelo mexicano de nombramiento de jueces gira hacia la modalidad de elección popular para ingresar al sistema, es prioritario asegurar garantías tales como la especialización, profesionalismo, salarios y retiro dignos de los impartidores de justicia.
Desde luego, relevar en poco tiempo a miles de juzgadores sería muy complejo, aunque impactante en la conciencia social, por lo que la propuesta de renovarlos gradualmente, al menos en los niveles medios e inferiores, luce atendible.
Entre los diversos elementos que se han puesto sobre la mesa hay tres que estimo sensibles.
Uno es que resolver o al menos mejorar el desempeño del sistema de justicia en beneficio social implica reordenar sus cuatro partes: prevención o seguridad, procuración o fiscalías, juzgamiento, y ejecución de penas o la prisión.
Sin una visión y operación de conjunto en esos temas la reforma al solo Poder Judicial federal será insuficiente.
Otro es que Mexico es un estado federal y es en los ámbitos locales en donde se originan y no se procesan debidamente, aunque jueguen su papel los poderes locales, el mayor número de asuntos que se judicializan y muchos otros que no ingresan al sistema institucional.
De allí que resulte interesante ponderar la opción no solo de reestructurar los sistemas de seguridad y justicia locales sino de ensayar con figuras tales como la mediación o el arbitraje en el nivel municipal y estatal.
Por último, estamos ante una gran oportunidad para construir y aplicar un esquema de corresponsabilidad, diálogo y coordinación intergubernamental e interinistitucional que articule una de las reformas mas ambiciosas de nuestra historia al sistema de justicia, quizás solo comparable con la que implementaron los liberales de la época de la Reforma o la Segunda Transformación Nacional, de la cual se ocupó el mimsmísimo Benito Juarez.
Ojalá que estemos a la altura de nuestro tiempo que se distingue por un intenso y extenso cambio de época.
La Cuarta Transformación, segun lo venimos advirtiendo, seguirá su curso. Confiamos en que será para bien.
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