En una jugada que sacudió el tablero político, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera frenó en seco el intento del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por obtener libertad anticipada.
El veredicto cayó como un portazo que retumba: no cumple los requisitos de ley, así que seguirá tras las rejas.
Duarte, quien ya suma más del 95% de su condena cumplida —una maratón penitenciaria que arrancó en 2017— intentaba adelantarse a la meta. Pero el pitch legal no cerró: la jueza determinó que aún existe un proceso penal pendiente por desaparición forzada, lo cual bloquea cualquier beneficio de preliberación. Aunque su defensa asegura que ese caso está sobreseído, la resolución no está firme… y en el juego jurídico, lo que no está cerrado, pesa.
A esto se sumó otro golpe al expediente: la falta de pruebas suficientes de que Duarte cumplió un plan de actividades educativas, culturales y deportivas dentro del penal, requisito clave para demostrar reinserción efectiva.
Sí, tuvo buena conducta —aunque con sanciones por ingresar objetos no permitidos—, pero no bastó.
La defensa, liderada por el abogado Pablo Campuzano, ya anunció que van a apelar. En su narrativa, Duarte no es autor ni partícipe directo del delito que se le menciona; pero la cancha judicial es dura y la jueza fue contundente: sin una resolución definitiva, no hay salida.
Con este fallo, el exgobernador tendrá que permanecer en prisión al menos hasta abril de 2026.
Un horizonte claro, pero no inmediato.
Mientras tanto, la decisión abre un nuevo capítulo en la eterna discusión sobre justicia, poder y responsabilidad pública. En un país hambriento de resultados, este caso vuelve a encender la conversación sobre cómo se mide la reinserción, cómo se evalúa la conducta y hasta qué punto la ley puede —o debe— flexibilizarse.
En este tablero político, Duarte se queda en jaque…
y la audiencia nacional sigue mirando la partida.
