La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene ante sí al menos dos posibles opciones para orientar la política económica de su administración, cuyos resultados son muy diferentes.
Una opción consistiría en organizar los esfuerzos gubernamentales con el objetivo principal de instaurar las condiciones para avanzar lo más posible en la prosperidad económica, definida en términos del ingreso por habitante. Este enfoque obedecería a una visión de largo plazo, similar al que, con experiencias diferentes, parece haber predominado en los países campeones del crecimiento económico en las décadas recientes, como los “tigres asiáticos”, Irlanda y Chile, por mencionar sólo algunos.
La perspectiva a favor del dinamismo económico, aplicada adecuadamente, podría generar una mejora continua en el bienestar medio de la población, oportunidades crecientes de movilidad social y una reducción prolongada de los índices de pobreza.
Además, con mayores niveles de ingreso del país, el gobierno podría financiar mejor sus funciones fundamentales, así como otras que considere necesarias para la cohesión social, como transferencias monetarias a los más necesitados. Sin crecimiento económico, el gobierno se encontraría muy limitado para extraer recursos de la sociedad y cumplir con sus compromisos.
Como en todo empeño humano, este enfoque no resolvería todos los problemas ni satisfaría las aspiraciones de todas las personas por igual, pero ofrecería una plataforma elevada para realizar adecuaciones.
Las experiencias internacionales confirman que no existen recetas únicas para la expansión económica significativa, por lo que convendría resistir la tentación de emular mecánicamente “modelos de desarrollo” de otras naciones. Los aspectos culturales y las circunstancias históricas de cada localidad podrían convertir esas réplicas en ejercicios decepcionantes.
Sin desconocer esta advertencia, algunos elementos comunes de los casos exitosos parecerían incluir un marco de “reglas del juego” atractivo para la inversión y la innovación, y un desarrollo “hacia afuera”, que propiciaría la incorporación y creación de nuevas tecnologías. La inversión en conocimiento y el cambio tecnológico permitirían incrementar el crecimiento potencial de la economía, requisito indispensable para acelerar el progreso material del país.
Una opción alternativa consistiría en organizar el quehacer público con el objetivo principal de redistribuir parte del ingreso agregado hacia grupos de interés. Este enfoque reflejaría una visión de corto plazo, que subordinaría los requerimientos de crecimiento económico sostenido a la satisfacción de los colectivos privilegiados, de forma similar a la observada en algunas economías de desempeño pobre, como Argentina.
Este enfoque tendría la ventaja de brindar popularidad al gobierno, con medidas como transferencias sociales y alzas salariales generosas, a costa de reducir los incentivos a la superación personal y el esfuerzo laboral, debilitar la movilidad social y hacer depender la reducción de la pobreza, en gran medida, del paternalismo gubernamental.
La desatención de las condiciones para el aumento de la productividad podría invitar al gobierno a dedicar recursos a obras improductivas. Las crecientes ayudas monetarias para sostener la popularidad política, así como el desperdicio fiscal colocarían a las finanzas públicas en una situación frágil, cuyos efectos podrían abarcar desde el descuido de las tareas básicas del gobierno hasta la inestabilidad financiera del país.
Es habitual que los gobiernos busquen aplicar programas “híbridos” con intereses en crecimiento y distribución. Sin embargo, en la práctica, uno de los dos enfoques tiene primacía. La descripción previa sugiere que la primera orientación produciría mejores resultados en ambos frentes de forma sostenible.
A juzgar por los recientes discursos y presentaciones de la virtual presidenta electa, es probable que la próxima administración vaya a estar regida por la orientación distributiva. Si bien se han incluido iniciativas nuevas, como las referidas a la transición hacia energías limpias y la digitalización de trámites administrativos, el programa de gobierno parecería buscar extender seis años más el sexenio que está por concluir.
La prolongación de la administración actual queda en evidencia en la continuación literal de los proyectos mascota y los programas sociales en marcha, así como la adopción de los planes aún no realizados. Asimismo, se extienden los apoyos a nuevos colectivos y se acrecientan las labores empresariales del gobierno.
Convendría que la virtual presidenta electa pensara “fuera de la caja”, advirtiera que la actual inercia distributiva es insostenible y diseñara un programa responsable, especialmente con las generaciones futuras, orientado primordialmente a la prosperidad económica.
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