El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alarmas este jueves: sancionó al Grupo Hysa y a diez casinos mexicanos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las empresas señaladas habrían blanqueado millones de dólares entre 2017 y 2024 mediante operaciones encubiertas en casas de apuesta ubicadas en Sinaloa, Baja California, Tabasco y Sonora. El esquema, según la investigación estadounidense, consistía en usar las fichas, apuestas y ganancias “simuladas” para disfrazar dinero ilícito como ingresos legales.
“Quienes ayudan a los cárteles a lavar dinero enfrentarán consecuencias, sin importar el país en el que operen”, advirtió el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson, en un comunicado que dejó claro el mensaje: Washington va en serio contra las redes financieras del narcotráfico.
Las sanciones incluyen el bloqueo total de bienes y cuentas dentro de territorio estadounidense, además de prohibir cualquier transacción comercial con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, en México, autoridades financieras bloquearon cuentas bancarias de al menos 13 establecimientos relacionados, en una operación coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fuentes cercanas al caso revelaron que el Grupo Hysa funcionaba como “empresa fachada”, utilizando varios giros legales —desde entretenimiento hasta apuestas en línea— para canalizar fondos de origen ilícito. El golpe se considera uno de los más duros contra la estructura económica del Cártel de Sinaloa en los últimos años.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la infiltración del crimen organizado en sectores aparentemente legales, como los casinos o las cadenas de entretenimiento. En palabras de un analista en seguridad consultado por El País: “El lavado de dinero ya no se esconde en paraísos fiscales, ahora se disfraza de diversión”.
Mientras tanto, el gobierno mexicano guarda cautela, pero fuentes extraoficiales aseguran que se investigarán las conexiones locales del Grupo Hysa con políticos y empresarios que habrían facilitado permisos de operación.
El impacto ya se siente en el sector: múltiples casas de apuesta han comenzado auditorías internas para evitar ser alcanzadas por la ola de sanciones. La señal es contundente: el dinero sucio ya no se lava con fichas de casino.
